La radiografía del estado de la educación en los países de la OCDE, el Informe PISA 2003, ha hecho saltar la alarma sobre los malos resultados obtenidos por el sistema español. Aunque los conocimientos y habilidades de los españoles en matemáticas, comprensión lectora y cultura científica ya aparecían a la cola de los países desarrollados en 2000, el macroestudio hecho público el lunes revela un preocupante estancamiento, e incluso un empeoramiento en lectura.

Estos resultados cobran especial relevancia al incidir en el debate sobre la reforma del sistema educativo no universitario.

El Ministerio de Educación, a través de su secretario general, Alejandro Tiana, ha asegurado que tomará nota de cara a los cambios que prepara, pero ha señalado con alarmante complacencia que el puesto que ocupa España es el que le corresponde según su nivel de cultura y riqueza.

Una afirmación que se compadece mal con la realidad, pues varios países recién incorporados a la UE, con una renta media sensiblemente más baja, aparecen por delante. Está claro que ni se han puesto los medios adecuados ni se han promovido políticas efectivas para situar a España en el nivel de los países más avanzados de Europa.

Bastan para demostrarlo los ejemplos de Polonia -que en apenas cuatro años ha hecho mejorar su educación con una reforma educativa acertada- o el de Irlanda, que casi con la misma inversión por alumno que España consigue mejores calificaciones.

Entre los factores que influyen en el suspenso español destaca la baja inversión que históricamente se ha destinado a la educación, con un gasto por alumno por debajo de la media de la OCDE. También inciden la escasa inversión en infraestructuras públicas y la falta de políticas de incentivación del profesorado. Así como los cambios sociales que ha experimentado España, con un aumento de alumnos inmigrantes (unos 100.000 más al año), al que no se ha respondido con el esfuerzo necesario, y el distanciamiento entre los centros educativos y las familias.

Para enfrentarse a estos retos, un sistema educativo de calidad y de futuro debe buscar la elevación del nivel de todos sus alumnos, que es la manera de incrementar a medio plazo el de todo el país, mediante una seria apuesta de Estado con la colaboración de las comunidades autónomas. No estaría mal que el Gobierno empezara por analizar y, en su caso, aprender de los modelos desarrollados en las tres comunidades autónomas que se han analizado en este informe (Castilla y León, Cataluña y el País Vasco), que han obtenido resultados por encima de media española.

MALOS resultados, una vez más, para el sistema educativo español en el ámbito internacional. El informe «Pisa» sitúa a España en el puesto 23 sobre un total de 29 países miembros de la OCDE. El mal ajeno no debe servir de consuelo, aunque es llamativo que Estados Unidos o Italia figuren por debajo de España.

El informe demuestra, además, que estamos en presencia de un sistema estancado, más bien con tendencia a empeorar en ámbitos tan relevantes como las matemáticas o la comprensión lectora. Salvo excepciones, los niveles de excelencia están fuera del alcance de nuestros adolescentes y, en el otro extremo, un 20 por ciento de ellos no llega al promedio exigido para el «conocimiento mínimo».

Al contrario, parece que la tendencia a igualar a los distintos tipos de alumnos es una característica peculiar, no precisamente positiva. Más datos significativos: la situación es algo mejor en la enseñanza privada que en la pública y las mujeres ganan terreno sobre los varones en diversos sectores.

La educación es, tal vez, el principal reto que se plantea a la sociedad española en un futuro a medio plazo. El enfoque partidista alcanzó su culminación con la Logse y se refleja de nuevo en la brusca ruptura por parte del Gobierno socialista con la tímida y tardía reforma impulsada por el Partido Popular a través de la Ley de Calidad.

En general, hay demasiadas leyes y normas de todo tipo, así como un protagonismo excesivo de algunos responsables autonómicos, más preocupados por fomentar una visión localista que por la formación integral de los alumnos. La educación es el fundamento de una sociedad vertebrada y sólida, capaz de adaptarse a las nuevas exigencias tecnológicas y de practicar la virtud cívica que sustenta la democracia política.

Los grandes perjudicados del sistema, al margen de demagogias, resultan ser los menos favorecidos social y económicamente. Ojalá triunfe el sentido común sobre el oportunismo coyuntural y podamos ver a España en un lugar digno en los próximos informes internacionales.

El segundo informe trienal de la OCDE sobre el nivel de los estudiantes de 15 años en 41 países desarrollados ha vuelto a ofrecer resultados decepcionantes para España.

