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Parecía ser una tesis comúnmente aceptada que uno de los
logros de la humanidad radica en la evolución positiva
que poco a poco se ha venido produciendo, al menos en
algunos países, en los derechos de los trabajadores.
Cabría suponer que tal tendencia continuaría en paralelo
con el incremento de la riqueza y el crecimiento
económico. Pero he aquí que no. De hecho, hace ya 30
años que el proceso se ha invertido.
Concretamente en España, desde que en 1980 se aprobó el
Estatuto de los Trabajadores, las organizaciones
empresariales y fuerzas afines no han dejado de reclamar
modificaciones en el mercado laboral. Todas,
ciertamente, en la misma línea. Reforma tras reforma
(paradójicamente todas aprobadas bajo un Gobierno
socialista), con los argumentos más peregrinos, se han
ido precarizando las condiciones laborales y reduciendo
los derechos de los trabajadores. Siempre se parte de un
hecho real, la enorme tasa de paro. En los años ochenta,
con el objetivo, según se decía, de crear empleo, se fue
propiciando todo tipo de contratos precarios hasta
conseguir que España se situase a la cabeza de Europa en
tasa de temporalidad y, ahora, los mismos que
promovieron y votaron aquellas reformas argumentan que
la temporalidad es muy alta, que el mercado es dual y
que, para luchar contra el paro, es preciso abaratar el
despido.
En todos los casos se parte de un mismo error, olvidar
que no es en el mercado de trabajo donde se determina la
cantidad de empleo, sino que son otras variables
económicas, principalmente la demanda, las que lo fijan.
Ningún empresario va a contratar a un solo trabajador si
sus expectativas son pesimistas. En lo que sí
intervienen sustancialmente las condiciones laborales es
en la distribución de la renta, en cómo se reparte el
coste en tiempos de crisis y en la velocidad con que
este se transfiere a los trabajadores.
La reforma que en estos momentos se está discutiendo en
las Cortes permite que a la menor dificultad económica,
incluso la mera previsión de futuras pérdidas reales o
imaginarias, las empresas puedan recurrir al despido y,
además, de forma casi gratuita. Importa poco que en
anteriores etapas se hayan obtenido fabulosas ganancias.
Tradicionalmente se justificaba el beneficio de los
empresarios por el riesgo que asumían. En la actualidad,
se busca que el riesgo recaiga exclusivamente sobre los
trabajadores.
 Juan
Francisco Martín Seco
Economista |
