STEs Castilla y LeónOpinión
 

La transitoriedad de la concertada

8 de mayo de 2003

Foro de debate

GABRIEL MONTES MARTÍNEZ.- Profesor de Secundaria

 
La enseñanza privada concertada es en muchos casos innecesaria para satisfacer las necesidades de escolarización, pues los centros públicos de una zona escolar disponen de plazas escotares y servicios educativos suficientes para atender el ejercicio del derecho a la educación de toda la población residente en ese territorio.
 

N

uestra principal y primera fuente legal concibe la educación como un derecho —«cosa exigible o permitida según un principio moral o social, o según una ley establecida»— y no como una mercancía —«cosa mueble que es objeto de comercio», Diccionario del español actual, Manuel Seco y otros, Aguilar, Madrid 1999—. Esta precisión previa nos parece imprescindible para acotar el discurso y recordar que los derechos constitucionales fundamentales son exigibles al Estado, por cualquier persona y en cualquier lugar del territorio. También debemos tener presente que en ningún apartado del artículo 27 de la Constitución se reconoce como derecho la posibilidad de elección de centro por la ciudadanía.

El texto constitucional señala claramente los límites del ejercicio de este derecho y uno de ellos es la libertad de creación de centros. Por ello pensamos que es baladí el debate entre enseñanza pública y enseñanza privada, ya que en la Constitución vigente se reconoce la posibilidad de que existan centros públicos y centros privados creados por personas físicas o jurídicas.

Ahora bien, los apartados 7 y 9 del artículo 27 resultan ambiguos, sobre todo por los desarrollos legales posteriores y los actualmente en trámite, ya que se ha interpretado la ayuda que en ellos se enuncia casi exclusivamente en términos de economía de mercado. Los gobiernos sustentados por el PSOE condicionaron las ayudas a las necesidades de escolarización y al cumplimiento por los centros de las normas sobre instalaciones y personal. Los gobiernos sustentados por el PP regulan estas ayudas fundamentalmente en función de las leyes de la oferta y la demanda (la libre elección de centro por los padres), la solicitud de los centros de la ayuda...

Todos los gobiernos han legislado ignorando el artículo 14-1° del capítulo 2° —«Derechos y Libertades»— de la Constitución:
«Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición ó circunstancia personal o social». Se olvida este artículo cuando:

  • Se obliga a una persona a respetar el ideario d centro educativo más próximo a su domicilio para ser escolarizada en él.

  • El Estado no dispone de instalaciones suficientes para escolarizar a la población de una determinada zona.

  • Se despilfarran recursos públicos concertando plazas escolares en zonas con exceso o suficiencia de oferta pública.

  • Se infringen las leyes de la competencia autorizando instalaciones deficientes o insuficientes para la práctica educativa, regulando o conveniando y manteniendo condiciones laborales desfavorables para los trabajadores de los centros concertados, sosteniendo económicamente a través de la concertación de la enseñanza a - algunas instituciones o empresas privadas e impidiendo la implantación o el desarrollo de otras, etc.

A pesar de estas y otras omisiones y ligerezas, las políticas educativas aplicadas en España desde la aprobación de la Constitución de 1978 han permitido la universalización de la enseñanza obligatoria y gratuita desde los 6 a los 16 años, aunque, a la vez, han generado una controvertida triple red de centros para satisfacer el servicio educativo: enseñanza pública, privada concertada y privada.

La controversia entre red pública y privada está zanjada por el apartado 6 del artículo 27, ya que tanto el Estado, como titular de los centros públicos, como cualquier entidad o persona, como titular de los centros privados, pueden crear centros docentes. Cuando la discusión en muchos ocasiones, se resuelve en conflicto es al reconocer la necesidad de esa tercera red, la privada concertada, que está sostenida con fondo públicos, compitiendo deslealmente con las otras redes, sobre todo con la pública al estar desigual y concentradamente distribuida por el territorio, al potenciar la fragmentación ideológica y socioeconómica de la población escolar, al alentar falsas expectativas en la ciudadanía sobre la posibilidad de elección de centro educativo, etc. -

Esta enseñanza privada concertada es:

  • En muchos casos innecesaria para satisfacer las necesidades de escolarización, pues los centros públicos de tina zona escolar disponen de plazas escolares y servicios educativos suficientes para atender el ejercicio del derecho a la educación de toda la población residente en ese territorio.

