STEs Castilla y León Opinión

Editoriales

29 de enero de 2009

El Periódico

http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=582620&idseccio_PK=1006

'Revés del Supremo al PP y a los obispos'
El Supremo trunca la campaña del PP y los obispos contra Ciudadanía

L

La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado la pretensión de ejercer la objeción de conciencia frente a la asignatura de Educación para la Ciudadanía que reclaman colectivos de padres apoyados por la jerarquía de la Iglesia católica y amparados por el PP, que en algunas comunidades que gobierna, como Madrid y Valencia, la ha boicoteado con distintas argucias. Es el caso de la estrambótica decisión del Gobierno valenciano de impartirla en lengua inglesa.
La decisión del Supremo se ha tomado por 22 votos frente a 7, tras más de 20 horas de deliberación durante tres jornadas. Un resultado suficientemente contundente y mejor que la unanimidad. Porque unanimidad hubiera significado un apaño que no hubiera contentado a nadie.
El fallo ha unificado doctrina, pues tribunales de rango inferior habían aceptado la objeción, unos, y la habían rechazado, otros, y sienta jurisprudencia ante las numerosas demandas pendientes de sentencia. Los decretos por los que se introdujo la asignatura "no alcanzan a lesionar el derecho fundamental de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones", sentencia el Supremo. Es decir, que las acusaciones de adoctrinamiento político, religioso o moral que habían lanzado los objetores y la derecha política y religiosa contra la asignatura misma no tienen base legal alguna. Pese a ello, los defensores de la objeción han anunciado su intención de acudir al Tribunal Constitucional, y a instancias europeas si es necesario. Están en su derecho. Otra cosa es que las administraciones educativas en manos del PP mantengan el boicot, desobedeciendo así al Gobierno y despreciando la doctrina del Tribunal Supremo. Ello resultaría inadmisible y punible.
Tras dejar sentado que los decretos son legales y la asignatura es obligatoria como cualquier otra, la sala deja abierta la puerta a que los padres recurran a los tribunales contra las editoriales si se sienten atacados por la interpretación que hagan del programa de la asignatura los libros de texto de sus hijos. Después, claro está, de que la inspección y la autoridad educativa no hayan atendido sus reclamaciones. Si bien es cierto que hay libros de Ciudadanía muy discutibles, los jueces no deben convertirse en censores del mal gusto o árbitros de doctrinas encontradas, que será lo que se les planteará.

El País

http://www.elpais.com/articulo/opinion/objecion/elpepiopi/20090129elpepiopi_2/Tes/

Sin objeción
El fallo del Supremo reafirma la obligatoriedad de Educación para la Ciudadanía

E

El pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha rechazado por 22 votos contra 7, y tras dos días y medio de deliberaciones, la posibilidad de objetar la asignatura de Educación para la Ciudadanía. La sentencia, aún por redactar, unifica la jurisprudencia sobre un asunto que la Conferencia Episcopal, algunas organizaciones afines y el principal partido de la oposición han tratado de convertir en arma contra el Gobierno, anteponiendo el interés político a la preocupación por los alumnos. A la espera de los argumentos que contendrá la sentencia, el comunicado de los magistrados tras la deliberación avanza, en cualquier caso, que las normas que desarrollan la asignatura y que han sido objeto del recurso "no alcanzan a lesionar el derecho fundamental de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".

Algunas familias que promovieron la objeción han anunciado su intención de mantener abierta la vía judicial más allá de la decisión del Supremo, llevando el caso hasta el Constitucional y el Tribunal Europeo de Estrasburgo. Están en su derecho, aunque lo que se encuentra en juego tras un fallo como el de ayer, que les quita la razón, es el perjuicio que pueden seguir causando en la comunidad escolar. Los alumnos deberían volver a clase de inmediato y sean cuales sean las siguientes acciones judiciales que pretendan entablar los partidarios de la objeción, poniendo fin a la situación de excepcionalidad que se vive desde el inicio del curso. Es oportuno y tendría que ser escuchado el llamamiento de la ministra de Educación para que las comunidades autónomas donde existan objetores resuelvan su situación cuanto antes y siempre pensando en el interés de los alumnos.

Más allá de las consecuencias judiciales del fallo, hay lecciones institucionales que no deberían ignorarse. En su oposición a la asignatura, el Partido Popular ha oscilado entre el esperpento de la Comunidad Valenciana, que intentó impartirla en inglés, y el desprecio al Estado de derecho que practica la Comunidad de Madrid en ésta y otras materias. Si el Tribunal Supremo ha unificado la jurisprudencia, bien estaría que el PP hiciera otro tanto con su postura. Las normas están para ser cumplidas, lo mismo que las sentencias, y el principal partido de la oposición no puede avalar situaciones de hecho como las vividas en muchos centros educativos.

