Ante el anuncio de la Secretaría de Estado de Universidades en el sentido de que el Gobierno del PSOE acometerá la reforma de la Ley Orgánica de Universidades tan sólo en aspectos muy concretos y específicos, como por ejemplo el sistema de acreditación y habilitación previas al acceso a las figuras de profesorado contratado y funcionario, y que no procederá a abrir un período constituyente, la Confederación de STEs – intersindical (STEs-i) manifiesta su decepción al respeto, dado que, hace falta recordarlo, las movilizaciones y protestas contra la aprobación de la LOU, que culminaron con la gran manifestación de Madrid, han sido de las más intensas, numerosas y unánimes tras las realizadas contra la guerra de Irak. La unanimidad al rechazo frontal y total a la LOU no puede quedar minimizada y olvidada, como si aquellas posiciones no fueran mas que posturas puramente estéticas. No pueden quedar sacralizadas y ser admitidas soluciones claramente antidemocráticas o profundamente intervencionistas que difuminen o disuelvan la autonomía universitaria. La aparente acomodación a la ley, a través de la aprobación de los Estatutos de las diferentes universidades, por mucho que algunas personas que protestaban parecen haber adoptado criterios acomodaticios, porque quizás se sienten cómodos y con posiciones de privilegio a las que no quieren renunciar, no van a conseguir que la mayoría de los que luchamos callemos y no volvamos a gritar “NO a la LOU”. Aquellas demandas, pues, de retirada del proyecto no pueden quedar satisfechas con ligeros retoques a la ley en vigor, sino que requieren de profundas modificaciones, que de llevarse a la práctica, la alterarían totalmente. Entonces, para STEs-i la iniciativa que debería emprenderse consiste en la pura y dura derogación de la LOU con la elaboración de un proyecto alternativo que recoja las posiciones mantenidas por la comunidad universitaria durante las movilizaciones.

Por todo ello, reiteramos nuestros criterios expuestos durante el período de lucha contra aquel proyecto.

1. Autonomía universitaria.

Derogación de todos los preceptos que suponen una injerencia abusiva por parte de las administraciones públicas y otras instancias sociales en la gestión y toma de decisiones en las Universidades. Modificación de las competencias y funciones de los Consejos Sociales, diseñados para controlar políticamente y económicamente las universidades. Control democrático a la hora de rendir cuentas. Las atribuciones del Gobierno de las Comunidades Autónomas y del Consejo de Coordinación Universitaria u órgano que lo sustituya no pueden ir más allá de garantizar el control de legalidad de los actos de las universidades y la homologación académica del sistema universitario, además de no intervenir en la toma de decisiones que compete a los órganos autónomos de éstas.

El “dinamismo” del mundo universitario y de la sociedad es entendido por la orientación ideológica de la LOU como servilismo y supeditación de las estructuras universitarias a los intereses particulares, y no como la proyección y el esfuerzo del sistema universitario hacia la satisfacción de las necesidades objetivamente constatadas de la inmensa mayoría de la población, que es en realidad quien paga (hasta ahora la aportación del mundo empresarial a la investigación -no hace falta ni hablar de la docencia- no deja de ser ridícula).

2. Gestión democrática en las Universidades.

Hace falta derogar todas las disposiciones de la LOU que regulan la actual configuración y competencias de los órganos de gobierno y representación de las universidades. El claustro tiene que volver a ser el máximo órgano de decisión de las Universidades en todo tipo de ámbitos: económicos, académicos y d’organización. El rector tiene que ser elegido por el Claustro. La LOU contempla la elección del rector por un colegio electoral sesgado y que no se corresponde con la idea de sufragio universal sino con la de un sistema censitario y que, se quiera o no, responde a los intereses de la parte electoral mayoritaria y no del conjunto de la universidad (estudiantes, PAS, PDI). Este sistema, además, aboca a un régimen presidencialista que, lejos de apartar la elección del rector de intereses estamentales o corporativos, hace posible la existencia de una figura desvinculada de los órganos de participación democrática, como hasta ahora era el claustro, y permite más bien la sumisión a intereses “sociales” y políticos ajenos al ámbito académico.
Asimismo, se tiene que modificar sustancialmente la composición y el sistema de elección de los diferentes órganos universitarios: todos los miembros de los diferentes estamentos tienen que ser tratados en términos de igualdad para participar en la toma de decisiones y para formar parte de los diferentes órganos . Hay que acabar con la proporción privilegiada del 51% de profesorado funcionario doctor para formar parte del Claustro universitario o para elegir rector, la del 51% para el personal funcionario para Juntas de Centro y que sólo el personal doctor pueda ser miembro del Consejo de Departamento, dejando una mera representación al resto. La participación en la gestión de la Universidad no tiene nada que ver con la condición académico-administrativa de los miembros de la Universidad.

