STEs Castilla y LeónOpinión
 

¿Calidad en la educación de los niños/as con discapacidad?


Lunes  29 de septiembre de 2003

SANTOS SUÁREZ ÁLVAREZ

TRIBUNA

 

PODEMOS presuponer la existencia de un amplio consenso entre los diferentes miembros de la comunidad educativa sobre la necesidad de alcanzar un criterio de calidad en un servicio público -al menos, por el momento- tan crucial para la sociedad como es el de la educación. Ahora bien, los matices y las discrepancias surgen a la hora de determinar qué se debe entender por una educación de calidad y los modos más adecuados de promoverla. Hay quienes piensan que una educación de calidad pasa necesariamente -aunque no exclusivamente- por una dotación económica que posibilite los recursos materiales y personales necesarios para articular una respuesta ajustada a las necesidades de los niños/as y sus familias. Sin embargo, los responsables y altos cargos de nuestra Administración Educativa (con sede en Valladolid y delegaciones en «provincias») han constatado hasta qué punto los «rotos y descosidos» ocasionados por la carencia de recursos materiales y de personal pueden ser «parcheados» -si bien no eficazmente, sí al menos oportunamente- extendiendo hasta el límite de lo inefable el alcance de la «buena voluntad» de los profesionales y la paciencia de las familias. Pero ni la voluntad ni la paciencia bastan para resolver problemas que responden a situaciones estructuralmente deficitarias.

¿Para cuándo un servicio de orientación con un orientador permanente en cada centro que pueda dar respuesta a las necesidades específicas que tienen este tipo de niños/as y sus familias?

En el caso de que se reivindiquen mayores inversiones, siempre quedará la opción de escamotear los recursos disponibles con implacable tenacidad, convirtiendo la concesión mínima en gesto magnánimo apostillado por el lenguaje de la soberbia -»para que luego os quejéis»- cuando no de la solapada acusación -»otros están peor»-. Nunca agradeceremos bastante a los gestores de nuestra administración vallisoletana -junto con sus acólitos de «provincias»- su capacidad «mágica» para «duplicar» recursos y servicios, recurriendo principalmente al arte de conceder por un lado lo que por otro se quita. Ese arte de construir tejados -entiéndase, dotar de aquellos recursos o servicios que ofrecen mayor rentabilidad política- a base de desmantelar sótanos -suprimiendo recursos cuya prioridad se cuestiona maliciosamente amparándose en el desconocimiento de los padres o en la complicidad de los profesionales- da muestras de un gran genio. Sólo gracias a ese genio puede explicarse la hazaña de sumar y sumar prestaciones y servicios «fotogénicos» a base de restar y restar gastos en otras partidas y recursos de igual o mayor importancia. Y de este modo, sumando que te resto, obtenemos el ansiado déficit cero. Pura aritmética presupuestaria.

Siendo ésta la situación no es de extrañar que, para aquellos que consideran que la calidad educativa pasa necesariamente por la disposición de los adecuados recursos personales y materiales -aún a sabiendas que éstos no la garantizan-, el ideal de unos centros educativos adecuadamente dotados resulta permanentemente postergado ante el imperativo presupuestario («Vallisoletum ratium dixit»).

Nuestra administración y con ella nuestra sociedad tienen una importante disyuntiva ante las exigencias que plantea la atención a los niños/as con discapacidad: ¿Almacenaje o atención de calidad?.

Ahora bien, es éste un ideal que transciende los límites de lo deseable para adquirir la categoría de imperativo ético en el caso de la atención educativa a aquellos sectores de la población que presentan mayores dificultades debido a situaciones personales (discapacidad) o sociales (minorías étcnicas, etcétera). Sin duda se ha avanzado mucho -gracias en gran medida a los esfuerzos de nuestras administraciones- en la atención a las personas con discapacidad pero el camino que queda por recorrer es todavía arduo. Son todavía considerables las cuestiones pendientes en nuestros centros de educación especial: ¿Para cuándo un servicio de orientación con un orientador permanente en cada centro que pueda dar respuesta a las necesidades específicas que tienen este tipo de niños/as y sus familias?, ¿para cuándo la oferta de oportunidades de formación especializada a los profesionales, considerando el tiempo de formación como una parte constituyente de su propio desempeño laboral? Hemos avanzado mucho pero aún queda mucho camino por recorrer. Demasiado camino como para mostrarnos extremadamente cautos y susceptibles ante la perpétua tentación a la complacencia a la que son tan prolives nuestros gestores administrativos. Demasiado camino como para tolerar la fosilización de los niveles de prestación adquiridos, cuando no su paulatina pero inexorable disolución.

Nuestra administración y con ella nuestra sociedad tienen una importante disyuntiva ante las exigencias que plantea la atención a los niños/as con discapacidad: ¿Almacenaje o atención de calidad?. Este planteamiento puede considerarse radical y posiblemente lo sea puesto que la calidad es una cuestión de grado. Sin embargo, siempre quedará pendiente una pregunta que interpela a todos y cada uno de los responsables de dicha atención: ¿Hasta qué punto se pueden economizar y postergar esfuerzos e inversiones en la aspiración idealista de alcanzar un nivel de calidad educativa acorde a la dignidad de los alumnos/as sin correr el peligro de hipotecar peligrosamente la propia dignidad y honestidad? Una pregunta que no admite de silencios cómplices, a la que no se puede responder con la retórica de las promesas y las declaraciones pomposas y que no puede ser eludida parapetándose tras la ceguera de la complacencia.

 
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