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n el artículo 27 de la
Constitución, para favorecer la convivencia
democrática, se consensuaron dos derechos, nacidos
de los principios de igualdad y de libertad, ambos
extraordinariamente complejos y de difícil
conciliación. Se yuxtaponen así dos formas de
entender la educación: una tiene como bandera la
expresión «derecho a la educación»; es la de la
Escuela pública, de tradición laicista. El santo y
seña de la otra es la «libertad de enseñanza», donde
se sitúan los centros privados, en su mayoría
religiosos. Las dos tradiciones han coexistido y han
inspirado los principios que han presidido las
distintas leyes educativas que, de uno u otro signo,
han sido promulgadas en nuestro país desde 1978. Sin
embargo, no se fían una de otra; es más, cada cual,
en el fondo, se postula como alternativa.
Aceptando el rasgo de la
alternancia, propio de estados democráticos, ¿cómo
superar esa desconfianza que hace que cada gobierno
legisle haciendo que la educación esté sujeta a los
vaivenes políticos que la ponen patas arriba a la
primera de cambio? Seguramente que fuera necesario
un verdadero debate nacional donde se analizase en
profundidad nuestro sistema educativo: qué es lo que
funciona, qué es lo que falla y hacia dónde
deberíamos caminar. Se continúa dando palos de
ciego, nos dejamos guiar por corrientes de opinión,
por encuestas de dudosa profesionalidad y por
informes que sólo tienen en cuenta determinados
factores.
Por otra parte, posiblemente,
haya llegado el momento de comprender que el
consenso sobre valores básicos, con ser
imprescindible, no es suficiente. Será necesario
completarlo con un acuerdo que se centre en los
procedimientos, es decir, sobre las reglas de juego
a aplicar. De este modo, superado el mero pacto
político, se pueda llegar a un verdadero compromiso
social por la educación, en el que todas las
Administraciones, tanto la estatal como las
autonómicas, aseguren unos recursos y unos controles
que garanticen, a todos sin excepción, su derecho a
una educación de calidad.
Pienso, ingenuamente, que, con
la buena intención de buscar el consenso y tratando
de conciliar el derecho a la educación con la
libertad de enseñanza, la Administración socialista
presentó a la sociedad española, para su discusión y
aportación de propuestas, el documento «Una
educación de calidad para todos y entre todos». El
debate generado durante varios meses fue bastante
flojo y produjo escasos entusiasmos entre los
componentes de la comunidad educativa. Si bien es
cierto que la máxima responsabilidad hay que
atribuírsela a la Administración central a la que le
faltó convicción y tesón para explicar lo que había
de nuevo y de viejo en la propuesta que presentaba.
Como consecuencia, en mi opinión, se perdió, una vez
más, una inmejorable oportunidad para realizar un
diagnóstico serio de nuestro sistema educativo. ¿Es
preciso recordar que la Ley General de Educación de
1970 -en pleno periodo franquista- vino precedida de
un Libro Blanco?
Surgió así el anteproyecto de
Ley para su discusión en el Parlamento. El texto
intenta simplificar la proliferación de leyes
educativas en vigor y plantea algunos de los
problemas que tiene nuestro sistema educativo, pero
es tímido en cuanto a las soluciones que propone
para resolverlos. Y en este punto parece que, como
en otras cuestiones desde su acceso al poder, al
gobierno del PSOE le faltó valor para dar un giro
imprescindible a la política educativa, así como
para adquirir un verdadero compromiso con la Escuela
pública.
Veamos tres ámbitos, que desde
mi punto de vista son de gran importancia para el
futuro del sistema educativo, y en los que se
erosiona a la ya maltrecha Escuela pública. Suele
decirse que las soluciones de ayer son los problemas
de hoy. Esto es lo que ocurre en el contencioso
Escuela pública-Escuela privada concertada. La Ley
Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) de 1985
blindó legalmente los intereses privados y
confesionales en educación, justificando las
subvenciones -hoy conciertos- al sector privado.
Entonces se argumentó las necesidades de
escolarización y de gratuidad, allí «donde la red
pública no llegaba». Hoy, sin embargo, la doble red
es un obstáculo para que la educación obligatoria
sea un factor de cohesión social y creación de
ciudadanía. Los intereses privados han terminado por
imponerse y el papel subsidiario que inicialmente se
le atribuía al sector privado se ha transferido al
público, con el consecuente aumento de las
desigualdades sociales. El dictamen de la Comisión
plantea diferentes modificacio nes al Anteproyecto
que benefician a la escuela de titularidad privada.
Aumentan los recursos económicos para financiar los
centros privados concertados (3,1 %). No se
establecen medidas ni requisitos suficientes que
permitan el control de los mismos y se dificultan
las posibilidades de rescindir los conciertos. Se
hace necesario un compromiso social, real y
efectivo, por la Escuela pública.
En segundo lugar, como cuesta
menos predicar que dar trigo, se plantean en el
articulado algunas «declaraciones de fe» sobre el
reconocimiento y apoyo al profesorado; sin embargo,
apenas se hacen concreciones. Se pasa de puntillas
sobre temas importantes como la formación o la
protección de la salud y prevención de los riesgos
laborales. No se aborda el acceso diferenciado para
el profesorado interino, ni se plantean medidas para
reducir la tasa de precariedad laboral. Se introduce
una carrera docente basada en la evaluación
«punitiva», unida al sistema retributivo, fomentando
la competitividad entre los docentes, cuando en las
instancias internacionales se aconseja el trabajo en
equipo. Más allá de los reconocimientos retóricos,
para afrontar los futuros retos del sistema
educativo, se hace imprescindible una mejora de las
condiciones laborales y de homologación salarial. Se
hace necesario un compromiso social, real y
efectivo, con el profesorado.
En tercer lugar, se mantiene
una cierta ambigüedad respecto al concepto de
calidad educativa que en ningún momento se define ni
se especifica su contenido. ¿De qué se está hablando
cuando se pide más calidad? ¿Qué calidad se puede
pretender cuando en el articulado se presenta la
posibilidad de aumentar en un 10% el número de
alumnos por aula? Pese a las magníficas intenciones
de pretender conseguir una educación de calidad para
todas y todos, el reformismo gubernamental es
incapaz de preguntarse por qué el sistema educativo
tiende a beneficiar a los ya favorecidos
culturalmente. Aunque se dice que en el periodo de
la educación obligatoria, la prioridad debe ser
luchar por conseguir la máxima igualdad de
oportunidades posible, las medidas que se proponen
para conseguirla son insuficientes. Trabajar a favor
de esta igualdad supone, sobre todo, reducir el
fracaso escolar de los más excluidos. Ello exige una
mayor equidad escolar, que no supone dar a todos los
mismo, sino dar a cada uno según sus necesidades. Se
hace necesario un compromiso social, real y
efectivo, por una educación de calidad para todo el
alumnado.
En fin, la suerte ya está
echada¿ para la Escuela pública. Y, a mi juicio, se
ven más sombras que luces. Nos queda, por un lado,
asistir a los efectos no previstos, inesperados o no
deseados a los pretendidos por los legisladores; por
otro, la esperanza, en el sentido de que nadie podrá
nunca quitarnos, si nosotros no queremos, ese
espacio de creación y recreación de la cultura, que
es la escuela, cuando ésta se convierte, sobre todo,
en un espacio de vida. |
