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Es importante que se entienda y se conozca qué ha estado
ocurriendo en la Unión Europea durante estos últimos
años (y no me refiero sólo a lo que ha pasado desde el
inicio de la crisis en 2007). La participación de las
rentas del trabajo como porcentaje de la renta nacional
en el promedio de los países de la UE-15 ha ido
descendiendo desde principios del establecimiento de la
Unión hasta hoy, bajando del 69% al 56%. Este descenso
ha sido mucho más acentuado en la zona euro, y todavía
mayor en España. Ello ha ido acompañado de un aumento
del desempleo en el promedio de la UE-15 (interrumpido
provisionalmente en España por la burbuja inmobiliaria
hasta que estalló) y de un deterioro de las condiciones
de trabajo. El porcentaje de trabajadores que declara
trabajar en condiciones estresantes en el promedio de la
UE-15 ha pasado del 32% de la población empleada a un
54% en 2008. En España ha sido incluso mayor. Una
consecuencia de ello es que las enfermedades laborales
por estrés han aumentado.
Por si esto no fuera suficiente, la protección social se
ha ido deteriorando. La tasa de crecimiento del gasto
público social (que cubre los gastos públicos en las
transferencias y servicios del Estado del bienestar) ha
ido descendiendo en el promedio de la UE-15 desde
principios de la década de los noventa (habiéndose
interrumpido este descenso entre 2004 y 2008 en España
durante la alianza –informal– del PSOE con IU-ICV, ERC y
BNG). Ha vuelto a descender a partir de entonces, y
España ha permanecido en la cola de la Europa social,
siendo el país de la UE-15 con el gasto público social
por habitante más bajo. Además de este descenso hemos
visto una disminución de los derechos laborales en la
mayoría de los países de la UE-15.
Mientras la clase trabajadora y grandes sectores de las
clases medias veían disminuir su capacidad adquisitiva
(la mayor causa del enorme endeudamiento de las
familias), hemos visto un enorme incremento de los
beneficios empresariales. Estos aumentaron un 38% en la
media de la UE-15 y un 42,3% en la zona euro durante el
periodo 1999-2008, mientras que los costes laborales
aumentaron sólo un 17%. En España, este contraste entre
la austeridad impuesta a las clases populares y la
bonanza y exuberancia de los beneficios empresariales
fue incluso más acentuado. Durante el mismo periodo, las
mayores empresas españolas vieron aumentar sus
beneficios netos un 73% (casi el doble de la media de la
UE-15), mientras que los costes laborales aumentaron
durante el mismo periodo un 3,7% (casi cinco veces menos
que en la UE-15). Dentro de estas empresas, las que
alcanzaron elevadísimos niveles de beneficios fueron las
financieras, que basaron su riqueza en el enorme
endeudamiento de las familias europeas y españolas y en
actividades altamente especulativas, incluyendo las
inversiones inmobiliarias, que se convirtieron en el
motor del crecimiento económico en varios países,
incluyendo España.
La banca española, bajo la pésima supervisión del Banco
de España, tiene una enorme responsabilidad en el
desarrollo del complejo
bancario-inmobiliario-constructor y su burbuja, que al
explotar ha creado el enorme problema económico, además
de dificultar enormemente la accesibilidad al crédito
por parte de la ciudadanía y de la mediana y pequeña
empresa. Es una enorme incoherencia (para ponerlo de una
manera amable) que el gobernador del Banco de España,
Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que junto con anteriores
gobernadores es el responsable de una de las mayores
causas de la crisis en España, esté ahora liderando el
movimiento neoliberal, y responsabilice a los sindicatos
por el elevado desempleo causado, según él, por una
supuesta rigidez de los mercados laborales.
A nivel europeo, los hechos presentados en los párrafos
anteriores se deben, no a los mercados financieros, sino
al desarrollo de las políticas neoliberales, promovidas
por las mayores instituciones de la UE, y muy en
especial por el Banco Central Europeo, la Comisión
Europea y el Consejo Europeo, controlado este último por
las derechas (cristiano-demócratas y liberales). Estas
instituciones han estado imbuidas del pensamiento
neoliberal, al cual se han adaptado gran parte de los
partidos socialdemócratas gobernantes que han abandonado
elementos claves de la tradición socialdemócrata para
convertirse en partidos socioliberales. Estas políticas
han consistido en la desregulación de los mercados
laborales, la reducción de la protección social, la
reducción de los impuestos, el aumento de su
regresividad (responsable, en parte, de que las
desigualdades sociales en la UE-15 hayan alcanzado el
mayor nivel conocido en los últimos 20 años), las
privatizaciones de los servicios del Estado del
bienestar, y la reducción de los beneficios laborales y
sociales. La reducción de impuestos, por cierto,
determinó el crecimiento de la deuda pública en todos
estos países.
Todas estas políticas han respondido al enorme poder de
clase, es decir, del capital (mundo empresarial y
financiero y rentas superiores), que está aprovechando
ahora la crisis creada por ellos para conseguir lo que
ha estado deseando todos los años: debilitar todavía más
al mundo del trabajo al cual pertenecen las clases
populares. De ahí que sea fundamental que exista una
protesta masiva el día 29 de septiembre, a nivel europeo
y a nivel español, para iniciar un proceso de reversión
de tales políticas, no tanto por un cambio político en
el que ganen las derechas (PP en España y CiU en
Catalunya) que empeoraría todavía más la situación, sino
por un cambio muy sustancial en las izquierdas, y muy en
especial de las gobernantes, que no ocurrirá a no ser
que haya una protesta generalizada en contra de aquellas
políticas. Así ocurrió, por cierto, en las últimas
huelgas generales, y así debiera ocurrir ahora.
 Vicenç
Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu
Fabra
Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University |