3. Evaluación y acreditación del Profesorado: la habilitación nacional.

Respeto al sistema de acreditación y evaluación de las personas candidatas a figuras contractuales laborales tenemos que manifestar que la evaluación previa al concurso de acceso a estas figuras tendría que consistir en la constatación de cumplimiento de los requisitos exigidos para cada una de las figuras, que perfectamente podría realizarlo como fase previa la misma comisión de contratación. Rechazamos, por lo tanto que sean agencias externas centrales o autonómicas las encargadas de hacerlo. La experiencia ha demostrado que estas agencias se han constituído y han procedido a realizar una primera evaluación de excelencia que no les corresponde con criterios vagos y muchas veces contradictorios y faltos de coherencia y motivación. Como mucho tendrían que juzgar sobre la suficiencia para presentarse a un proceso de contratación. La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación, por sus competencias y actuaciones, podemos afirmar que no es otro que el órgano fiscalizador que puede llegar a discriminar las universidades y sus miembros según parámetros antes denunciados de cariz mercantilista y globalizador. Resulta del todo indicativo que se haya constituído como un fundación privada.

El sistema de habilitación “nacional”, que el Gobierno se ha apresurado a decir que lo va a cambiar, no ha supuesto más que un grave estorbo para la funcionarización del personal y un trámite centralista e inútil para hacer desaparecer la tan denostada “endogamia”, proyectada ahora a instancias centrales de grupos de presión. La habilitación no ha escapado de las escuelas, clanes y “sectas” que eligen a la mayoría de los candidatos, como es conocido en otras etapas anteriores a la LRU y, por lo tanto, se encuentra lastrada por estas influencias. El concurso de acceso –segunda fase del sistema de selección- lo hace cada universidad, con lo cual, en base a la configuración del perfil y al establecimiento de programas, necesidades e intereses que cada Universidad hace valer, se da pie a un segundo proceso “endogámico”. Además de todo esto, este sistema difícilmente hace compatible la existencia de un profesorado vinculado a la sociedad, cultura y lengua propias del contexto de cada universidad.

En relación al resto de profesorado, es absurda la exigencia de desvinculación a que vienen siendo obligados los ayudantes por poder ser contratados como profesores ayudantes doctores. La desvinculación es sencillamente un mecanismo de desvertebración de equipos de trabajo docente e investigador, y no una garantía de llegar a cotas más altas de excelencia.

La LOU ha agravado la precariedad del trabajo en la Universidad, al aumentar las figuras de contratados y al permitir hasta un 49% de profesorado no funcionario, situación absolutamente rechazable por ir contra la calidad de la enseñanza, contra los proyectos de investigación y por aumentar la inestabilidad en el empleo del profesorado universitario.

4. Consejo de Coordinación Universitaria.

El Consejo de Coordinación Universitaria viene contemplado como el máximo órgano consultivo y de coordinación del sistema universitario. En este Consejo tienen cabida en plano de igualdad los rectores de todas las universidades españolas. Es decir, se incluyen las universidades privadas en plano de igualdad con las públicas, lo cual significa que, atendidas las funciones, amplísimas, como son entre otros la elaboración del modelo de financiación de las universidades públicas y la regulación de multitud de aspectos de funcionamiento del servicio público universitario, atribuidas a este órgano, se permite la intervención de intereses privados en la coordinación y regulación del sistema público. Pese a que la LOU establece que los rectores de las universidades privadas no tendrán derecho de voto en cuestiones que afectan en exclusiva al sistema universitario público sería posible, a partir d’un incremento d’universidades privadas y con la presencia de los miembros de designación política, que intereses privados y partidistas ordenaran todo el sistema universitario.

Es, por lo tanto, obvio que un Consejo de Coordinación Universitaria d’estas características tiene que ser objeto de profunda reforma, fundamentalmente en dos aspectos: las competencias que tiene atribuidas y su composición y funcionamiento. En relación a las competencias tiene que ser un órgano exclusivamente de consulta y asesoramiento del Gobierno en las competencias que le tienen que ser asignadas por la ley, no las exageradas y abusivas que tiene ahora y que interfieren en el funcionamiento de las Universidades y en las competencias de las Comunidades Autónomas. Por otra parte, hay que acabar con el predominio de miembros designados por el Gobierno y las administraciones autonómicas, si quiere ser un órgano con criterios independientes que pueda incluso contradecir los puntos de vista iniciales del Gobierno en materia universitaria. Su estructuración interna en tres comisiones de Coordinación, Académica y Mixta se tiene que cambiar porque están orientadas a que los representantes de las administraciones ostenten prevalencia en los dictámenes e informes que tiene que emitir.

