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Las propuestas de
nuevas titulaciones universitarias hechas públicas
en las últimas semanas han causado comprensible
sorpresa en la opinión pública y en las propias
universidades. En algunos casos, incluso estupor. El
proceso para la adaptación de España al Espacio
Europeo de Enseñanza Superior (EEES) empezó hace
varios años y ha tenido una participación intensa y
continuada de especialistas y directivos
universitarios, pero no ha despertado el interés
general hasta la publicación de estas propuestas,
sobre las que deberá pronunciarse el Gobierno.
La ausencia de un
proyecto de reforma por parte de los gobiernos
anteriores ha producido efectos poco acordes con el
espíritu de Bolonia, la ciudad italiana donde, en
1999, se materializó el compromiso de 29 estados
europeos en una propuesta de ambicioso alcance: la
homologación de las enseñanzas superiores para
facilitar la libre circulación e intercambio de
estudiantes en Europa. Dicho proyecto se basa
esencialmente en la creación del llamado sistema
europeo de transferencia de créditos (ECTS) y en la
estructuración de las titulaciones en un doble ciclo
oficial de grado y postgrado, equiparable en todos
los países. En ambos aspectos, a los elementos de
homologación se suman otros de innovación
pedagógica.
La implantación del
crédito europeo no presenta otros problemas que los
derivados del grado de interés con que
universidades, profesores y alumnos la lleven a cabo
y de los recursos que se habiliten. La sustitución
del concepto actual de crédito como número de horas
de clase impartidas por un profesor en una
asignatura -10 horas por crédito- por el nuevo
concepto de horas de trabajo de un alumno -25 horas
por crédito, de las que como máximo la mitad deben
corresponder a clases expositivas o teóricas, las
mal llamadas clases magistrales-, comporta un cambio
profundo en las formas de trabajo de profesores y
alumnos, con la introducción sistemática de
actividades prácticas, tutorías y seminarios. Se
trata de cambiar el paradigma tradicional de
profesor que sólo enseña por uno en que el profesor
también facilita y estimula el aprendizaje.
El problema principal
se ha planteado en lo relativo a la estructura de
las titulaciones, como se está viendo en las últimas
semanas. El modelo Bolonia plantea la enseñanza
universitaria como un proceso de 5 años o 300
créditos, divididos en un primer ciclo o grado de 3
o 4 años (180 o 240 créditos) de titulaciones
básicas y generalistas, y un segundo ciclo o
postgrado de 2 o 1 años (120 o 60 créditos) de
carácter más profesional y especializado, además de
un tercer ciclo de doctorado.
En general, las
propuestas conocidas en las últimas semanas
responden a criterios de continuidad con el sistema
de titulaciones vigentes, con un predominio casi
absoluto de lo que en el argot universitario se
conoce como carreras de 4+1 frente al modelo 3+2 de
la mayoría de los demás estados, empezando por los
de referencia, como el británico o el francés, por
no decir el norteamericano. No se facilita de esta
manera la homologación para la circulación de
estudiantes ni se cumple la reducción del número de
titulaciones a favor de un grado de formación básica
y generalista.
El carácter
conservador de la mayoría de estas propuestas no
contempla el postgrado como parte integrante del
modelo Bolonia, que se basa en la ecuación grado +
postgrado = 5 años y plantea en España un verdadero
cambio conceptual y de sistema que pocos quieren
asumir. En muchas de las conferencias de decanos
llevadas a cabo en los últimos años, todo el debate
se ha centrado en cómo adaptar una carrera de cinco
años a cuatro o en demostrar la inviabilidad de
carreras de sólo tres años, dejando de lado el
postgrado oficial que el modelo Bolonia presenta
como complemento necesario del grado.
La actual organización
de la docencia en las universidades españolas y la
confusión conceptual derivada de los cambios de
nombres -se habla de grado en lugar de licenciatura
y se llama máster al postgrado- explican en parte la
situación, así como la falta de concreción sobre los
recursos para financiar el segundo ciclo.
