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Cuando en 1996 la Confederación de STEs- I conmemoraba este día de
lucha internacional por la mejora de las condiciones de trabajo y en
memoria de las personas afectadas por muertes, accidentes y
enfermedades ocasionados por el trabajo, lo hacía con sentimientos
contrapuestos. Ilusión por un lado por una recientemente aprobada
Ley de Prevención de Riesgos Laborales (noviembre 1995), que aunque
con excesivo retraso, y con un contenido excesivamente recortado por
la presión empresarial, ponía fin a la visión tradicional de
seguridad, limitada hasta entonces a los accidentes de trabajo,
enfermedades profesionales y a la cultura de la indemnización una
vez perdida la salud. Efectivamente, por primera vez en la
legislación española se ponía el énfasis en la prevención y
promoción de la salud y se hablaba de todo tipo de riesgos laborales
como los psicosociales, posturales, y los relacionados con la
maternidad, etc. Por otro lado preocupación –la situación de la
salud laboral en el Estado era nefasta- y desconfianza ¿quién
aseguraba la puesta en marcha de la nueva Ley?
En los 8 años transcurridos desde la publicación de la Ley,
lamentablemente también de incumplimiento -reiteradamente denunciado
por la Confederación de STEs-I- y el contexto socioeconómico y
laboral ha cambiado significativamente: globalización de la
economía, introducción de nuevas tecnologías y rapidísimo auge de
las políticas neoliberales.
Las empresas y lamentablemente también las Administraciones Públicas
, que deberían ser escrupulosas en las condiciones de trabajo de sus
empleadas/os, se han embarcado en un imparable proceso de
descentralización de sus actividades, desregulación normativa de las
condiciones de trabajo, precarización del empleo, subcontratación de
empresas más pequeñas, movilidad funcional y elevadísimo número de
contratos temporales. Modificaciones en las relaciones laborales que
han hecho que trabajadoras y trabajadores hayamos perdido fuerza en
nuestras reivindicaciones y veamos desaparecer o tambalearse
conquistas históricas que creíamos consolidadas, lo que
inevitablemente se traduce en el empeoramiento de nuestra calidad de
vida y de nuestra salud.
Estos 8 años han puesto de manifiesto la imperiosa necesidad que
tenemos las trabajadoras y trabajadores de que la Ley se cumpla, sin
embargo, el gobierno del PP –en estos mismos 8 años de gobierno- ha
puesto de manifiesto una nula voluntad política de hacerlo. Durante
el gobierno Aznar no se ha modificado la lista de enfermedades
profesionales que data de 1978 y no se han reconocido enfermedades
laborales que tienen una relación evidente con el trabajo, como las
que se derivan del trabajo con amianto o los nódulos en las cuerdas
vocales en el caso del profesorado. En la misma línea las
Administraciones Públicas se han caracterizado durante estos años
por la ausencia absoluta de cultura preventiva, poniendo trabas de
todo tipo a la constitución y funcionamiento de los Comités de
Seguridad y Salud, escatimando la formación para las personas que
los constituyen, contratando Servicios de Prevención a empresas
privadas –con el consiguiente ánimo de lucro entre sus objetivos-,
abusando de los contratos temporales, negando la participación de
los trabajadores en la planificación y organización del trabajo,
infravalorando la importancia de la evaluación de riesgos en todos
los centros de trabajo y no garantizando la adecuada vigilancia de
la salud, aspectos todos ellos recogidos como obligaciones del
empresario en la Ley de prevención, y por tanto derechos que se
están hurtando a las y los trabajadores.
Porque 8 años de reiterado incumplimiento de la Ley son demasiados,
porque las trabajadoras y trabadores siguen muriendo y enfermando a
causa de su trabajo, porque con nuestra salud no se juega.
Desde la Confederación de STEs-I exigimos;
No más demoras, no más engaños, cumplimiento de la
Ley Ya
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