  • En otros casos es insuficiente y peligrosa por estar concentrada en núcleos urbanos o en el extrarradio que obligan a largos y diarios desplazamientos desde el lugar de residencia al centro educativo, con los consiguientes inconvenientes y riesgos añadidos e innecesarios en el ejercicio de un derecho fundamental.

  • En otros casos es claramente injusta, ya que obliga a una parte de la población escolar de un territorio a desplazarse lejos del mismo para ejercer un derecho fundamental, en función de demandas persona les ajenas al interés común, y no reconocidas como derechos fundamentales, como son la capacitación natural del individuo, el aprovechamiento singular en el aprendizaje, la aceptación del ideario del centro más próximo a su residencia, que en muchas ocasiones viene definido por la en tu ra de un grupo social o la religión...

  • En algunos otros casos es discriminatoria y contraria a la cohesión social, ya que posibilita que algunos centros escolaricen sólo o mayoritariamente a un determinado sector social, cultural, económico o ideológico, con lo que otros centros de esa misma zona se ven obligados a escolarizar fundamentalmente a los sectores sociales, culturales, económicos o ideológicos no escolarizados en los centros anteriores. Y así reproduce el servicio educativo la coexistencia y la fragmentación social, que tantos conflictos provoca en las sociedades europeas.

  • Casi siempre es sustentadora, con capital público, de intereses económicos ajenos al ejercicio del derecho de toda la ciudadanía a la educación. Además, ese capital público carece de eficientes y transparentes mecanismos de control social sobre su destino exclusivamente educativo y nunca generador de beneficios económicos para los promotores de los centros: los trabajadores de la red concertada tienen peores condiciones de trabajo que los de la pública —tienen más alumnos por profesor, más horas diarias semanales, y anuales de trabajo, menos salario, etc.—; la sociedad carece de la posibilidad de ejercer una labor interventora de la gestión en esos centros, etc.,

De lo precedente parece inferirse que la sociedad española, en la actualidad, puede necesitar completar y complementar la escolarización de la población con algunos centros privados que están ubicados en zonas donde aún no hay plazas públicas suficientes, y que en otros casos no es necesaria esa complementariedad, pues la oferta pública es suficiente. Es, por tanto, la necesidad de escolarización de la población de un territorio concreto el único principio democrático y de derecho que debe presidir y determinar la existencia de centros privados sostenidos con fondos públicos. Si esta interpretación del apartado 9 del artículo 27 fuese de consenso, nos permitiría con carácter permanente definir y delimitar las condiciones de las ayudas —conciertos— en enseñanza, que siempre tendrían que partir:

  • De la planificación de las Administraciones educativas de una única red de centros para satisfacer el derecho a la educación de la población en todo el territorio nacional. Esa red debería elaborarse a partir del principio de escolarizar en el entorno más próximo a la población, con el costé necesario para ofrecer una buena educación, sin riesgos añadidos, asumiendo que es el Estado quien debe garantizar un servicio no discriminatorio y gratuito en las etapas obligatorias.

  • Del conocimiento por parte de los promotores de los centros de que la vigencia del concierto siempre está limitada temporalmente, y que su finalización la determinan las necesidades de escolarización de la zona en la que el centro está asentado.

  • Del mantenimiento durante la vigencia del concierto de las mismas condiciones que en los centros públicos respecto a escolarización (aplicación de los mismos criterios en la admisión del alumnado y en la continuidad de su escolarización), programación y desarrollo de los contenidos educativos (seguimiento y control de los currículum y libertad de cátedra), control social de la gestión (consejo escolar, máximo órgano de gobierno del centro, autonomía de centro e Inspección de la Administración educativa), instalaciones y equipamientos (edificios, equipos y servicios) y condiciones laborales (criterios de selección y acceso al puesto de trabajo, horario, salario, ratio alumno/profesor y alumno/aula).

  • De la planificación y proyección adecuada para afrontar desde la suscripción del concierto con el centro las condiciones de su término y su reconversión en centro privado o en centro público, reconociendo y respetando los servicios prestados y los derechos de todos los que han participado en el concierto: alumnado, profesorado y titularidad.

En conclusión, el horizonte próximo del servicio educativo de cualquier territorio debería satisfacer las necesidades educativas de la población residente en el mismo, a través de una red de centros educativos, unos de titularidad y financiación pública y otros de titularidad y financiación privada. El procedimiento para alcanzar ese horizonte de consenso entre todos los agentes educativos, políticos y sociales tendría que fundamentarse en el ejercicio de una negociación efectiva y real.

 
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