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 Nace el colectivo contra la violencia
machista |
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Cerca de una veintena de
colectivos integran la Plataforma Contra la Violencia Machista de León |
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| La Plataforma contra la Violencia
Machista hizo ayer su presentación oficial / J.M. LOPEZ,
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La Plataforma Contra la Violencia Machista de León celebró hoy un acto de
presentación pública para pedir a la sociedad leonesa “que rompa cada vez
más el silencio de lo asumido como fatalidad, como una costumbre y una
tradición”, en los casos de agresiones a mujeres en el ámbito del hogar,
según el manifiesto leído por la portavoz del grupo.
El colectivo está integrado por una veintena de asociaciones, tres partidos
políticos (IU, PCE y PSOE local de León), y tres sindicatos (CCOO, UGT y
STELE) y cuenta con la adhesión de la corporación municipal de la capital.
Los integrantes de la plataforma recordaron
que hasta finales de julio, este año ya han sido 45 mujeres las asesinadas
por sus parejas o ex parejas en España, y sólo en León hubo dos muertes y
398 denucnias el pasado año.
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 Justicia
y Policía, desbordadas por la violencia de género y con pocos medios para
aplicar la ley |
LEON.— La puesta en marcha de la nueva Ley Integral contra la Violencia de
Género ha sido el reflejo de una honda preocupación social sobre un problema
cuyos resultados no son mera estadística, sino que nos hablan de vidas
destruidas. El aumento de las denuncias en León, un 38% el pasado año, y de
los juicios por maltrato han hecho que los medios policiales y judiciales de
la provincia estén saturados por un problema que no deja de crecer. Las
víctimas también piden más medios y una atención integral, además de apoyo
económico efectivo para romper la dependencia con el agresor, uno de los
motivos que explica la gran cantidad de denuncias que son retiradas.
Desde el pasado mes de junio el Juzgado de Instrucción número 4 de León se
ha convertido en el Juzgado de Violencia de Género y el juez encargado de
este tipo de delitos es Luis Angel Ortega de Castro. Sin embargo, el juzgado
compatibiliza esta función con otras, ya que sigue siendo juzgado de
instrucción, hace guardias y lleva otro tipo de casos con una competencia
mixta: civil y penal.
La sobrecarga de este juzgado ha sido señalada desde varios ámbitos, tanto
desde el turno de violencia doméstica como desde los fiscales dedicados al
maltrato. La creación el próximo año de un Juzgado de Instrucción 5 en la
capital vendría a aliviar su trabajo, pero de momento el exceso de casos que
soporta es evidente. El año pasado se produjeron en León 331 juicios por
violencia de género y cada semana se celebran más de una decena de juicios
por este motivo.
A pesar del aumento de los juicios, sólo la mitad de ellos acaba en condena
frente al total de casos en los tribunales leoneses, donde son condenados
ocho de cada diez.
La nueva Ley contra la Violencia de Género establece la creación de un
fiscal contra la violencia de la mujer, además de otros fiscales
especializados en esta área. La fiscal que coordina estos casos en León es
María Victoria Alonso Alija. Este pasado miércoles fueron nombrados los
otros dos fiscales: Luis Antúnez y María Engracia Martínez.
Los propios fiscales señalan que dos personas para atender todos los casos
que se producen en la provincia leonesa son insuficientes y esperan que su
número se amplíe más adelante, sobre todo teniendo en cuenta que su
dedicación tampoco es exclusiva. «Tengo esperanza en que se amplíe el número
de fiscales por lo menos hasta cuatro porque hay muchísimos casos, hacen
falta más medios y sobre todo liberar de trabajo al Juzgado de Violencia
porque está sobrecargado. A pesar de esto no es cierto que a veces no se
haga caso de las víctimas, porque en el terreno judicial tienen una
prioridad total», señala María Engracia Martínez.
Los fiscales subrayan además la importancia de las medidas de alejamiento
realizadas de forma preventiva pero destacan la dificultad de su imposición
cuando no hay parte de lesiones y sólo se tiene en cuenta la declaración de
la víctima. «Es muy difícil resolver este problema, pero lo que sí debe
hacerse en el momento en que exista una orden de alejamiento es detener a la
persona que la incumple y no amonestarla únicamente para la próxima vez»,
agrega.
El turno de violencia doméstica en la provincia está compuesto por 74
abogados, 61 en León y 13 en el Bierzo. Los abogados que forman parte del
turno de violencia doméstica tienen que tener al menos tres años de
ejercicio y haber pasado un curso de especialización. En la capital y en
Ponferrada tienen guardias de 24 horas, aunque se han pedido más para otros
partidos judiciales.
La nueva ley establece que la víctima tiene derecho a la asistencia jurídica
gratuita si no tiene medios para pagársela. Esta asistencia beneficia además
a los menores que se puedan ver afectados por el maltrato, para los que
también se contempla la adopción de medidas de protección. Los abogados del
turno de oficio también asisten a los presuntos maltratadores.
«Este abogado asiste a la víctima desde el mismo momento de poner la
denuncia en la comisaría. Además de en los temas judiciales, la apoya en
temas administrativos y en asuntos relacionados con la situación de maltrato
como la petición de una separación o un divorcio», explica el coordinador
del turno de violencia de género en León, Mario García Méndez. Los abogados
significan además la necesidad de las medidas de protección y alejamiento,
además de los servicios de teleasistencia o las pulseras magnéticas, pero
señalan que el problema va más allá de lo jurídico y piden más apoyos
económicos para la víctima y una asistencia psicológica eficaz.
Frente al incremento de los casos de violencia doméstica, la necesidad de
más efectivos policiales es evidente. La Guardia Civil tiene un equipo
compuesto únicamente por tres agentes especializados en combatir la
violencia de género, que forman parte del Equipo Mujer-Menor, Emume.
La Policía Nacional en León cuenta con siete personas especializadas en los
delitos por maltrato dentro del Servicio de Atención a la Familia, SAF, en
Ponferrada existe otra unidad similar. Las víctimas piden un aumento de los
agentes dedicados a malos tratos, cuyos efectivos está previsto que se
incrementen durante este otoño. «Los medios policiales para vigilar las
órdenes de alejamiento y protección son insuficientes y deben aumentar,
aunque en la atención colaboran los programas de protección de las policías
locales y la teleasistencia», explica Herminia Suárez, de la Asociación de
Víctimas de Agresiones Sexuales, Adavas. |
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