El Mundo

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/01/29/opinion/2586532.html

El Supremo avala la Ciudadanía que hubiera debido ser

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EL TRIBUNAL Supremo acaba de salvar la asignatura de Educación para la Ciudadanía al establecer que no cabe la objeción de conciencia ni ante los dos decretos estatales que regulan la materia ni en los cuatro casos concretos analizados. Esto significa que los más de 50.000 alumnos cuyas familias habían objetado la asignatura deberán acudir a clase y estudiar la materia tal y como su centro la haya conformado.

Sin embargo, para obtener la amplia mayoría de 22 contra 7 en el fallo, el Supremo va a incluir en la sentencia una importante matización: que la asignatura no permite a las autoridades administrativas o escolares, ni a los profesores, imponer a los alumnos criterios morales o éticos que sean objeto de discusión en la sociedad, puesto que el contenido de la materia debe centrarse en la educación de principios y valores constitucionales.

Esta salvedad supone en el fondo una tremenda ironía, pues lo que el Supremo está avalando es la EpC tal y como debería haber sido desde un principio. Es evidente que la gran mayoría de la sociedad española hubiera estado de acuerdo con una asignatura que se hubiese ajustado a ese modelo, por la misma razón que la Carta Magna sigue generando un amplio consenso. La polémica de la asignatura no es su teoría -enseñar civismo- sino su desarrollo en la práctica, y basta una rápida ojeada por algunos manuales de la asignatura para constatar hasta qué punto pueden diferir de ese ideal al que aspira el Supremo: mientras unos libros descalifican la laicidad, otros critican las posiciones de la Iglesia católica; mientras unos se niegan a reconocer el matrimonio homosexual, otros lo reivindican; mientras unos animan a los jóvenes a llevar consigo preservativos en todo momento, otros abominan de la experimentación con embriones. Parecería que en principio todos estos contenidos podrían ser impugnados según la sentencia del Supremo, pero también es cierto que en el caso de que los padres denuncien su caso particular, lo más probable es que el fallo se produzca cuando su hijo haya terminado el curso. Será, por tanto, una magra victoria.

Todo esto no hubiera ocurrido si el Gobierno hubiese planteado la asignatura en la estela de las que ya existen en otros países europeos, y no como una puerta abierta para difundir su ideología.Ayer la ministra Mercedes Cabrera se congratulaba de que el fallo del Supremo dará fin a la «batalla política» en torno a la asignatura, pero la iniciativa para evitar que la Educación sea objeto de luchas partidistas debe brotar de quien gobierna y, en este sentido, bastaría con que el Ejecutivo hubiese consensuado los contenidos de la EpC con todos los partidos que defienden la Constitución, y en particular con el principal partido de la oposición, promoviendo una materia que difunda los principios y valores de la Carta Magna. En lugar de eso, lo que hizo fue permitir que cada centro haga de su capa un sayo y adapte la materia a su particular ideología o sistema de creencias, con la ridícula asunción de que esta asignatura va a convertirse en un criterio fundamental para elegir colegio en un país donde tal posibilidad está, en la práctica, bastante limitada.

Lejos de «resolver el larguísimo debate» como afirmó ayer la ministra, el fallo del Supremo sólo le aplica un punto y aparte.Varias familias de objetores ya anunciaban ayer que recurrirán la sentencia ante el Constitucional y el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos si no comprueban que la asignatura cambia sus contenidos de acuerdo con lo que propugna el Supremo, convirtiéndose en lo que siempre debería haber sido.

La Vanguardia

http://www.lavanguardia.es/premium/edicionimpresa/20090129/53629352666.html 

Sí a la educación para la ciudadanía

P

POR una amplia mayoría de sus magistrados, 22 sobre 29, el Tribunal Supremo rechaza el derecho a objetar contra la asignatura educación para la ciudadanía (EpC) que se recoge en la ley orgánica de Educación (LOE) del 2006. Desde entonces ha convocado más de 50.000 objeciones de alumnos y una gran cantidad de recursos judiciales y sentencias. El TS, después de una deliberación de 20 horas, declara que no existe derecho a la objeción porque "no lesiona el derecho fundamental de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones". La sentencia, que se hará pública en un mes, podría incluir recomendaciones sobre algunos contenidos. La implantación de la EpC abrió una polémica entre el Gobierno y el sector más conservador de la Conferencia Episcopal, alguno de cuyos representantes llegó a afirmar que impartir la asignatura era "colaborar con el mal". Una polémica a la que se sumó después el PP, algunas de cuyas autonomías se negaron a impartir la asignatura, promovieron su objeción o bien ordenaron su docencia en inglés. En el fondo subyacían dos cuestiones. La primera es si el Estado, como ocurre en todos los países de nuestro entorno, debe velar para que los estudiantes sean formados en los valores humanos, cívicos y morales. La segunda es si la asignatura afecta a la enseñanza de la religión católica, a la que tienen derecho los padres que así lo deseen para sus hijos.
 

