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Cuando el año pasado
se celebró el Día Internacional para la Eliminación
de la Violencia contra las Mujeres, habían muerto en
España 64 mujeres. Este año han sido 60. Y por
primera vez en cinco años durante casi un mes no ha
habido que lamentar una nueva víctima. No es hora
todavía de que se refleje en las estadísticas lo
mucho que ha cambiado la situación, porque la
violencia de género es un fenómeno complejo que
obedece a impulsos muy arraigados en determinada
forma de entender las relaciones entre sexos, y no
va a ser fácil erradicarla. Pero hay motivos para
celebrar que en este año transcurrido se han puesto
las bases para que la situación cambie.
El endurecimiento de las penas prevista en el Código
Penal, las medidas adoptadas para facilitar la
tramitación de las denuncias y la mejora de los
dispositivos de protección de las víctimas han
comenzado a dar sus frutos. Pero el gran cambio debe
venir a partir de enero con la Ley Integral contra
la Violencia de Género, aprobada por unanimidad en
el Congreso y que ahora se tramita en el Senado. Con
ella se culminará un cambio legislativo que era
urgente y cuyo debate ha sido una gran lección de
democracia.
Con la ley en vigor habrá que conjurar un peligro
muy frecuente en nuestra cultura: la de creer que,
hecha la ley, el problema está resuelto. En
absoluto. Será preciso mantener la guardia alta y
vigilar muy de cerca el desarrollo del nuevo marco
normativo, para corregir con rapidez las carencias
que pueda presentar y evitar que la relajación
permita errores judiciales como los que se han
vivido recientemente con la puesta en libertad de un
violador que estaba pendiente de juicio, acusado de
intento de asesinato. Y habrá que evaluar también si
se destinan los recursos suficientes para que pueda
aplicarse en toda su extensión.
Más allá de garantizar la efectiva protección de las
víctimas, habrá que aplicar también medidas para
cambiar las mentalidades y promover relaciones de
igualdad en las que la violencia no tenga cabida. Es
importante dotar a las mujeres, desde la edad más
temprana, de instrumentos educativos que les
permitan identificar y evitar las relaciones de
dominación, en la línea de la acertada campaña
emprendida por el Gobierno catalán, que insta a los
jóvenes de ambos sexos a "cortar con los malos
rollos". Una vez instaurada la relación de
dominación, es difícil salir de ella: ocho años
tardan de media las mujeres en denunciar los malos
tratos que sufren. |