Tanto en cultura matemática y científica como en comprensión lectora, los escolares españoles --catalanes incluidos-- quedan por debajo de la media. Sí parece haberse conseguido un sistema equitativo, acogedor y con poco conflicto entre los adolescentes y la institución educativa. Pero esto no basta.

Ante los problemas de la educación en España, parece que sólo se sepan proponer reformas de leyes orgánicas y planes de estudio más exhaustivos.

Sin embargo, la lección de los países con mejores resultados académicos en el citado estudio demuestra que la vía del éxito es otra: destinar más recursos y dar autonomía a los centros para que el profesorado sienta que puede y debe permitirse una mayor exigencia, en lugar de estar permanentemente sobrepasado por las circunstancias.

Un conjunto de medios, responsabilidad y objetivos que permitan estimular a los alumnos con más dificultades, que son demasiados, e incentivar a aquellos que tienen posibilidades de alcanzar la excelencia académica, que son demasiado pocos.

No es nuevo que la calidad de la educación de España esté por debajo de la media de los 29 países de la OCDE. Lo mismo advirtió esta institución a través del informe Pisa hace cuatro años.

Lo grave es que estemos igual que entonces y que, en todo este tiempo, no se hayan adoptado medidas efectivas para paliar este problema. Pero mucho peor es la tranquilidad con la que una vez más las autoridades españolas, y en menor medida las catalanas -que son las responsables por tener las competencias traspasadas-, han reaccionado a esta certificación de que el país no está formando bien a su juventud.

En Austria nada más conocerse que había sufrido un retroceso en su calidad de enseñanza se ha generado un auténtico debate nacional. En Alemania, situada en la mitad del ranking,el gobierno ya ha anunciado un replanteamiento del sistema educativo a la vista de los fallos detectados. Son diferencias culturales y políticas que marcan el desarrollo de una sociedad.

El motor del progreso de un país es la combinación de dos factores: la capacidad empresarial y la formación de la población. Aquí tenemos puesta la atención en las infraestructuras de cemento y, a menudo, tendemos a situar en segundo o tercer lugar de nuestras prioridades la educación. Craso error.

Si queremos garantizar un futuro de bienestar y progreso en el marco de la competitividad global en la que vive el mundo, hemos de cuidar la educación por encima de todo. Y Catalunya, que aspira a posiciones de liderazgo económico, cultural y social en una macrorregión europea, con mucha más razón debe atender esta cuestión. La responsabilidad no sólo es del Gobierno, sino del conjunto de la sociedad.

Catalunya, y por supuesto también el resto del Estado, deben plantearse lograr la excelencia en la enseñanza como prioridad absoluta a todos niveles. Gran Bretaña hace años que afrontó la puesta al día de su educación, con encuestas y tests anuales en cada nivel de la enseñanza, para detectar los fallos y corregirlos de inmediato, con objeto de que ninguna generación pudiera perder conocimientos.

Además, en su Parlamento, también cada año se realiza un amplio debate sobre el estado de la educación. El Parlament de Catalunya y el Congreso de los Diputados deberían adoptar iniciativas similares para concienciar al conjunto de la sociedad y lograr mejorar la calidad de la enseñanza. El país se juega demasiado como para no reaccionar al nuevo aviso que nos han dado.

La radiografía que del sistema de enseñanaza español ha hecho la OCDE, organización en la que se integran treinta de los países más desarrollados del mundo, deja poco lugar a las interpretaciones: con una inversión en Educación similar a la media, nuestros alumnos obtienen unos resultados más que mediocres.

De hecho, la última evaluación, centrada en los conocimientos matemáticos, nos coloca en un pobre puesto 23, sólo por delante de Estados Unidos, Portugal, Italia, Grecia, Turquía y México. Los datos de este análisis coinciden, por lo demás, con otros estudios anteriores, también a cargo de la OCDE, en lo que se refiere a las ciencias o a la comprensión de la lectura.

El fracaso del sistema, implantado durante los primeros gobiernos del PSOE pese a las grandes reservas de la comunidad educativa, se alcanza en toda su crudeza al analizar los resultados de acuerdo a los antecedentes socio-profesionales de los padres. En España, los alumnos de extracción más modesta, es decir, los que recurren mayoritariamente a la enseñanza pública, son los que salen peor parados.

