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La
enorme concentración de la riqueza (tanto de la renta
como de la propiedad) que ha ocurrido en la mayoría de
países de la OCDE (incluida España) ha generado un
debate en muchos de aquellos países que no ha aparecido
en los mayores medios de difusión españoles. El tema que
sí que ha aparecido mucho en nuestros medios ha sido la
supuesta insostenibilidad del futuro de las pensiones,
que ha originado la propuesta del Gobierno español de
retrasar la edad de jubilación. Pero de concentración de
las rentas y de cómo esta concentración está afectando
al futuro de las pensiones no se ha escrito nada en los
cinco rotativos de mayor difusión del país. Repito,
nada.
No así en EEUU. En aquel país ha existido un debate muy
intenso en varios diarios, incluido The New York Times.
En EEUU, como también en España, las fuerzas
conservadoras y liberales están subrayando que la
transición demográfica hace inviable el futuro de las
pensiones, a no ser que se retrase la edad de
jubilación. Muchas de estas fuerzas están incluso
proponiendo que la edad obligatoria de jubilación se
retrase a los 70 años.
Las izquierdas, sin embargo, no están aceptando tal
argumento y propuesta. Y están centrando su atención en
la escandalosa concentración de las rentas que se ha ido
produciendo en aquel país durante los últimos 30 años,
consecuencia de las políticas neoliberales iniciadas por
el presidente Reagan en EEUU y desarrolladas más tarde
por la mayoría de los gobiernos de la OCDE, incluidos
aquellos gobernados por partidos de raíces
socialdemócratas, muchos de los cuales se han
transformado en partidos socioliberales. En EEUU, el 1%
de la población que tenía el 8% de la renta nacional en
los años setenta ha pasado a tener el 24% en el año
2009.
El lector se preguntará: “¿Y qué tiene esto que ver con
la viabilidad del sistema de pensiones públicas?”. Pues
la respuesta es que tiene mucha relación. El sistema de
financiación de la Seguridad Social es sumamente
regresivo: es decir, cuanto más rica es la persona,
menos paga (en términos proporcionales) a la Seguridad
Social. Bill Gates, uno de los ciudadanos
estadounidenses más ricos del mundo, paga 6.622 dólares
a la Seguridad Social, prácticamente la misma cantidad
que paga un empleado medio de su empresa. En EEUU (como
en España), la carga impositiva para la Seguridad Social
tiene un umbral (en EEUU es de 106.800 dólares) por
encima del cual no se pagan impuestos para financiar las
pensiones públicas. Monique Morrissey, del Economic
Policy Institute (uno de los centros de investigación
económica más reputados de Washington) ha calculado que
eliminando gradualmente tal umbral –de manera que cada
año se aumentara un 2%, hasta llegar a cubrir el 90% de
la renta del contribuyente– se cubriría un tercio del
déficit proyectado para el año 2040. Si en lugar de
hacer el cambio gradualmente se hiciera inmediatamente,
los fondos recogidos eliminarían aquel déficit
completamente.
El hecho de que todo el debate en España (uno de los
países de la OCDE, junto con EEUU, que tiene mayores
desigualdades de renta) se centre en alargar
obligatoriamente la edad de jubilación, en lugar de en
aumentar la progresividad en la financiación de la
Seguridad Social, se debe a que el sector de la
población de rentas altas en España tiene mucho más
poder político y mediático en nuestro país que el
ciudadano normal y corriente. En realidad, la
visibilidad mediática y política de una política pública
tiene menos que ver con los méritos de tal propuesta que
con las cajas de resonancia mediática de que goza.
Véase, como ejemplo, el contraste en la exposición que
tienen en los medios las medidas de austeridad y
recortes de derechos sociales y laborales frente a las
necesarias y urgentes reformas fiscales que se requieren
para mejorar la capacidad recaudatoria del Estado y su
progresividad.
Existe otra consecuencia de la creciente polarización de
las rentas sobre las pensiones, de lo que tampoco se
habla en el debate sobre las pensiones en España. La
propuesta de retrasar obligatoriamente la edad de
jubilación para toda la población que trabaja discrimina
a las personas de baja cualificación y rentas bajas a
costa de las rentas altas y medias-altas. Así, en EEUU
una persona perteneciente al 5% de la población, la de
mayor renta, vive 15 años más que una persona
perteneciente al 5% inferior. En realidad, mientras la
esperanza de vida de los ricos ha aumentado cinco años
durante el periodo 1980-2009, la de las personas de
rentas inferiores ha aumentado sólo un año (y entre las
mujeres de este grupo de rentas el aumento ha sido
incluso menor). Es un enorme error que no se permita a
las personas con trabajos poco satisfactorios y
estresantes jubilarse antes (en España el número de
trabajadores que indica que su trabajo es estresante ha
subido en los últimos 20 años de un 32% a un 48%. De
ellos, el 68% realiza trabajos poco cualificados). Como
también es un enorme error forzar obligatoriamente a
personas altamente cualificadas a que se jubilen a los
65 ó 67 años, cuando todavía están en plena actividad
intelectual. La pensión debería ser un derecho, no una
obligación. De ahí que a las personas que gozan de su
trabajo y que vivirán más años que las personas con
bajas cualificaciones que vivirán menos, debería
permitírseles retirarse más tarde de la edad
obligatoria, si así lo desean.
Pero además de ser un error el retraso obligatorio de la
edad de jubilación, es una gran injusticia, pues
retrasarla significa en la práctica que los que vivirán
menos años trabajen dos años más (algunos incluso piden
cinco años más) para pagar las pensiones de los que
vivirán más años, sobreviviéndoles incluso 15 años en
EEUU y diez en España (en la UE-15 son siete años).
Estas son las consecuencias que la polarización de las
rentas tiene en la financiación y en la equidad del
sistema de pensiones, de lo cual apenas se habla en
nuestro país.
 Vicenç
Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu
Fabra
Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University |
