Los casos que se suscitan, tras las demandas que interponen los padres y madres de alumnos contra los docentes, pone de actualidad, entre el profesorado, la antigua amenaza de la Responsabilidad Civil y Penal derivada del ejercicio de nuestra profesión. También, la falta de diligencia y previsión de la Administración educativa.

Por nuestro lado, jamás hemos pretendido sustraernos a la acción de la justicia que se derive de nuestros actos, ni estamos por invocar “el espíritu de cuerpo”, una malentendida autodefensa que nos aleja de las soluciones a nuestros problemas y, a la vez, del resto de la comunidad educativa. Por el contrario, se trata de que la sociedad y la Administración comprendan que los riesgos de la docencia están en la propia naturaleza de nuestro trabajo; sobre todo, cuando nos hemos comprometido a dar al alumnado el papel de sujeto, de protagonista de su propio proceso de aprendizaje, de su maduración personal, de su formación como persona.

Tendría que desaparecer para siempre la idea según la cual un centro educativo es, sobre todo, una gran “guardería” donde hay unas personas trabajando para que al alumnado no les pase nada. Un centro educativo es una comunidad de personas donde se efectúan actividades diversas, donde se mantienen relaciones personales muy complejas, donde se atienden muchos problemas, algunas veces en sustitución de quien realmente lo debería hacer. Es en este marco donde se ha de entender la responsabilidad del profesorado.

Por ello, deberían quedar bien acotadas las circunstancias que deben concurrir para que pueda justificarse una denuncia por actuación negligente, y, por la misma razón, los límites que deben ponerse a la judicalización de este tipo de contenciosos.

Como comentábamos en la primera página, vuelve a ser noticia la responsabilidad civil del profesorado. Así pues, conviene hacer un poco de memoria y plantear cuál es la situación actual en la que se encuentran los docentes en activo en esta materia.

Tras el traspaso de Competencias Educativas, en materia de enseñanza no universitaria, la Consejería de Educación y Cultura de la Junta asume la competencia para resolver los procedimientos anteriores.

Así, el 10 de abril publica la Circular 2/2000 de la Dirección General de Recursos Humanos sobre responsabilidad patrimonial de la Administración y la regulación de la asistencia judicial del personal docente y no docente al servicio de la Administración autonómica.

Finalmente, estamos a la espera de que la Consejería publique una Instrucción, que ya ha sido dictaminada por el Consejo Escolar Regional, para regular la responsabilidad patrimonial de la Administración en materia de accidentes de alumnos.

Así pues, con la entrada en vigor del procedimiento que marque la circular que publique la Consejería, la Administración educativa responde a las consecuencias derivadas de un accidente escolar. Se plantea, de este modo, la VíA ADMINISTRATIVA por la que la Administración asume la responsabilidad patrimonial.

Porque no se puede evitar el enjuiciamiento de una persona, por ser algo reconocido en todo Estado de Derecho y hay padres y madres que, ante un accidente que afecte al alumnado, derivado de las actividades escolares o extraescolares, adoptan la VÍA JUDICIAL, sea por consejo jurídico o por cualquier otra causa. Y si lo hacen por esta vía se ha de acusar a personas concretas, lo que pone al profesorado en una tesitura difícil.

También, hay que tener en cuenta que, según el art. 145.2 de la Ley 30/1992, la Administración, cuando hubiere indemnizado directamente a los lesionados, podrá exigir del personal a su servicio la responsabilidad en que haya incurrido, siempre que haya existido dolo, culpa o negligencia grave.

Desde la Federación de STEs se está presionando a la Administración educativa con el objetivo de garantizar la seguridad en el trabajo del personal docente, ante posibles situaciones que pusieran en duda la diligencia necesaria del profesorado para prever posibles accidentes del alumnado. También, venimos insistiendo, reiteradamente en que no se inculpe al profesorado de los accidentes fortuitos del alumnado, lo cual es totalmente compatible con el derecho de las familias a recibir una indemnización suficiente por la vía administrativa, de forma que no se recurra a la vía judicial.

