STEs Castilla y León Opinión

Política de desarrollo rural

 
25 de julio de 2006

OPINIÓN

Ángel de los Ríos
 

  • La que se está aplicando actualmente, que es básicamente la que recoge financiación de la Unión Europea, no evita el grave proceso de envejecimiento y pérdida de población.

L

A puesta en marcha de los procesos previos para acceder a los recursos que la Unión Europea dispone de manera específica para la política de aesarrollo rural hace que nos encontramos en el momento adecuado para reflexionar sobre el problema rural y las acciones del Gobierno para intentar corregirlo. El punto de partida puede ser analizar la política de desarrollo rural que se está aplicando actualmente, que es básicamente la que recoge financiación de la Unión Europea, y determinar si es suficiente para afrontar con alguna garantía el grave proceso de envejecimiento y pérdida de población en la inmensa mayoría de los municipios de Castilla y León. La cuestión es pertinente, porque es posible que la mera existencia de estas actuaciones cofinanciadas induzca, a veces, a la Administración a confundir el objetivo de sus actuaciones, y poner la prioridad en obtener la mayor cantidad de recursos posibles; ello le conduce a planear un conjunto de actuaciones muy acordes con lo exigido por la burocracia que diseña las políticas europeas y, una vez obtenidos los recursos, a gastarlos de la manera que mejor satisfagan las exigencias de los reglamentos que los regulan. De esta manera se obtienen éxitos formales, aunque no siempre reales, de manera que el problema sigua ahí. Por ello, a la hora de afrontar el problema del despoblamiento rural, deberíamos dejar temporalmente de lado los fondos europeos y centrarnos en un correcto diagnóstico de la situación, investigar sus causas, y en la medida en que veamos que el proceso pueda ser reversible, determinar cuales son las actuaciones óptimas, y ver, entonces, cómo podemos obtener la mayor cofinanciación posible para las mismas.

De manera muy simplista puede afirmarse que el problema del despoblamiento rural, que en mayor o menor medida está afectando a todas las economías desarrolladas, tiene que ver con los cambios tecnológicos que se han ido produciendo y que pueden sintetizarse en la mecanización de la agricultura, la reducción de los costes de transporte y las ventajas que proporciona a las empresas el aumento de su tamaño. Si la primera redujo la cantidad de mano de obra requerida por la agricultura, las otras dos acabaron con la mayor parte de las pequeñas empresas industriales y de servicios existentes en los pueblos, que no pudieron competir con las empresas mas grandes situadas en los núcleos de población mayores, que producían más barato y que además podían trasladarlo de manera rápida y poco costosa a cualquier lugar. Si a eso se añade la popularización del automóvil y la mejora de la red de carreteras, encontramos cómo la preferencia de las familias por mejores dotaciones de servicios hace que incluso aquellos que aún tienen empleo en los pueblos acaben viviendo en poblaciones capaces de proporcionales la mejor oferta o, alternativamente, a una corta distancia de las mismas.

Si las causas del problema son estas, es claro que políticas que pongan la mayor parte del acento en el sector agrario difícilmente pueden corregirlo. Pues bien, aunque la política de desarrollo rural de la Unión Europea, con el paso del tiempo ha ido incorporando medidas destinadas a financiar actividades no agrarias, no puede evitar ser todavía una política que confunde lo rural con lo agrario, y así queda reflejado en el propio nombre del nuevo fondo creado para financiar esta política: Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y en el conjunto de actuaciones que se propone impulsar, que no son otras que las que tradicionalmente formaban parte de lo que se llamaba política agraria socioestructural, al que se le añadieron primero medidas de carácter medioambiental, más recientemente otras destinadas a diversificar la economía rural y en la última reforma se le ha incorporado los programas Leader, que constituyen, quizá, la experiencia más interesante en materia de desarrollo rural tomada por la Unión.

Por otra parte, el hecho de que la gestión de la política de desarrollo rural quede en manos de las unidades administrativas que gestionan las actuaciones agrarias, incide en reforzar el carácter agrario de estas políticas y por tanto la pérdida de enfoque para afrontar el problema. Y así, a pesar del agotamiento del sector primario para proporcionar renta y empleos, constatable en la inmensa mayoría de los países de la Unión, la mayor parte de los recursos se destinan a actuaciones en la agricultura y la ganadería.

Parece pues pertinente evitar que la discusión sobre los fondos europeos oculte el problema real y centrarnos en formular una política donde el problema sea la despoblación y el enfoque para su solución no sea parcial ni sesgado. Las políticas de desarrollo rural no pueden basarse en el desarrollo de un sector, que aunque no nos guste, ocupa en la economía actual un lugar marginal, el fomento de la industria y los servicios deben ocupar el lugar central en lo económico. Pero no puede olvidarse que existe otro problema, consecuencia del elevado número de pequeños municipios (en Castilla y León, de los 2.248 existentes, 1.698 tienen menos de 500 habitantes), que hace que ni los ayuntamiento por sí mismos, ni las diputaciones o la Junta puedan proporcionar en todos ellos unos servicios de la calidad suficiente para satisfacer las necesidades de sus habitantes y evitar la emigración. Es por tanto necesario proceder a una concentración de los servicios en aquellos municipios mejor preparados para subsistir, y proporcionarlos de manera satisfactoria. Este problema quizá sea políticamente muy sensible, pero de él puede depender la permanencia de la población en muchos espacios rurales de la región.

Ángel de los Ríos
Catedrático de Economía Aplicada.- Universidad Valladolid

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