STEs Castilla y León Opinión

Temor a la ley de educación de Extremadura

Miércoles, 28 de mayo de 2008

Opinión: Juan Carlos Guerra Núñez. STE-Ex

 

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"la Comunidad de Madrid ha decidido privatizar un colegio público cuya construcción costó 200 millones de euros"

Desde los medios de comunicación empezamos a escuchar el ruido de fondo que nos prepara para una futura Ley de Educación de Extremadura. Ante acontecimientos así STE-Ex no puede hacer otra cosa que ponerse en alerta y a la defensiva por lo que se nos avecina. La pretensión de este sindicato no pretende ser alarmista, ni intentar crear un clima de opinión contrario de antemano a los planteamientos que provengan de la consejería, pero manejamos muchos datos que nos hacen temernos lo peor: En primer lugar, esta no es una iniciativa made in Extremadura, sino que es impulsada desde la administración central.

Esto podría ser algo tranquilizador, dada la incompetencia mostrada por nuestra Consejería de Educación en enderezar el rumbo de la educación en nuestro territorio y su obsesión por inventar el mundo y ser ‘pioneros' no se sabe muy bien de qué. Sin embargo, estas iniciativas forma parte de unas reformas de mayor calado que intentan transformar (lo que en el lenguaje educativo viene significando desde décadas atrás ‘estropear') el panorama educativo de nuestro país. A dos años de la aprobación de la Ley Orgánica de Educación, su aplicación está suscitando movilizaciones, huelgas y rechazo en buena parte de las comunidades autónomas.

En el mes de mayo, concretamente, se han vivido huelgas en Canarias, en Cataluña, en Andalucía, en Madrid, en Cantabria... Durante la tramitación de la LOE, la Confederación de STEs-intersindical (de la que forma parte STE-Ex) alertó a la población sobre la gravedad de algunos elementos contenidos en la misma y el peligro que para la red pública y para el profesorado podría conllevar su aplicación. Algunos gobiernos de las comunidades autónomas han decidido desarrollar esta Ley a través de leyes propias como el caso de Cataluña y Andalucía, y nos encontramos en la antesala de la Ley extremeña.
En el articulado de la nueva Ley catalana de Educación (promovida por el PSC) se han introducido elementos como: la municipalización de los centros públicos, la provisión de direcciones y puestos de trabajo por libre designación en centros de zonas desfavorecidas con "régimen retributivo extraordinario"; un modelo de gestión empresarial que se establece para los centros públicos, que constituyen pasos inequívocos de cara a la desestructuración de la enseñanza pública y favorecen en un futuro procesos de externalización y de privatización. La exacerbación de la aplicación de la LOE en Madrid (gobernada por el PP) está llevando a que se ceda suelo o colegios enteros a la red privada en detrimento de la red pública.


En Andalucía (de nuevo PSOE) se están promoviendo iniciativas parecidas a las extremeñas, con planes de calidad. Estos planes se basan en la diferenciación salarial del profesorado en función de unos parámetros que nuevamente dejan en manos del azar la lucha contra el fracaso escolar. Numerosos claustros han rechazado sumarse a estos planes que suponen el aumento de dotaciones económicas a los centros y de incentivos al profesorado que se acogiera a los mismos. De la evaluación de los sucesivos años dependerá que la administración pague o no un complemento de productividad (sic) a quienes se comprometan con la reducción del fracaso, es decir, a reducir el número de suspensos. Estas iniciativas han contado con movilizaciones en contra de STEs-intersindical, junto con las llevadas a cabo en Canarias, Castilla y León, etc.

En segundo lugar, este panorama se agudiza dados los precedentes existentes en nuestra comunidad. El fracaso escolar en Extremadura es insostenible, y trata de ser maquillado una y otra vez con medidas populistas como las clases de refuerzo. De hecho, los refuerzos en educación son ya un reconocimiento del fracaso del sistema, ya que acudir a más horas de estudio guiadas (sean sufragadas por la administración o pagadas a un particular) supone la declaración expresa del desaprovechamiento del alumno de su horario de aprendizaje. El profesorado viene observado como día a día su labor se desacredita, mientras los políticos tratan de vender a los medios reformas tan inanes como la excesiva informatización de las aulas (por cierto, los equipos informáticos empiezan a quedarse obsoletos, ¿de dónde saldrá el dinero para su renovación?, ¿estamos preparados para ello en un período de crisis?, ¿por dónde vendrá el recorte?). Continuamente se acusa veladamente de las necesidades formativas del profesorado para adaptarse a los tiempos, cuando lo que los padres perciben precisamente es que los niños cada vez saben menos. La situación es evidente.

En nuestra comunidad se ha hecho el esfuerzo, igual que en otras comunidades, de aglutinar a la totalidad del alumnado hasta los 16 años, hecho que se ha conseguido. Pero, aparte de la apuesta de la ‘cantidad' en enseñanza, queda pendiente la reforma por la ‘calidad' de la misma. Sin embargo esta es más difícil y requiere más tiempo y recursos, por lo que es mucho más fácil tomar iniciativas como las que se están produciendo, encaminadas a conseguir mejores resultados numéricos, aunque la realidad sea que la preparación de nuestros alumnos resulta muy inferior (tan sólo en el caso de Juan Carlos Rodríguez Ibarra realmente cree que su hija ha sido mejor preparada que los alumnos de hace veinte años).

Y en tercer lugar, estas reformas que se vienen preparando en nuestra comunidad cuentan con la anuencia sindical encubierta, como están dejando entrever ciertos sindicatos que andan más preocupados del contento de la administración que el del profesorado. Ya se han iniciado los contactos y negociaciones (todavía ‘clandestinos'), así que en breve asistiremos a la escenificación sempiterna en nuestra comunidad: una administración que primero lanza un órdago que asusta al profesorado, al considerar la propuesta muy lesiva para sus intereses, después los sindicatos de siempre dicen salir al rescate, y finalmente se llega a un acuerdo (pactado como decimos desde el principio) que supone un deterioro de las condiciones laborales del profesorado. STE-Ex no quiere entrar en ese juego, y denuncia que en todo este proceso el profesorado queda completamente al margen.

Desde STE-Ex nos comprometemos a no ceder en nuestra defensa de sus intereses, a hacer oír su voz, a denunciar cualquier maniobra orquestada por la administración que se produzca para lograr sus objetivos, y a defender, como siempre hemos hecho, la escuela pública, cada vez más denostada y minusvalorada al quedar en manos de unos políticos completamente incapaces para sanar sus heridas (que ni siquiera reconocen).

Juan Carlos Guerra Núñez. STE-Ex

 
http://www.extremaduraaldia.com/temas/temor-a-la-ley-de-educacion-de-extremadura/58778.html

 

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