ABC

http://www.abc.es/20090129/opinion-editorial/objecion-pero-20090129.html  

No a la objeción, pero...

L

LA decisión de la sala Tercera del Tribunal Supremo de no reconocer el derecho a la objeción de conciencia de los padres de alumnos contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía transfiere la polémica jurídica al Constitucional. Será este órgano el que decida, finalmente, si las familias tienen o no un derecho constitucionalmente legítimo a objetar la impartición de esa asignatura a sus hijos. Nunca fue fácil el encaje legal del ejercicio de este derecho individual, normalmente reservado para que el ciudadano autotutele su conciencia frente a la imposición por el Estado de prestaciones o comportamientos que colisionan con sus principios morales. Sin embargo, la burda pretensión de adoctrinamiento que anima políticamente esta asignatura rompió los esquemas teóricos de la objeción de conciencia -circunscritos a supuestos como el servicio militar obligatorio o la práctica del aborto- y forzó a muchas familias a plantearse una respuesta cívica. El TS ha considerado, a reserva de conocer la fundamentación de la resolución, que los ciudadanos no tienen derecho a la objeción y que las normas reguladoras de la asignatura no vulneran el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones. Por tanto, no sólo ha resuelto sobre la objeción, sino que ha respaldado el contenido de la asignatura, pese a que, al parecer, ha introducido matizaciones para alcanzar la más amplia mayoría posible. Pero tales matizaciones serían puramente retóricas -sin eficacia real para zanjar el conflicto entre el Estado y los ciudadanos- porque consistirían en advertir a los poderes públicos de que no pueden imponer en la enseñanza criterios éticos o morales discutidos socialmente y reconocer la posibilidad de promover otros posibles planteamientos del derecho a la objeción de conciencia. En definitiva, el TS solventa unos concretos recursos, lanzaría una mera admonición al Gobierno y dejaría la puerta abierta a nuevos conflictos.
En todo caso, el problema político y social sigue vigente, aunque las sucesivas instancias del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Estrasburgo ratifiquen el criterio del TS. Ese problema es de moral cívica, no confesional, y se sustenta en la ilegitimidad intrínseca de cualquier intento del Estado de adoctrinar moral y éticamente a los alumnos -ya fuera con contenidos laicos o confesionales- para configurarlos conforme a un determinado modelo de ciudadanía. La mera legalidad de una decisión política no la hace cívicamente beneficiosa, y el caso de la asignatura de Educación para la Ciudadanía es un ejemplo de intervencionismo ético por el Estado en la vida de los ciudadanos, revestido, como todas las grandes agresiones a la libertad conocidas en la Historia, con los mejores propósitos de regeneración y de virtuosidad.
Esta asignatura será legal, pero es una piedra de discordia en la sociedad, frente a la que no ha funcionado, por el momento, una objeción de conciencia menos secundada de lo esperado y, como ahora se demuestra, sin estar integrada en una estrategia de fondo, política e intelectual, capaz de responder en igual medida al empeño socialista de mutar, como fuera, la escala de valores de la sociedad. Como es obvio, el Gobierno socialista no sólo propagará la sentencia como un éxito político, que lo es, sino que también se sentirá animado para profundizar en otros proyectos de su agenda «social», tan lesivos o más que la asignatura de Educación para la Ciudadanía y en los que la objeción de conciencia también es un enojoso derecho individual que les estorba. Ahí está pendiente la ampliación de la ley del aborto, de la que se declaró abiertamente partidario el presidente del Gobierno en su reciente intervención televisiva. No son los jueces los que deben decidir las estrategias políticas del Ejecutivo y de la oposición. Esta sentencia es un pequeño bálsamo para un Gobierno hundido por la crisis económica, pero no cancela la legitimidad de las quejas de miles de ciudadanos -muchos más que los que han objetado-, ni exime al Partido Popular del deber de ser coherente con su oposición a una política socialista de intromisión en la formación moral de los ciudadanos.

 

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