STEs Castilla y León Opinión

Educación sin consenso

8 de abril de 2006

Opinión.- EL MIRADOR

Enlace artículo original Antonio Papell

L

a Ley Orgánica de la Educación (LOE) recién aprobada por las Cortes, sexta reforma educativa en veintisiete años, obra casi póstuma de la efímera ministra San Segundo, nace con la enemiga del principal partido de la oposición, lo que parece asegurarle una vida corta, apenas hasta la próxima alternancia. En principio, esta inestabilidad legislativa constituye una merma de la norma, pero a pesar de que en la fase actual del proceso ideológico y político el acuerdo entre los dos grandes partidos es difícil, las buenas intenciones ya manifestadas por la futura ministra, Mercedes Cabrera, abren un portillo al optimismo en este aspecto. De cualquier modo, el actual disenso no es nuevo: la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) que promulgó el PP en la anterior legislatura y que no ha llegado siquiera a entrar completamente en vigor tampoco consiguió vincular a los socialistas

Dicho esto, hay que matizar acto seguido los ulteriores juicios puesto que la LOE no responde exclusivamente a la visión unilateral de la educación que posee el Gobierno socialista. A pesar de que, por lo que después se dirá, CiU no ha votado afirmativamente el texto final (se ha abstenido), la norma, elaborada entre pobladas manifestaciones callejeras encabezadas por la Iglesia Católica y el PP, es el fruto de una ardua negociación entre el PSOE y CiU, que ha fructificado en la totalidad de los asuntos negociados menos en uno, de menor entidad, que ha sido precisamente el que provocó al final la irritación de los convergentes; la presencia o no de un concejal en los consejos escolares de los centros concertados; CiU piensa, quizá con razón, que el edil podría convertirse en una especie de ‘comisario político’. De cualquier modo, los nacionalistas catalanes de Artur Mas han manifestado claramente que se sienten “copartícipes” de la ley, que, con esta salvedad, es idéntica en su enunciado a la que salió del Congreso de los Diputados, camino del Senado, el 15 de diciembre, con el voto afirmativo de CiU.

No es cierto tampoco que la LOE contradiga abruptamente los criterios, los principios y las estrategias de la LOCE. En realidad, aquélla adopta buena parte de la ‘filosofía’ educativa de ésta, aunque algo edulcorada. La LOE abona la cultura del esfuerzo personal, impide la progresión de curso a los alumnos que suspendan cuatro asignaturas (o tres, si el profesorado lo cree necesario), refuerza la autoridad de los directores de centro, ataca el problema de las aptitudes y las capacidades desiguales de los alumnos –aunque sustituye los polémicos ‘itinerarios’ por una serie de ‘refuerzos’ sistemáticos-, ‘blinda’ un marco general educativo para toda España –no es cierto por tanto que vaya a haber diecisiete modelos- sin coartar las competencias autonómicas... Y, como gran novedad, incorpora por primera vez un ambicioso plan financiero con el que se pretende resolver en diez años el grave déficit educativo que nos separa de los promedios europeos y que, para nuestra vergüenza, aparece en los informes periódicos de la OCDE y de las numerosas instituciones públicas y privadas que comparan estadísticamente el desarrollo social de los países comunitarios.

Podría decirse, en fin, si el análisis se efectúa con un esfuerzo de distancia y ecuanimidad, que la LOE intenta y consigue en buena medida una síntesis entre la LOCE del PP y los criterios socialistas y nacionalistas que matizan lógicamente aquel modelo educativo del centro-derecha. La LOE incorpora además una nueva asignatura -“Educación para la Ciudadanía”-, considerada “de adoctrinamiento” por el PP (difícilmente sería tal cosa enseñar, por ejemplo, la Constitución española) y no modifica sustancialmente el tratamiento de la Religión que mantuvo el PSOE en tiempos de González. Resultaría muy difícil de entender que, precisamente ahora, se admitieran demandas de parte dudosamente constitucionales en esta materia.

La gravedad de la crisis española en materia educativa, según todos los indicadores publicados, sugiere que quizá había que haber adoptado medidas más enérgicas pero, al cabo, no es sólo la circunstancial mayoría política la que ha de ponerse a trabajar en la dirección adecuada. Toda la colectividad debe implicarse en unos designios inaplazables que han de contar con el apoyo de los cuerpos docentes y de las clases intelectuales, así como de las diferentes instancias de la sociedad civil. En concreto, la “cultura del esfuerzo” y el “gusto por el trabajo bien hecho” son conceptos que no nacen de las normas sino de los códigos de valores inherentes a la ciudadanía. Deberán ser, pues, los padres los primeros agentes de esta necesaria movilización.

En cualquier caso, el tiempo apremia, y resultaría muy deseable que aquí se adoptara la praxis de debatir cuando toca y de trabajar una vez concluido el debate. Quiere decirse que quienes forman el sistema educativo tienen ahora la obligación de tomar con sus manos las nuevas herramientas, normativas y financieras, y ponerse a trabajar con ahínco en pro de unos objetivos que todos compartimos. Ya habrá ocasión en el futuro de planear nuevas reformas, en cuanto una nueva mayoría llegue a la conclusión de que son necesarias.

838 palabras.- Madrid, 8 abr. (COLPISA).

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