STEs Castilla y LeónOpinión
 

Un pacto de corresponsabilidad


Lunes 29
-09-2003

FRANCESC COLOMÉ I MONTSERRAT
es el delegado de Política Educativa del PSC

TRIBUNA
 

El debate sobre el papel de la escuela concertada en el sistema educativo de Catalunya planea de forma recurrente sobre la orientación de nuestra política educativa, pero cada vez se oyen más voces que consideran necesario superar positivamente este debate para poder centrarnos en nuevos planteamientos para la escuela del futuro inmediato.

El derecho de las familias a elegir un centro para sus hijos no debe convertirse en el derecho de las escuelas a elegir las familias cuyos hijos quieren escolarizar.

No hace falta insistir en que, desde una visión progresista de la sociedad, la educación siempre se ha considerado como el elemento fundamental para asegurar la igualdad de oportunidades y el progreso social. Más ahora en la llamada sociedad del conocimiento, donde la educación juega un papel determinante, y en la que la oferta del mercado ha entrado con toda su fuerza como garantía también de una mejor posición social.

Las tensiones existentes en nuestra sociedad entre libertad e igualdad, entre servicio e institución, entre oferta de mercado y oferta pública, se manifiestan de manera evidente en el marco del sistema educativo y se focalizan muy a menudo en el debate entre escuela pública y escuela privada.

Debo decir en primer lugar que este debate, sin considerarlo un falso debate, enmascara muchos de los problemas que presenta hoy nuestro sistema educativo y provoca que, por reducción, sean atribuidos en exclusiva a los desajustes del actual statu quo entre escuela pública y escuela concertada.

Existen razones, sin duda alguna, para justificar el debate, pero planteémoslo en sus justos términos e intentemos resolverlo de una vez para poder dedicarnos seriamente a la resolución de los problemas que realmente interesan y afectan a nuestra escuela.

El pacto constitucional sobre la escuela y su plasmación en la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), una ley del año 1985, ligeramente modificado ahora por la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), contemplaba unos supuestos que se han visto ampliamente modificados por la evolución social. El fenómeno de la inmigración, sumado al de la progresiva marginalización de sectores de nuestra sociedad y el creciente valor de cambio que representa la formación en el mercado de trabajo, unido a un cambio en la organización y los valores de las familias, desborda ampliamente los supuestos iniciales.

Los esfuerzos realizados para garantizar el derecho a la educación de todos y la deriva que se ha producido en algunos centros concertados nos ha llevado a una situación de progresiva dualización del sistema educativo financiado con fondos públicos, en el que la escuela pública ha acabado por asumir casi en exclusiva la responsabilidad de la escolarización de los sectores marginales de la sociedad. Un breve diagnóstico de la situación de los centros concertados nos dice que aparecen formas de cobro de cuotas mediante sistemas indirectos que actúan -en unos centros más que otros- como mecanismos de selección del alumnado.

Lo cierto es que cualquier análisis del coste de la enseñanza coincide en afirmar que existe un desajuste cuya evaluación es diversa, entre lo que perciben los centros concertados como subvención para garantizar la gratuidad de la enseñanza y el coste real de la misma. Es decir, en la misma práctica administrativa encontramos la excusa que justificaría el pago de las cuotas.

Debemos decir claramente que ni todos los problemas de la escuela pública provienen de esta situación ni todas las escuelas concertadas pueden clasificarse de la misma manera, pero vayamos a afirmar unos principios generales.

El derecho de las familias a elegir un centro para sus hijos no debe convertirse en el derecho de las escuelas a elegir las familias cuyos hijos quieren escolarizar.

Por ello se deben afrontar dos aspectos: incrementar la calidad de la escuela pública y articular un pacto de corresponsabilidad con la escuela concertada, de tal manera que lleguemos a un sistema integrador de centros sostenidos con fondos públicos en el que puedan aparecer proyectos educativos diversos, pero en el que la elección del ciudadano no dependa de su poder adquisitivo o de su pertenencia social o étnica.

En este contexto, incrementar la calidad de la escuela pública es una cuestión prioritaria. Para ello hace falta una voluntad decidida para incrementar sus recursos, ampliar sus servicios, mejorar su gestión, estimular a sus profesores, conectar con las necesidades del entorno y comprometer a las familias en la empresa común que es educar a sus hijos. Todo ello es posible si existe la voluntad y la convicción necesarias.

El pacto de corresponsabilidad con la escuela concertada se debe sustentar en el respeto escrupuloso a los principios legales de los que nos hemos dotado, pero, al mismo tiempo, más allá de la norma, debe expresar la voluntad de afrontar conjuntamente los problemas que plantea hoy la educación en nuestra sociedad.

En cualquier caso, los ejes sobre los que articular dicho pacto pueden resumirse en los siguientes:

  1. Las escuelas concertadas deberán percibir una financiación suficiente para garantizar la gratuidad de la escolarización;

  2. incorporar su oferta en la programación general de la enseñanza para garantizar la estabilidad del sistema educativo, así como la continuidad de su oferta y la estabilidad de sus profesionales;

  3. promover su integración en las redes escolares territoriales para poder garantizar el intercambio de experiencias y recursos del conjunto de escuelas sostenidas con fondos públicos;

  4. atender a todos los alumnos sin discriminación implícita o explícita de acuerdo con una normativa de matriculación que evite la configuración de una doble red educativa;

  5. hacer efectivo el principio de gratuidad, separando nítidamente las actividades correspondientes a la enseñanza obligatoria de aquellas de carácter complementario o voluntario;

  6. garantizar la transparencia de su gestión y el control social.

Ésta es una síntesis de los ejes que pueden permitir un acuerdo superador de la situación en la que nos encontramos ahora; avanzar en este camino necesita el acuerdo franco de todas las partes. En cualquier caso, la transparencia y el cumplimiento de la legalidad deben ser el objetivo principal; en consecuencia, aquellos centros que no estén dispuestos a cumplirlas no pueden ni legal ni moralmente recibir subvenciones públicas.

 

 
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