En contraste con la
fuerza con que impuso directrices en otras reformas
de la enseñanza secundaria y universitaria, el
Gobierno anterior dejó en manos de las propias
titulaciones -no de las universidades- la
formulación de las respectivas propuestas de
adaptación, bajo la tutela directiva de la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA).
Como guía inequívoca,
unos borradores de decretos que establecían como
criterio básico titulaciones de grado de cuatro años
-duración ya en vigor desde la Ley de Reforma
Universitaria de 1983- y programas de postgrado de
uno. Los decretos que ha comenzado a publicar el
Gobierno actual introducen un elemento de
flexibilidad, en cuanto admiten indistintamente el
modelo 4+1 y el modelo 3+2 según el tipo de
titulaciones.
Con la previsión de
publicar próximamente un catálogo de titulaciones de
grado -para los programas de postgrado se da un
cierto margen a la autonomía de las universidades y
a la intervención de las comunidades autónomas-, el
Gobierno se encuentra en la tesitura de validar unas
propuestas continuistas, de acuerdo con los
intereses corporativos de centros y departamentos,
cuya implantación supondría un distinto ancho de vía
español en el espacio europeo de la enseñanza
superior.
Abordar a estas
alturas una reforma en la que no tuvo interés el
Gobierno anterior no parece estar entre los
propósitos del actual, ni que sea por las demoras
acumuladas en el calendario -en 2010, el EEES debe
ser una realidad en todos los estados que
voluntariamente lo han adoptado-. La entrada de
España en el espacio universitario europeo con
distinto ancho de vía al adoptado mayoritariamente
llevaría inevitablemente a conflictos de diversos
tipos. Los estudiantes que hasta hoy parecen
únicamente preocupados por los riesgos de
privatización de la universidad pública que el
modelo pueda contener, serían los principales
perjudicados.
Se daría la paradoja
de que las universidades más innovadoras fueran las
principales perjudicadas, enfrentadas
inevitablemente a tener que dar pasos atrás. Se
entiende que las universidades que no han reducido
aún de cinco a cuatro años la duración de las
carreras establecida por la LRU hace veinte años,
consideren la propuesta de titulaciones de cuatro
años como una verdadera reforma, que para otras más
avanzadas puede resultar una contarreforma.
Dos ejemplos: los
segundos ciclos establecidos por la LRU en las
titulaciones de cuatro años que anticipaban el
modelo 3 + 2 de flexibilidad y formación básica más
especialización profesional; y la recuperación de
carreras generalistas como la licenciatura en
Humanidades que ponían fin a la excesiva
fragmentación en que acabó derivando la antigua
Filosofía y Letras. El segundo ciclo de Periodismo,
aplicado con notable éxito de demanda, de resultados
académicos y de inserción profesional, desaparece, a
tenor del proyecto de licenciatura de cuatro años
presentado a la ANECA por la Conferencia de Decanos
-con la reserva crítica de algunas universidades- y
de la propuesta de la subcomisión correspondiente
del Consejo de Coordinación Universitaria. En el
caso de Humanidades, a pesar de contar con los
mejores índices de demanda y de inserción laboral en
el campo de las tradicionales licenciaturas de
"letras", es la subcomisión que no la contempla en
su propuesta.
El corporativismo y la
obsesión reglamentista que caracteriza al modelo
universitario español -algo que resulta simplemente
incomprensible en el mundo anglosajón- puede
obligarnos a circular por un ancho de vía
absurdamente incompatible con el de nuestros
vecinos. Y si encima se intentan suprimir los pocos
"inventos" que ya funcionan y que mejor se adaptan
al espíritu de Bolonia, vamos a introducir factores
depresivos a un sistema universitario que necesita
la mejor disposición anímica para afrontar los
grandes retos y las grandes esperanzas que se
perfilan en el horizonte inmediato |
