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La Cumbre Social ha pactado
convocar para el 15 de septiembre una marcha a Madrid, así como
otros actos que podrían desembocar en una "huelga general
ciudadana".
La intención de la marcha hacia Madrid es que "centenares de
miles de ciudadanos" participen en ella desde todos los rincones
de la geografía española, según consta en la declaración firmada
esta noche.
En la rueda de prensa posterior han advertido de que la cumbre
social, a la que habrá que darle una denominación, durará hasta
que acabe la "situación de excepción" que vive el país tras los
recortes aprobados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Respecto a la convocatoria de la "huelga general ciudadana",
indicaN que ha habido propuestas para convocarla, pero que se ha
decidido que no es el momento de anunciarla, aunque no se ha
descartado dependiendo de cómo reaccione el Gobierno.
Entretanto, se ha pactado apoyar todas las movilizaciones a
nivel sectorial y general que se celebren en agosto, entre las
que ha citado las salidas a la calle de trabajadores del sector
público, y que los viernes, coincidiendo con los consejos de
ministros, haya concentraciones ante edificios "emblemáticos" de
toda España, como las delegaciones de gobierno.
El 12 de septiembre, haN recordado, habrá una jornada de lucha
en defensa del sector público y tres días después se celebrará
en Madrid una gran manifestación, consecuencia de la marcha
hacia la capital que se habrá puesto en marcha desde toda
España. También se harán "actos de visibilidad" como pegadas de
carteles y reparto de octavillas en los transportes.
Respecto al referéndum, han precisado que todavía no tiene fecha
porque depende del Gobierno, pero ha indicado que si no lo
acepta el Ejecutivo sería un domingo tras la marcha del 15.
Además de esta acción, las organizaciones quieren que el
Gobierno convoque un referéndum para que la ciudadanía se
pronuncie sobre la política de recortes que está aplicando. De
acuerdo con las fuentes sindicales, esta consulta podría
convocarse en la segunda quincena de octubre.
La "cumbre social" tiene previsto reunirse el 6 de septiembre,
tras las movilizaciones del verano, para tratar la convocatoria
de la protesta general, y como objeto, aunar a diferentes
organizaciones y asociaciones en el rechazo a la política de
recortes del Gobierno y en la defensa de lo público.
Esta nueva plataforma aglutina a unas 150 organizaciones
sindicales, de inmigrantes, juristas, futbolistas, de las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, consumidores, del
personal sanitario, de la justicia, del ecologismo, del arte y
de la dependencia, entre otras.
La mesa en representación de esta "cumbre social" está formada
por Toxo, Méndez, un miembro del Consejo de la Juventud de
España -que representa a la Plataforma en defensa de los
servicios públicos y del Estado del bienestar-, de los técnicos
de Hacienda (Gestha), de Jueces para la Democracia, de
Ecologistas en Acción, de la Unión Progresista de Fiscales y del
Sindicato de Arquitectos.
El presidente de los técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos
Cruzado, ha explicado que se han sumado a la cumbre porque los
ajustes del Gobierno son injustos e ineficientes, ya que van a
suponer un frenazo al consumo y un aumento del paro.
La secretaria general del sindicato de Arquitectos, Alexia
Maniega, ha considerado que hay que estar todos unidos frente a
esta "marea de recortes" y ha recordado la precariedad laboral
por la que pasa su sector.
En nombre de la Asociación de Jueces para la Democracia, Joaquín
Bosch ha indicado que apoyan la iniciativa de los sindicatos y
sus movilizaciones ante la gravedad de la situación que afecta a
la concepción del estado social y democrático.
Inés Herrero, de la Unión Progresista de Fiscales, ha recordado
que hay que participar de la solución y que llevan tiempo
denunciando la situación del país y de los ciudadanos, caso de
los recortes a la función pública y a la sanidad.
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Cuarenta organizaciones sociales
de Castilla y León, abiertas a nuevas incorporaciones de
cualquier ideología y tendencia, han acordado hoy un borrador de
manifiesto, que será aprobado definitivamente el 5 de septiembre
próximo, contra los recortes del Gobierno del PP y en defensa de
la democracia.
Las organizaciones se han constituido en una "cumbre sindical",
enmarcada en la misma iniciativa aprobada ayer a escala nacional
para concretar acciones de protesta contra las medidas
económicas y sociales del Gobierno de Mariano Rajoy y para
impedir que "arruine" a España y comprometa la democracia.
Han explicado este mediodía en rueda de prensa en Valladolid que
"el protagonismo es de la sociedad", representada por el
colectivo de las cuarenta entidades, y ha hecho un llamamiento
para que se incorporen nuevas entidades de todo el espectro
social y de cualquier ideología y tendencia.
Señalan que en la "cumbre sindical" se ha decidido trabajar en
un documento unitario, aprobado ya hoy como borrador, que sería
elevado a definitivo en otra reunión del 5 de septiembre próximo
y que expresa su oposición a las medidas del Gobierno y le exige
una rectificación.
"Que primen las personas y no los mercados", ha demandado
Prieto, el cual ha anunciado movilizaciones todos los viernes de
agosto ante algunas sedes de las administraciones públicas y
"quizá" ante la Delegación del Gobierno.
El 15 de septiembre se llevará a cabo una "gran marcha" sobre
Madrid, donde se espera reunir a más de un millón de
manifestantes, independientemente de la recogida de firmas en
toda España en contra de los recortes gubernamentales.
Han avisado de que los sindicatos tienen "capacidad" para
convocar una huelga general y otras huelgas sectoriales si el
Gobierno no rectifica, ya que "el cabreo es de tal calado" que
la ciudadanía ya no puede aguantar.
También ha denunciado que el Gobierno y el PP están aprovechando
la crisis para construir una sociedad "a la medida de ellos" y
contraria a las conquistas democráticas y ha manifestado que el
Ejecutivo nacional "ha perdido el norte" y está haciendo "lo
contrario" de lo que prometió.
Han comentado que se creará una comisión permanente de trabajo
para la elaboración definitiva del documento mencionado,
contando con aportaciones de personas del mundo de la cultura,
la comunicación, el deporte y otros sectores, que difundirán y
explicarán a la ciudadanía el contenido del texto.
Cada provincia de Castilla y León contará con su "cumbre social"
y todas las administraciones públicas formarán una plataforma
sindical, al tiempo que se trabajará en la convocatoria de un
referéndum nacional para que los ciudadanos digan si aceptan o
no las medidas del Gobierno.
También han advertido de que las organizaciones mencionadas "no
descartan ninguna otra medida" para obligar al Gobierno a
rectificar.
El documento, estructurado en dos partes, coincide en la primera
de ellas con la denuncia de la situación nacional y dedica la
segunda y última a la defensa de las particularidades sociales y
económicas de Castilla y León.
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