EL 13 de junio
de 2006 el Ministerio de Administraciones
Públicas y los sindicatos UGT, CSI-CSIF y CCOO
firmaron el Anteproyecto de Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público.
Desde
STEs-Intersindical criticamos el contenido del
Anteproyecto, como puede comprobarse en los
diversos comunicados públicos realizados,
entre otras cosas por excluir al personal
interino contratado por exceso o acumulación
de tareas del cobro de trienios y dejar al
arbitrio de cada Administración este cobro para
el resto del personal interino.
Asimismo
criticamos la forma en que se había negociado
con el MAP excluyendo organizaciones
sindicales que en su conjunto representan a la
mayoría del personal empleado público. Entre
estas organizaciones excluidas están varias que,
por derecho, pertenecen a la Mesa General de
Negociación, como son CIG y ELA.
En la
Confederación de STEs-Intersindical, basándonos
en nuestra crítica al Anteproyecto y en las
aportaciones que ya enviamos a la Comisión para
el Estudio y Preparación del Estatuto Básico (el
25 de enero de 2005 fue la primera entrega de
nuestras aportaciones a esta Comisión), hemos
comunicado repetidamente nuestras propuestas
sobre el Estatuto, al MAP y a todos los Grupos
Parlamentarios.
Además
elaboramos propuestas de enmiendas al Proyecto,
cuando éste se presentó al Congreso (septiembre
de 2006) de forma conjunta con otras
organizaciones sindicales. Enmiendas que hemos
presentado y a las que hemos hecho seguimiento,
a través de numerosas entrevistas con los
distintos portavoces de los Grupos
Parlamentarios en la Comisión de
Administraciones Públicas del Congreso de
Diputados.
Entre las
propuestas de modificación del proyecto de Ley
del Estatuto estaba la equiparación salarial del
personal interino con el fijo y, en concreto, el
cobro de los trienios.
Como
consecuencia de la tramitación parlamentaria,
en su paso por Comisión, el Proyecto de Ley
del Estatuto Básico se ha modificado y mejorado
en algunos aspectos, siendo la generalización
del cobro de trienios para el personal interino
una de las modificaciones más relevantes.
Ya avisamos en
nuestro comunicado de 14 de diciembre que a esta
mejora se iba a apuntar mucha gente. En
ningún caso dijimos que era un mérito sólo
nuestro. De hecho, la defensa de esta y
otras que no han seguido la misma suerte, la
hicimos en un marco unitario, junto a otras
organizaciones sindicales, porque así entendemos
que se refuerza la posibilidad de conseguirlas.
Lo que nos
resulta chocante es que, ahora, quienes se
adjudican la paternidad absoluta de esta
conquista, sean las organizaciones firmantes de
un Proyecto de Estatuto Básico del Empleado
Público que ha tenido que verse mejorado, para
el personal empleado público, en sede
parlamentaria.
¿Ellos que
firmaron una cosa son los que han conseguido
otra?
Los que criticamos el proyecto por no
contemplar el cobro de trienios para el personal
interino, los que reivindicamos y hemos
trabajado por su consecución ¿no tendremos algo
que ver en esto?
De todas formas
que no se preocupen, seguiremos criticando buena
parte del Estatuto. Cuando un Gobierno nos
condene a perder poder adquisitivo, recordaremos
que no se recoge la cláusula de revisión
salarial. Cuando una Administración no cumpla
los acuerdos, ya no podremos llevarla a los
tribunales (ni el de Estrasburgo), porque el
Estatuto se lo permite. Cuando se privaticen
servicios públicos echaremos en falta algún
artículo que atribuya carácter exclusivamente
público a nuestras tareas. Cuando dos personas
estén cobrando salarios distintos por el mismo
trabajo, nos acordaremos de la arbitrariedad que
puede suponer la evaluación. Cuando un
directivo, seleccionado por el jefe político de
turno, a dedo y al margen de los criterios
utilizados para el resto del personal, cobre en
función del ahorro obtenido y no en función de
la calidad del servicio público, recordaremos
que, efectivamente y a pesar de algunas mejoras
(que más que les pese a algunos hemos
contribuido a conseguir) este no es nuestro
Estatuto.
