CIRCULAR RESPONSABILIDAD CIVIL

CIRCULAR 2/2000, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS SOBRE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN ASÍ COMO REGULACIÓN DE LA ASISTENCIA JUDICIAL DEL PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO Y NO DOCENTE AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA.

  Ante las diversas cuestiones planteadas en esta Dirección General relativas a la responsabilidad de la Consejería de Educación y Cultura por los daños y perjuicios derivados de la actuación de los profesores en el ejercicio de actividades escolares, extraescolares y complementarias, y dada la particular importancia que se otorgara a las medidas indemnizatorias, resulta procedente hacer las siguientes consideraciones generales:

     La Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, dedica su Título X a la regulación de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, si bien el desarrollo reglamentario fue llevado a cabo por el Real Decreto 429/1993 de 26 de marzo por el que se aprobó el Reglamento de los procedimientos de la Administración Pública en materia de responsabilidad patrimonial, siendo las disposiciones de este Reglamento de aplicación a todos los procedimientos que, en relación con esa materia, inicien, instruyan y resuelvan las distintas Administraciones Públicas, sin perjuicio de las especialidades procedimentales que las Comunidades Autónomas, con competencias al respecto, pudieran establecer.

   La ausencia de regulación específica en esta Administración, no obsta, sin embargo, para que, la Consejería de Educación y Cultura asuma directamente la responsabilidad en aquellas contingencias derivadas de la actuación de los profesores en el ejercicio de sus funciones cuando éstas ocasionen daños a terceros; todo ello sin necesidad de que los interesados recurran a ningún procedimiento judicial y calculando las indemnizaciones con arreglo a los criterios de valoración establecidos en las disposiciones vigentes; ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado.

     Para atender a las consecuencias derivadas de las actuaciones antes mencionadas, la Consejería de Educación y Cultura iniciará, bien de oficio, bien previa solicitud de los interesados el procedimiento de responsabilidad patrimonial el cual deberá resolverse, en un plazo no .superior a un mes si se traía de un procedimiento abreviado y no superior a seis si, por el contrario se tarta de un procedimiento general.

    Por lo que respecta a la regulación de la asistencia Judicial del personal docente no universitario y no docente al servicio de esta Administración, baste decir que-ambos se encuentran incluidos en el ámbito de aplicación del Decreto 203/1997 de 23 de octubre el cual preceptúa la asunción por parte de los Servicios Jurídicos de la Administración de Cartilla y León, de la asistencia judicial del personal al servicio de la misma, la cual, previa obtención de la correspondiente autorización se desarrollará tanto en los procesos civiles como en los penales, siempre y cuando se cumplan los requisitos legalmente establecidos.

Para aquellas cuestiones relacionadas con el contenido de esta Circular, el personal deberá dirigirse a la Dirección Provincial de la que dependa su puesto de destino, la cual les facilitará toda la información que demanden en lo que al procedimiento y a la tramitación se refiere.

Valladolid, 10 de abril de 2000
EL DIRECTOR GENERAL
DE RECURSOS HUMANOS

Francisco Llorente Sala