5. Orientación de la investigación y de la docencia en la Universidad.

Tras los conceptos de competitividad, potenciación de la actividad investigadora, la interacción y control de “la sociedad” sobre el sistema universitario, se esconde una manifiesta concepción mercantilista y privatizadora de la actividad universitaria, tanto docente como investigadora con respecto al producto final (investigación y graduados).

No es otra cosa la política de financiación por objetivos que están lanzando los gobiernos de la derecha: se financian no tanto las necesidades objetivas de la sociedad, sino determinados productos que el mundo mercantil y las multinacionales están dispuestos a acoger. No en balde se alzan voces por parte del empresariado en orden a suprimir aquellos estudios que no satisfacen su demanda. Asimismo, las nuevas directrices y las convocatorias de financiación de la investigación priman escandalosamente la investigación aplicada orientada a satisfacer demandas estrictamente empresariales que tendrían que ser financiadas por las propias empresas interesadas, dentro de un ámbito más bien profesional antes que académico. Haría falta más bien, pues, financiar y atender, de una manera más equilibrada, la investigación básica (tanto en el ámbito sociohumanístico como de ciencias de la naturaleza y de la salud), que es la que verdaderamente proporciona a la sociedad los instrumentos por rentabilitzar estos conocimientos en la investigación aplicada. Es decir, las universidades tendrían que producir equilibradamente tanto investigación básica como aplicada orientada a satisfacer intereses generales, no tanto intereses de grupos económicos hegemónicos.

6. La selectividad.

La selectividad, hasta ahora, no era más que un filtro por adecuar la oferta y la demanda educativa, cosa reiteradamente denunciada por STES-i en el sentido de que, en este aspecto, se deberían de haber ajustado mucho más estos parámetros. Puede que, dado el porcentaje de existencia de enseñanza privada no universitaria, fuera recomendable para garantizar los principios d’igualdad, mérito y capacidad, la existencia de un mecanismo de control público que homologue los resultados académicos de los estudiantes procedentes de la enseñanza pública y de la privada y evite agravios comparativos entre universidades y la desigualdad de oportunidades para los estudiantes. A las dificultades de garantizar el acceso a la Universidad para todo el alumnado que lo solicite en términos de igualdad, la LOCE añade la denominada prueba general de Bachillerato –sencillamente reválida-, que junto a la selectividad contemplada en la LOU crea un doble filtro absolutamente inadmisible.

7. Espacio europeo y organización de los Estudios.

Reorientación en criterios de racionalidad. Ante el reto del espacio europeo de enseñanza superior, la LOU crea un marco muy indefinido que hay que concretar y orientar. El espacio europeo no puede ser una excusa para homogeneizar todas las titulaciones bajo criterios finalistas y orientados a dar respuesta a unas supuestas necesidades de mercado que vienen determinadas por los grupos de presión dominantes. Las disciplinas relacionadas con los conocimientos básicos no pueden ser contrapuestas o minusvaloradas frente a las disciplinas aplicadas. Esta es una tendencia detectada en los últimos anteproyectos del Gobierno anterior. La racionalidad consiste en hacer un buen uso de los recursos con que la sociedad tendría que dotar las Universidades públicas. No podemos tampoco ni queremos aceptar que la Europa de los pueblos no contemple precisamente el conocimiento de la cultura, historia y lengua propias de cada pueblo, escondido este conocimiento bajo la cobertura de una configuración de Europa basada en los estados actualmente establecidos.

8. Régimen de profesorado.

El personal de los diferentes cuerpos, funcionarios y contratados laborales, tienen que tener la misma dedicación. En ningún caso la carga lectiva superará las ocho horas semanales. Cualquiera normativa que se desarrolle respeto a la dedicación del profesorado no tiene que suponer en absoluto la dedicación docente actualmente establecida, sino que por el contrario tiene que tender a una reducción atendiendo la nueva orientación formativa que los estudios superiores exigirán del profesorado. El concepto tutorial tradicional (‘atención al alumnado’) no se puede asimilar con las nuevas exigencias derivadas de la reforma de las enseñanzas superiores.

