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Mismo día, dos
escenarios diferentes: en un extremo del planeta,
el presidente Obama presenta su reforma financiera
que pone bridas a la actuación de este sector en su país
e impone controles y transparencia sobre todo
tipo de las actividades de préstamo e inversión.
Mientras, mucho más cerca, el Congreso de los
Diputados, aprueba con los votos del PP y del PSOE
un precipitado cambio en la regulación de las cajas de
ahorros que entrega a las manos privadas, al menos el
50% de estas entidades.
Obama, en una regulación inédita para la historia de EE
UU, proclama: “El pueblo americano nunca más tendrá que
pagar la factura por los errores de Wall Street”,
mientras que en nuestro escenario de los leones, la
vicepresidenta económica declara también con tono
solemne que estamos “ante la reforma más importante que
se ha llevado a cabo en el sector desde el siglo XIX y
que servirá para dar todavía mayor confianza al sistema
financiero español”, sobre el cual se deshizo en
elogios.
“Es el manifiesto de un presidente y de un equipo
económico que confían en los recursos del Gobierno para
crear las condiciones que eviten una repetición de la
crisis que el sistema financiero [afirma el corresponsal
en Washington de EL PAÍS]. Es, en definitiva, el
manifiesto de un político que cree en el papel del
Estado”. Un manifiesto que contrasta con el mensaje
evidente del cambio de la regulación española, según la
cual, solo es productiva, rentable y fiable la
iniciativa privada sin el concurso del Estado.
Los bancos en España no han recibido, en contraposición
con EE UU, la más mínima reprimenda por parte del poder
político. Bien al contrario, han recibido en estos días
el suculento bocado, ofrecido por el Gobierno en bandeja
de plata, de poder hacerse con el control y la actividad
de las cajas de ahorros de nuestro país. Un cambio
histórico, sin duda, que supone una expropiación de
bienes públicos similar a la entrega a manos privadas de
los montes comunales.
La falta de cariño de la población hacia sus bienes
públicos y semipúblicos está muy ligada a la falta de
conciencia democrática unida a la gestión lamentable que
se ha hecho de gran parte de nuestro patrimonio comunal.
No ha habido una sola lágrima por la evidente
desaparición de las cajas de ahorros, que podrán ceder
al completo su negocio financiero a los bancos y
mantener solo el cascarón de su obra social. No ha
habido una sola línea recordando por qué nacieron las
cajas, cuál era su papel, por qué se considera
fundamental su existencia para el desarrollo de las
comunidades autónomas y por qué Andalucía, más que
ninguna otra, necesita un sector financiero de esta
naturaleza. Bastaría recordar que las cajas -hasta la
entrada en vigor de esta nueva ley- no reparten
beneficios privados, y tienen la obligación de dedicar a
fines sociales al menos el 33% de sus ganancias, más un
18% establecido para la obra social, lo que supone un
enorme flujo de capital que debe invertirse en el
territorio al que pertenecen.
En este panorama, la venta de Cajasur al mejor postor no
deja de ser un expolio para la comunidad autónoma de
Andalucía. Debemos este tremendo despropósito a las
enloquecidas fobias ideológicas de la jerarquía
eclesiástica cordobesa pero también al Banco de España,
convertido en una especie de tribunal supremo sin
apelación, ante el que nada valen las razones sociales
ni el equilibrio territorial.
Tampoco se hubiera consumado el expolio si, el Gobierno
central hubiera respetado las competencias andaluzas en
materia de cajas de ahorros y hubiese escuchado a la
comunidad autónoma, en vez de beneficiar la lógica
bancaria y la deslocalización de las cajas. Por todo
esto Cajasur ha sido adjudicada al BBK por el método de
subasta, como si de un casino se tratara. Ya se sabe,
que en el juego de la ruleta, la banca siempre gana.
Andalucía pierde.
 Concha
Caballero
Profesora Filología Hispánica |
