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Existe una interpretación de la crisis económica y
financiera española, muy generalizada en los
establishments financieros, políticos y mediáticos de la
Unión Europea (y también de España), que atribuye tal
crisis al excesivo gasto público (incluyendo el gasto
público social de su Estado del bienestar), financiado a
través de un elevado endeudamiento público que ha
alcanzado niveles insostenibles. De esta interpretación
deriva la percepción de que en España estamos viviendo
por encima de nuestras posibilidades, exigiéndose como
medida de resolución de la crisis la implementación de
políticas de austeridad y reducción de gasto público.
Los datos, sin embargo, no apoyan tales tesis.
España tiene uno de los gastos públicos sociales más
bajos de la UE-15. Según los últimos datos de la UE-15
(el grupo de países de nivel de riqueza más similar al
nuestro), España tiene un gasto público social por
habitante de 5.526,4 euros estandarizados (moneda
utilizada para comparar la capacidad adquisitiva del
euro en países con distinto nivel de vida), la cifra más
baja de la UE-15 (cuyo promedio es 7.464,3). En
realidad, España se gasta en su Estado del bienestar
mucho menos de lo que le corresponde por su nivel de
riqueza. Su PIB per cápita es ya el 93% del promedio de
la UE-15. Pero su gasto público social per cápita es
sólo el 74% del promedio de la UE-15. Lo cual quiere
decir que nos gastamos nada menos que 68.000 millones de
euros menos de lo que debiéramos gastarnos por el nivel
de riqueza que tenemos. En realidad, España tiene
recursos (para mantener e incluso ampliar su
subdesarrollado Estado del bienestar), pero lo que pasa
es que, en contra de lo que sostiene el dogma
neoliberal, vive por debajo de sus posibilidades. El
problema no está en que España no tenga recursos. El
problema está en que el Estado (central, autonómico o
local) no los recoge. Las sucesivas reformas fiscales
llevadas a cabo por los gobiernos conservadores y
socialistas determinaron una gran regresividad fiscal y
una disminución de la capacidad de generar recursos por
parte del Estado.
Un tanto semejante ocurre en cuanto al supuestamente
hiperbólico endeudamiento público. La deuda pública en
España bajó durante el periodo 2000-2007, pasando de ser
el equivalente al 59,3% del PIB al 36,2%. El déficit del
Estado bajó también, alcanzándose un superávit en los
años 2005, 2006 y 2007. Tanto la deuda como el déficit
eran de los más bajos de la UE-15. De ahí que el
argumento de que la crisis (que comenzó en 2007) la
generó el excesivo gasto público (incluyendo el social)
o la exuberante deuda pública no tenga ninguna validez.
Las causas de la crisis en España han sido la explosión
de dos burbujas. Una fue la inmobiliaria (tal sector
inmobiliaria-construcción creció del 7,5% del PIB en
2000 al 10,8% en 2006), que, al explotar en 2007, generó
un descenso de su actividad económica de un 87%. La otra
burbuja fue la bursátil, que había alcanzado un máximo
del 125% del PIB en 2007 y cayó hasta un 54% del PIB.
Estos estallidos de las burbujas crearon un enorme vacío
de la demanda (que se había ido acentuando ya antes,
consecuencia del descenso de las rentas del trabajo a
costa de un exuberante crecimiento de las rentas del
capital), que sólo la intervención del Estado puede
resolver. De ahí que recortar el gasto público ahora que
hay una muy escasa demanda es profundamente erróneo,
pues agudizará la recesión.
El Center for Economic and Policy Researh de Washington
D.C. (en cuyo consejo director hay dos premios Nobel de
Economía, Robert Solow y Joseph Stiglitz) acaba de
publicar un informe sobre la situación de la deuda
pública española donde sus autores, Mark Wesisbrott y
Juan Montecino, además de criticar las políticas de
austeridad exigidas a España por la UE y por el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y realizadas por el
Gobierno español, presentan varias alternativas para
salir de la crisis –“Alternativas a la austeridad fiscal
de España” (27-07-10), disponible en http://www.vnavarro.org/wp-content/uploads/2010/07/alternativas-a-la-austeridad-fiscal-en-espanajulio-2009.pdf–
Prologan sus propuestas con la observación de que la
deuda pública española no es excesiva. Pero más
importante que la cifra de la deuda pública total o
bruta es la deuda neta, es decir, la deuda que el Estado
debe a los inversores privados y que es la que configura
el valor de los intereses que el Estado debe pagar a los
compradores de los bonos del Estado. En España, la deuda
neta es baja (más baja, de nuevo, que el promedio de la
UE-15). A pesar de ello, los intereses de la deuda son
altos, debido a que los mercados financieros no se fían
de que el Estado pueda pagarla como consecuencia de lo
que llaman la “fragilidad de la economía española”, la
manera diplomática de decir que no estamos creciendo. De
ahí la enorme importancia de estimular la economía.
Pero para hacerlo se necesita un cambio en el
comportamiento de las instituciones europeas incluyendo
el Banco Central Europeo (BCE), el cual, por paradójico
que parezca, no actúa como un banco central de la UE. Si
lo fuera haría lo que un Banco Central hace, es decir,
ayudaría al Estado, tal como hace el Banco Central de
EEUU –el Federal Reserve Board (FRB)–, mediante, por
ejemplo, la impresión de moneda con la que comprar deuda
pública del Estado. El Estado federal estadounidense ha
impreso moneda equivalente al 8% del PIB, comprando con
ella deuda pública, además de ayudar a las empresas
productivas y también a la banca (pasándose de generosa
en esta ayuda). En la UE, el Banco Central sólo ha
ayudado a la banca (también en términos muy generosos) y
sólo últimamente, y a regañadientes, a los estados.
Weisbrott y Montecino calculan que, si el BCE comprara
en dos años una cantidad de deuda pública española
equivalente a un 4% del PIB (transfiriendo los intereses
de la deuda al Estado español, tal como hace el FRB)
permitiría la inversión de un 3,9% del PIB en creación
de empleo, estimulando el crecimiento económico y, con
ello, la reducción del déficit. Alternativamente, el
Estado español podría aumentar la deuda neta,
incrementando la inversión pública para crear empleo. No
hacerlo es un suicidio económico.
 Vicenç
Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu
Fabra
Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University |