Se debería contemplar la reducción de la carga docente (lectiva y tutorial) al llegar a los 55 años, sin que esto implique una exclusión absoluta de aprovechamiento de la experiencia lograda en otros ámbitos, como por ejemplo la gestión o la investigación.

Puesto que la dedicación a tiempo completo en la Universidad se corresponde con su propia naturaleza, se tendría que fomentar la incorporación a tiempo completo del profesorado. En esta línea, y de acuerdo con la reivindicación histórica de STEs-i, hay que posibilitar, en determinadas condiciones, la promoción del profesorado asociado a figuras estables y de dedicación exclusiva en la Universidad. Se tendría que prestar especial atención a la promoción del profesorado asociado proveniente de los cuerpos docentes no universitarios, en aquellas áreas que sea oportuna.

En ningun caso se tiene que superar la dedicación máxima establecida reglamentariamente. Hay que proveer mediante sustituciones el déficit docente, qualquiera que sea la causa.

Se tendría que regular normativamente la generalización de los años sabáticos para todos los colectivos docentes y considerarlo un derecho laboral, sin menoscabo de las retribuciones ordinarias.

STES-i reclama la máxima autonomía universitaria para que las universidades tengan la máxima competencia en el desarrollo de los aspectos correspondientes a selección de profesorado, estructura de plantillas, modalidades de contratación, etc., al tiempo que vamos a requerir a negociar con los sindicados el ejercicio de las competencias que defenderemos.

9. Sistema retributivo.

El personal de las universidades (PDI y PAS) tienen que recuperar la pérdida del poder adquisitivo con un aumento lineal de sus retribuciones.

• Complemento de destino: Se tienen que modificar.- CU: 30; TU/CEU: 29; TEU: 28, con la correspondiente clasificación del resto de cuerpos docentes no universitarios.

• Complemento específico: Garantizando la igualdad retributiva básica del PDI funcionario de todo el Estado Español, se debe establecer la posibilidad de que el complemento específico contenga un componente básico y homogéneo y otros susceptibles de ser establecidos por las comunidades autónomas. Finalmente, se tiene que contemplar como un componente de este complemento específico la retribución mediante el reconocimiento de los quinquenios, basados en la evaluación de la docencia.

• Complemento de productividad: tiene que contemplar, no sólo la actividad investigadora, como hasta ahora, sino también la docencia, la gestión y la formación continua. El órgano que ha de evaluar estas actividades tiene que ser de ámbito autonómico.

La cuantía correspondiente a los diferentes componentes tiene que ser igual para todos los cuerpos docentes, tanto por los conceptos referidos a los quinquenios, como a los sexenios, como a los ‘autonómicos’.

El personal de las universidades debe ser retribuido de manera digna, homogénea y uniforme. No se aceptará la discriminación retributiva en función de las posibilidades coyunturales financieras de cada universidad. Además, exigiremos que se financie el aumento retributivo que significará la aplicación del nuevo sistema para el personal funcionario y contratado. A una nueva y no prevista carga financiera para las universidades tiene que corresponder una financiación extraordinaria.

Dentro de las diferencias de régimen que se dan entre el personal funcionario y el contratado, se exigirá que el régimen de dedicación docente e investigadora, así como las retribuciones correspondientes, sean también lo más igualitarias posible.

Exigiremos la constitución de las Mesas Sectoriales de Universidades en cada comunidad autónoma, a fin de negociar las competencias retributivas y de régimen de profesorado atribuidas a cada una. Asimismo trabajaremos por la negociación de un Convenio Colectivo para el personal laboral (PDI y PAS) que contemple las mejoras arriba reseñadas.

Desde STEs-i no podemos sino considerar altamente negativo y peligroso para las Universidades y la Sociedad, considerada en conjunto, el mantenimiento en vigor la Ley Orgánica de Universidades, que ataca frontalmente a la Autonomía Universitaria, fundamento de la libertad de docencia, estudio e investigación, imprescindible para una sociedad democrática, y la debilita hasta alcanzar un punto crítico, supeditando la institución universitaria clara y coherentemente a los intereses de las clases dominantes del sistema globalizador imperante. Además denunciamos que, dado que no se contó con las Universidades para su elaboración ni con el necesario consenso político, sino que fue resultado de la imposición unilateral del Partido Popular, carencia que se hace patente en todo el enunciado de la misma ley, es necesaria, insistimos, su sustitución global con los apoyos sociales, académicos y políticos adecuados. Asimismo, exigimos un proceso negociado con los sindicatos representativos en lo referente al despliegue de la ley que sustituya la actual LOU, tanto a nivel estatal como autonómico.