Son muchas. Intencionadamente omito las cifras y los porcentajes que se añaden cuando excepcionalmente se habla de ellas en algún artículo o reportaje. Son fáciles de encontrar y de reconocer. Quien quiera contarlas y clasificarlas que empiece, pero su situación no va a mejorar, simplemente, porque se las reduzca a datos estadísticos o a etiquetas tópicas u ofensivas. En todo caso, proporcionan materia más que suficiente para una buena tesis.

Estas mujeres a las que me refiero no entran en los planes y medidas de ningún gobierno, ni central ni autonómico, sobre la igualdad de oportunidades. Políticamente no son un colectivo social preocupante, a pesar de lo numeroso que es. No piden, no exigen, no se echan a la calle, no entorpecen la vida cotidiana, no interrumpen el tráfico, no queman contenedores, no provocan ni fastidian a los ciudadanos y ciudadanas de bien, apenas se manifiestan ni se ponen en huelga… Así que, ni preocupan ni interesan a los partidos o al gobierno de turno.

Socialmente no son activas, porque no producen, no tienen una nómina que las avale, no tributan al Estado ni cotizan a la Seguridad Social. No son titulares de casi nada; sino beneficiarias, como los niños. En realidad, la sociedad las trata como menores de edad. Una humillación que pocas personas (no necesaria ni precisamente feministas) perciben en toda su magnitud y crudeza. Tiene su lógica. Al fin y al cabo, su “irrelevante” labor social ha sido relegada a la oscuridad y el ostracismo. Su presunto protagonismo queda entre las paredes de sus casas.

Tampoco figuran en las estadísticas del paro ni son población pasiva. No tienen derechos laborales. No disfrutan de salarios, de días de fiesta, de vacaciones, de pagas extra, de gratificaciones, de ascensos, de pensiones ni de subsidios. Para ellas, si se accidentan haciendo “sus labores”, ni para sus maridos, compañeros, padres o hijos, no existe la conciliación familiar ni compensación alguna. En este sentido, no son nada, no existen. ¿Quiénes diablos son entonces? ¿Por qué no se hacen presentes sin son millones? ¿Por qué son ignoradas?… Son madres, son hijas, son hermanas, son novias, son esposas, son compañeras, son viudas… son mujeres, son personas, sí pero amas de casa. Es decir, ciudadanas de segunda clase.

Y, sin embargo, todos sabemos –sobre todo los economistas y los gobernantes- que generan mucho ahorro y, en consecuencia, riqueza al Estado, porque su infravalorado trabajo es completamente gratuito. Dan mucho a cambio de nada. Hay quien, en el colmo del cinismo, reconoce que su aportación social es impagable. Por tanto –argumenta- como cualquier retribución que se les diera sería insuficiente para compensar su valioso trabajo, mejor no pagarles nada. ¡Mira qué bien! Que la injusticia sea completa. Un perverso argumento que se ha utilizado desde muy antiguo con quienes se dedican a actividades no productivas, altruistas y humanitarias. En España, las mujeres en general, y las amas de casa en particular, son el mejor ejemplo de tan injusta discriminación social, que, en los albores del siglo XXI, cuesta comprender y aceptar.

Poco se habla o se escribe de ellas, porque no constituyen un colectivo fuertemente organizado e influyente. Ninguna de las grandes conquistas sociales y laborales les han llegado a ellas. Nada. Es tremendamente hiriente. Después de diez o doce horas diarias de un trabajo complejo y agotador, durante decenas de años, a lo largo de toda su vida, no reciben de la sociedad ni del Estado ninguna prestación social, ningún tipo de reconocimiento. Éste, si llega, y no siempre, se da sólo en el círculo familiar.

Pero no se trata de un olvido involuntario. Como decía al principio, su rentabilidad social es tan alta que ha de cuidarse como una especie protegida en peligro de extinción. Me explico: por cuidar entiendo no tocar ni remover, que las cosas están bien así, y la que quiera trabajar fuera de casa que se busque la vida por ahí, aunque tenga cincuenta años de edad, con estudios o no, y treinta de trabajo doméstico. Pero éstos no cuentan. O sea, no hablar de ello, evitar los debates y, si llega el caso, zanjar la cuestión diciendo que no se trata de otorgar derechos laborales a las amas de casa -¡no hay Estado que lo sostenga, afirman!- sino de fomentar su inserción laboral de puertas para fuera. ¡Qué bien suena! ¡Como si las amas de casa tuvieran vocación de tales!

Además, si su trabajo, como queda expuesto, es incuestionable y enormemente rentable para la sociedad, ¿por qué no se lo retribuye justamente? Así llevan haciéndolo durante décadas muchos países desarrollados y no por ello las mujeres se han quedado en “casa y con la pata quebrada” mamando del papá Estado, como falazmente aduce la “progresía” de aquí. Por el contrario, han sabido saldar una gran deuda social, que es de justicia, mientras aumentaba la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, a la “vida activa”.

En esto, aquí, en nuestro país, las derechas y las izquierdas; los conservadores, los liberales y los progresistas se dan la mano. A los efectos, parecen coincidir y reducir la cuestión a que las labores domésticas, la crianza de los hijos, el cuidado de los ancianos, etc. deben ser compartidas (como debe ser) y, por tanto, no son actividades remunerables -¡faltaría más!- ya que forman parte de esos valores humanos que, en la familia, han de darse democrática, generosa y abnegadamente, sin esperar nada a cambio.

Ése no es el problema que se plantea, ni estamos hablando de su aspecto educativo, tan importante e inseparable de la cuestión desde luego, en lo que a corresponsabilidad se refiere, sino de su vertiente social. Se trata de reconocer y reivindicar que el trabajo doméstico tiene una dimensión y una trascendencia que desbordan ampliamente los límites del ámbito privado de un hogar. El oficio de las amas –y algunos amos- de casa, no es un modelo profesional o de ganarse la vida a seguir, ni nadie lo pretende, pero ellas existen por millones, están ahí, contribuyendo a la sociedad con su trabajo como cualquier otra persona, y merecen por ello el respeto y el reconocimiento social que se les niega. Reconocimiento que ha de venir por hacerles partícipes de los derechos laborales que le correspondan en tanto que trabajadoras. Pero ahí está el quid de la cuestión: las leyes no contemplan el trabajo del ama de casa como una función social merecedora de ser retribuida, con sus correspondientes derechos. Y, desgraciadamente, no parece haber voluntad política por legislar en esa dirección, con la ayuda de una izquierda miope y dogmática -de la derecha no hablo- que, incomprensiblemente, se empeña en negar derecho alguno a las amas de casa, no vaya a ser que el modelo cunda y las jóvenes aspiren a ser de mayores unas perfectas marujas. Entre tanto, y eso es lo lamentable, éstas seguirán siendo mujeres invisibles para el sistema. 

Alfonso Díez Prieto