No parece que sea exclusivamente una cuestión de dinero. El informe destaca que en otras naciones con menores inversiones el resultado académico es mucho mejor, con independencia de la capacidad adquisitiva de las familias. Y concluye: «España no es un país muy eficaz».

En definitiva, la OCDE no hace más que constatar lo que ya sabíamos, que el nivel de la enseñanza en España ha ido descendiendo y las nuevas generaciones salen mucho peor preparadas que las anteriores, aun contando con más medios. Como han demostrado los dos intentos frustrados de los gobiernos del Partido Popular por cambiar las cosas, buena parte de la responsabilidad de que perviva en el tiempo una ley como la LOGSE hay que atribuírsela a los nacionalismos.

Parece que ha llegado el momento de que los dos grandes partidos nacionales se pongan de acuerdo, al menos, en lo que se refiere al futuro de nuestros hijos.

EL reciente informe de la OCDE sobre nivel educativo en los 30 países más desarrollados no ha podido ser más demoledor para España, a quien coloca en un vergonzoso pelotón de los torpes. Nuestros estudiantes de secundaria no alcanzan la media de conocimientos en matemáticas, lectura y ciencia, y un 20%de ellos no supera el nivel básico en dichas materias. A la luz de los datos es difícil imaginar un suspenso más clamoroso para la polémica LOGSE.

Los criterios de esta ley educativa que tantas discusiones originó desde su entrada en vigor han hecho que para muchos pedagogos no haya representado ninguna sorpresa que, en el llamado Informe PISA de evaluación internacional de estudiantes, España figure en los puestos 22 (cultura científica), 23 (comprensión de la escritura) ó 24 (cultura matemática). Dentro de estos resultados desalentadores, Castilla y León lidera las mejores puntuaciones españolas. En comprensión de lectura obtiene el puesto 14 -la siguen el País Vasco en el 18 y Cataluña en el 28-. En matemáticas la prueba la situó en el puesto 20 -el País Vasco está en el 23 y Cataluña en el 26-.

Lo peor de esta situación no son los negativos resultados obtenidos por los alumnos españoles, sino que la confrontación política amenaza con impedir la necesaria honestidad intelectual para reconocer unos problemas que necesitan de una urgente rectificación desde el rigor académico y el más elemental sentido común. La política educativa es algo demasiado serio como para que se emplee como arma de lucha partidista, está en juego algo tan vital para el desarrollo de una nación como es la capacitación de las generaciones que algún día deberán tomar el relevo.

Aunque la LOCE no se haya aplicado en su totalidad por el cambio de legislatura, muchos de sus contenidos -como algunos de la propia LOGSE- conforman un modelo de enseñanza que permite albergar esperanzas de que nuestro país mejore sus resultados educativos; pero no será de forma inmediata, pues los resultados de estas reformas necesitan ciclos de cinco a diez años para ser valorados y ello obliga a no demorar más tiempo la toma de decisiones. No solo nuestros alumnos están a la cola de la enseñanza, España también aparece en los últimos puestos de gasto en educación, aunque aquí sería injusto olvidar el ingente esfuerzo realizado por las Administraciones durante los últimos decenios. Si bien el incremento presupuestario es necesario, el rendimiento escolar depende igualmente de que no se debiliten, como ha ocurrido, los valores del esfuerzo y la exigencia personal ni se desdibujen conceptos básicos relacionados con el sentido del deber, la disciplina y el respeto al maestro.

Los resultados de la política educativa dependen de un impulso común de toda la comunidad escolar en la que se integra un profesorado para el que no basta asignar una retribución por el cumplimiento de unas jornadas lectivas y olvidarse después de ellos.

LA MÁS importante investigación sobre el nivel educativo de 40 países (los 29 de la OCDE y otros 11), la llamada Encuesta Pisa, afirma que España no sólo estaba en niveles bajísimos en las tres materias analizadas en el 2003 sino que no se ha producido progresión alguna desde que se efectuó la primera encuesta, en el 2000. El pasado año, España ocupaba el puesto 20 en matemáticas, el 22 en comprensión lectora y el 21 en ciencias. De los países de la UE, sólo Portugal, Italia y Grecia estaban por detrás de nosotros en las tres materias. Los autores del trabajo advierten a nuestro país de una clara regresión en la comprensión lectora. Lo más grave es que no se aprecian demasiadas reacciones, cuando lo normal es que ya se hubiera desencadenado un gran debate nacional.