STEs Castilla y LeónOpinión
 

Educación Infantil Pública

14-04-2005

OPINIÓN

Francisca Majó

Siempre había pensado que el rescate de la democracia en nuestro país llevaría implícita, en cierta manera, la defensa de una política educativa pública, como garantía del derecho de todos los ciudadanos, desde su nacimiento, a la educación. Pensaba que podría hacerse realidad aquella filosofía y planteamientos que inspiraron los ilusionantes y esperanzadores años de la transición, con la «alternativa pedagógica» para la escuela pública.

Una educación concebida como servicio público, con calidad pedagógica y rigor científico, no puede ser lucrativa económicamente para nadie, ni elitista, ni de adoctrinamiento de ninguna ideología.

No se puede negar ahora el valor del esfuerzo realizado, las muchas experiencias positivas que han ido surgiendo y los importantes logros conseguidos desde entonces; pero si mirarnos la realidad, podernos constatar cómo las administraciones, una vez más, se cuestionan y agreden el tratamiento a la educación de los niños y niñas pequeños, arbitrando complejas formas de gestión administrativa para la escuela de los más pequeños —la Escuela Infantil, Escola Bressol o Casas de Niños— que tienden a excluirlos de hecho del sistema educativo y a introducirlos en un sistema de gestión privada que difiere sustancialmente de la concepción de educación pública que deseamos.

En esta línea, la LOCE, ley orgánica vigente, con sus concepciones neoliberales y sus planteamientos trasnochados, ha significado el golpe más duro a los modelos de Escuela infantil conseguidos hasta el momento; y las administraciones, en su voluntad por responder a la creciente demanda de servicios educativos para niños y niñas menores de 3 años, están aplicando un complejo modelo de gestión que, manteniendo la titularidad de centros públicos para los pequeños, tiende a declinar la responsabilidad de su gestión y funcionamiento en instituciones privadas, creando con ello un gran caos, confusión, y un agravio comparativo respecto a los otros niveles educativos; es, de hecho, la exclusión de la primera infancia del sistema público de educación.

La financiación, administración y control económico de los centros de educación infantil han de ser públicos; ninguna medida de ningún tipo debe tender a la actual privatización

En la práctica, nos encontramos que los niños de 3 a 6 años (segundo ciclo de Educación Infantil), están incorporados a los colegios públicos y considerados, a pesar del esfuerzo de muchos maestros con un trabajo especializado y comprometido, como aulas de preparación o apéndice, según se mire, de la escolaridad obligatoria; no tienen identidad propia, ni condiciones de organización, espacio, materiales, y no se les presta la consideración y singularidad que sus múltiples capacidades y la plasticidad de los primeros años requiere.

Pero es más desolador todavía el tramo de 0 a 3 años: no hay una oferta suficiente ante la creciente demanda de muchas familias, y el hecho de no poder asistir a la Escuela Infantil se convierte en la primera barrera selectiva para muchos pequeños. Hay pocas escuelas de educación infantil públicas para niñas y niños pequeños; las que existen de titularidad regional o municipal, y son muy pocas, luchan par conservar y perfeccionar el modelo educativo de calidad que se forjó en sus inicios. Pero no se puede silenciar el desencanto y desmoralización que se está viviendo en este momento, sea por el confusionismo legislativo, por la falta de planificación, la retirada de recursos económicos, la incorporación de personal no preparado profesional y académicamente o la falta de apoyos. En definitiva, se está padeciendo un tremendo desconocimiento de la primera infancia y de las múltiples posibilidades que puede aportar la educación. Es la regresión de muchas administraciones en la atención educativa a la primera infancia.

Las administraciones  tiende a declinar la responsabilidad de su gestión y funcionamiento en instituciones privadas, creando con ello un gran caos, confusión... ; es, de hecho, la exclusión de la primera infancia del sistema público de educación.

La proliferación de centros, llamados de gestión indirecta (cooperativas, empresas, sociedades...), y los hay de muchos tipos y colores distintos, está suponiendo ya en su diseño un agravio comparativo tanto en su funcionamiento como en su coste, respecto a las escuelas de gestión directa, y el personal educativo suele padecer unas condiciones laborales y económicas indignas. Hay casos de auténtica heroicidad por parte de los profesionales de estas escuelas que se esfuerzan por crear y mantener centros de gran calidad, a pesar de la explotación e incumplimientos de las administraciones titulares. Pero en otros casos, se puede constatar también un gran deterioro, abandono y un ambicioso afán lucrativo por parte de las empresas que las gestionan.

No cabe duda de que las administraciones, al adoptar esta forma de gestión, descargan sus responsabilidades y liberan sus plantillas orgánicas, pero es necesario cuestionar y comprobar, ahora que se tiende a una desmedida generalización de estas formas de gestión, si son en realidad escuelas públicas y si mantienen la voluntad de servicio público. Una denuncia especial, en esta línea, merece la Comunidad Autónoma de Madrid, tendente cada vez más a la privatización, como otras comunidades lo han hecho anteriormente, al regular o regalar por un decreto reciente los centros infantiles a empresas privadas.

La Escuela Infantil pública, como centro de educación infantil (para niños y niñas de 0 a 6 años), surgió precisamente de las muchas carencias y contradicciones que ha vivido la educación de los más pequeños relegada en parte a lo asistencial o a aprendizajes precoces, ignorando el derecho a la educación como desarrollo de todas las potencialidades de alas niñas y los niños, desde las edades más tempranas.

Ahora, ante la esperanza de la nueva ley de educación que se está preparando, es el momento de exigir sin rodeos y por encima de todas las distorsiones e intereses, unos centros de Educación Infantil Pública de calidad, con una institución educativa: la Escuela Infantil.

La proliferación de centros, llamados de gestión indirecta  está suponiendo ya en su diseño un agravio comparativo tanto en su funcionamiento como en su coste, respecto a las escuelas de gestión directa, y el personal educativo suele padecer unas condiciones laborales y económicas indignas.

La primera etapa del sistema educativo, la Educación Infantil (0-6), es una pieza fundamental, básica, del sistema educativo, al que todos los niños y niñas de cualquier clase y condición tienen derecho desde su nacimiento. Si en todos los niveles educativos la educación pública es un derecho y una exigencia fundamental, lo es más con los más pequeños. Pero una educación concebida como servicio público, con calidad pedagógica y rigor científico, no puede ser lucrativa económicamente para nadie, ni elitista, ni de adoctrinamiento de ninguna ideología, sino que debería ser también gratuita en el primer nivel educativo, como garantía fundamental de igualdad entre todos. Tampoco puede ser burocrática ni centralista, sino planificada y administrada en el marco de una política educativa global, gestionada democráticamente por las fuerzas sociales, especialmente los padres y madres.

La financiación, administración y control económico de los centros de educación infantil han de ser públicos; ninguna medida de ningún tipo debe tender a la actual privatización. Será necesario estudiar nuevas formas de administración y gestión educativa descentralizadas, a nivel nacional, regional y municipal para que el sueño de la educación infantil pueda ser realidad, en el marco de la nueva ley dé Educación; una ley que integre a los más pequeños, con pleno derecho e igualdad con los otros niveles educativos.

Debe surgir la nueva Escuela Infantil Pública, y debe ser laica, y de calidad y estar al servicio de todos.

Francisca Majó.- Psico-Pedagóga

 

 
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