STEs Castilla y LeónOpinión
 

Volver a la Escuela Pública

28 de abril de 2004

Alfonso Díez Prieto

La Ley Orgánica de la Calidad de la Educación, la LOCE (2002), nació tras un demoledor proceso de acoso y derribo a la anterior ley, la LOGSE (1990), a través de la llamada contrarreforma educativa del PP. Con la nueva ley más que intentar responder a la realidad social del país y a las necesidades educativas de la población, se pretendía con ella acabar con el carácter comprensivo y el espíritu democrático de la LOGSE. Así que, desacreditada ésta, hubo que redactar precipitadamente otra, ahora con el oportunista   marchamo de la calidad,  que terminara definitivamente con el sistema educativo anterior.

Con esta finalidad, el Partido Popular logró vender el mensaje catastrofista de la situación educativa española, desde análisis desvirtuados e interesados que calaron en amplios sectores de la sociedad y del profesorado. Sin embargo, desenmascarada, libre de su engañoso envoltorio, la LOCE se ha revelado, en su corta vida, como nos temíamos: menos inversiones en educación, más dinero a la enseñanza privada; más exámenes, menos programas de atención a la diversidad; más jerarquización, menos participación de la comunidad educativa; más control administrativo de los centros, menos autonomía de los mismos y del profesorado; menos becas y ayudas al estudio, más privatización de los servicios educativos; más segregación y menos pluralidad, etc., etc.

Paralelamente, la agresiva política de conciertos educativos, abanderada por el falso principio de “libertad de elección de centros” ha producido, como nunca se había conocido, un fuerte desequilibrio entre la red pública y la red privada-concertada, en detrimento de aquélla, tanto en la enseñanza obligatoria como en la no obligatoria. No hacía falta más que denigrar “lo público” a través de reiteradas campañas y declaraciones desde las instancias gubernamentales, políticas y culturales, generando incertidumbre y desconfianza en la población, creando un estado de opinión afín al sistema, para que cada cual, en un “sálvese quien pueda”, se buscara por su cuenta la educación, la sanidad, la jubilación y cualquier otro servicio -¡con lo que ha costado su conquista!- mientras se exaltaba “lo privado” como la quintaesencia de la calidad, de lo exclusivo, de lo sublime, liberando así al Estado de una obligación prioritaria e ineludible.

La alarmante pérdida de alumnado en los centros públicos en favor de los concertados no se debe a un espontáneo y repentino cambio de opinión de los padres acerca de cómo y dónde desean educar a sus hijos, sino que forma parte de un calculado proceso ideológico y mediático para inducirlos a optar por la enseñanza privada, a la que se le dan todo tipo de facilidades para renovar y ampliar los conciertos educativos, sin apenas control por las autoridades educativas. Después, sólo queda esperar a que los padres “elijan”, mientras la Administración mira para otro lado y se frota las manos. Tanto es así que hasta el Defensor del Pueblo, impelido por las protestas de sindicatos docentes, APAs, MRPs y asociaciones diversas,  se ha visto obligado a denunciar públicamente esta situación y a exigir a la Administración educativa una redistribución más lógica y equitativa del alumnado inmigrante, de minorías étnicas, de necesidades educativas especiales y de educación compensatoria, que en su gran mayoría se encuentra escolarizado en los centros públicos

 Recuperar la autoestima

“Nuestro sistema educativo es un organismo poderosísimo en irritante estado de pasividad”, dice J.A. Marina (El diplodocus dormido, 2002). Algo así como un monstruo anestesiado, un sistema que tiende a la inercia y que está muy mal gestionado. Esta inercia afecta negativamente a los centros docentes y, en general, a toda la comunidad educativa. Falta dinamismo y es necesario empezar a movilizarse por mejorar la enseñanza pública desde dentro del sistema educativo. Los centros docentes están obligados a asomarse al exterior, a empaparse de realidad. Así que, no queda más remedio que afrontar los problemas que llegan a la escuela y a los institutos, que no son sino el reflejo de los conflictos y tensiones sociales del mundo actual. Más que educar para la paz, deben hacerlo para y desde el conflicto..

Para ello debemos recuperar la confianza y la autoestima perdidas, evitando el individualismo, el conformismo claudicante y la estéril tendencia a la lamentación. Hay que romper esa apatía e inercia que nos aprisiona, desterrar el pesimismo paralizante y embarcarse con entusiasmo en proyectos educativos realistas y gratificantes, recuperando la satisfacción de trabajar en equipo, así como la dignidad y el sentido por nuestra labor docente, resituándonos en el papel que nos corresponde y la sociedad espera que ejerzamos, reencontrándonos con nosotros mismos y, sobre todo, con quienes ejercemos la docencia, los alumnos y las alumnas.

 Porque se trata de ofrecer y de practicar la mejor escuela pública posible, con una enseñanza gestionada democráticamente, integradora y compensadora de desigualdades, pero, sobre todo, con más medios y recursos, fruto de una mayor inversión del Estado en educación. De estos valores nace la verdadera calidad, entendida, no como un concepto mercantilista, sino como el resultado de una eficaz educación para la vida, cuya finalidad es la de formar buenos ciudadanos y ciudadanas, capaces de convivir en paz y en libertad. Ahora que llegan esperanzadores aires de cambio es preciso dar un nuevo impulso a la escuela pública, a la educación concebida como un servicio público fundamental e irrenunciable. Un impulso renovador, comprometido y optimista para una escuela moderna, coeducadora, democrática, diversa, solidaria, intercultural, científica y laica.

Alfonso Díez Prieto
Profesor y delegado sindical del STE

 
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