Con el fin de aportar soluciones a la problemática que genera el tema de la responsabilidad civil y penal del profesorado, en el ejercicio de su tarea docente, restablecer el clima de serenidad que se necesita en los centros, y para evitar repercusiones negativas para el desarrollo de actividades necesarias para el alumnado, consideramos que, además de la normativa legal actual, se deben abordar otros aspectos:

1. EN EL ÁMBITO LEGISLATIVO, JURÍDICO Y NORMATIVO.

1.1. Instar a las Cortes Generales la modificación de la figura de la simple imprudencia o negligencia sin infracción de reglamento, al menos, para los casos de funcionamiento de los servicios educativos. Así se evitaría utilizar la vía penal contra el personal de los Centros educativos para conseguir la indemnización.

1.2. En los casos de reclamaciones por vía penal, la Consejería de Educación y Cultura debería elevar a la Fiscalía la petición de que se realice una muy cuidada cualificación penal en el caso de las reclamaciones de indemnizaciones por el funcionamiento del servicio educativo.

1.3. La Consejería de Educación debe impulsar una disposición normativa de ámbito estatal que refuerce la seguridad jurídica de los docentes, donde se especifique el grado de responsabilidad del profesorado en cada una de las circunstancias y momentos que rodean la docencia.

1.4. La Administración Regional debe permitir que cada Centro, a partir de unas directrices mínimas comunes, elabore e introduzca en la PGA una serie de medidas de seguridad del alumnado en las actividades escolares y extraescolares, adaptadas a las condiciones del Centro y Zona.

1.5. La Consejería debe desarrollar un Plan de Formación dirigido a los distintos sectores de la comunidad educativa sobre condiciones de seguridad en la realización de las actividades en general.

1.6. La Consejería debe concretar un Plan de actividades extraescolares y complementarias con una partida económica anual para las mismas, que contemplará prioritariamente los centros y alumnos en situación de desventaja.

1.7. La Consejería debe reforzar su Asesoría Jurídica y las de sus Direcciones Provinciales, para que ofrezcan todo tipo de información y asesoramiento, de modo que el profesorado no se sienta indefenso.

2. EN EL ÁMBITO DISUASORIO DEL USO DE LA VÍA PENAL Y POTENCIADOR DE LA VÍA ADMINISTRATIVA:

2.1. La Consejería debe elaborar y distribuir entre los padres y madres de alumnos una publicación explicativa en relación con el tema, donde se potencie el procedimiento que favorezca y agilice las reclamaciones de las familias por vía administrativa, sin necesidad de recurrir a la vía judicial.

2.2. La Consejería clarificará y actualizará una tabla de indemnizaciones para los distintos tipos de lesiones sufridas por el alumnado durante la actividad escolar y extraescolar.

2.3. La Consejería concretará una póliza de seguros de responsabilidad civil individual de todo el personal al servicio de la Administración educativa, con cobertura ilimitada o lo más amplia posible, cuyas condiciones dará a conocer a los Centros y a las Juntas de Personal.

2.4. La Consejería concertará la ampliación del Seguro Escolar de Accidentes, de forma que cubra a todo el personal y alumnado del Centro, en actividad escolar y extraescolar.

2.5. La Consejería debe agilizar los procedimientos de Responsabilidad Patrimonial, porque creemos que si se resolvieran en el menor tiempo posible (el R.D 429/1993 plantea el plazo de dos meses) se evitarían muchos procesos judiciales.

3. EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD:

La Administración Regional ha de establecer y favorecer medidas de seguridad que faciliten la realización de la actividad escolar, de modo que no existan Centros que, por infraestructura, o por falta de plantilla, por ratios excesivas de los vigilantes de comedor, por no establecer los cuidadores que se necesitan en los transportes escolares, no cubrir adecuadamente las sustituciones, condiciones de laboratorios y gimnasios, etc, etc, sitúen en condiciones de precariedad al alumnado de la Escuela Pública.

Esperamos que se siga avanzando en este tema, de manera que se resuelva favorablemente para el alumnado de los centros públicos, que en definitiva, es lo que nos interesa a todos, y para el profesorado responsable del mismo, que somos todos y cada uno de nosotros.