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28 de septiembre de 2005

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Educación
Los obispos consideran que los padres tienen el deber de manifestarse contra la LOE

La Conferencia Episcopal Española (CEE) considera que los padres tienen no sólo el derecho, sino también el deber, de manifestarse contra el proyecto de Ley Orgánica de Educación porque vulnera derechos fundamentales recogidos en la Constitución para todos los ciudadanos.
Juan Antonio Martínez Camino, secretario y portavoz de la CEE, hizo hoy estas afirmaciones durante una rueda de prensa en la que informó sobre la reunión de la Comisión Permanente de los obispos, que han aprobado una nota pastoral contra la LOE.

Martínez Camino, en respuesta a las preguntas de los informadores, afirmó que los obispos no convocan ninguna manifestación (en referencia a la anunciada por la Concapa para noviembre), que desconocen la fecha de la misma, pero que "si se lleva a cabo, la Conferencia Episcopal la apoya".

"La Conferencia Episcopal, precisó Camino, apoyará el ejercicio de los derechos cívicos que corresponden a los ciudadanos, a las asociaciones que trabajan en el campo de la educación para defender sus derechos", y agregó que si se convoca esta manifestación "se ejerce un derecho, e incluso se actúa con responsabilidad y se cumple con un deber".

El portavoz de la CEE negó que el proyecto de ley diga que la asignatura de Religión será de oferta obligatoria para los centros y de opción voluntaria para los alumnos, en respuesta a una de las preguntas que le formularon en el encuentro con los medios de comunicación.

Tras reafirmarse en que el proyecto de ley no contemplaba esta cuestión, y ante los comentarios de algunos periodistas, Martínez Camino dijo "veo caras de asombro, y les invitó a revisar el proyecto de ley; vean también de dónde provienen esas informaciones falsas sobre este proyecto".

"Se han dicho, agregó, muchas cosas sobre la LOE, y a los medios de comunicación les han llegado muchas cosas sobre el proyecto.

Comprendo su asombro, yo también estoy asombrado de que a estas alturas exista esta desinformación. Les juró que no lo encontrarán en este proyecto, estamos hablando del texto que el Gobierno ha aprobado", puntualizó.

Para el portavoz, la Constitución "reconoce como derecho fundamental de los padres que sus hijos sean educados en las convicciones religiosas y morales que ellos determinen, no el Estado, y es un derecho fundamental reconocido por la constitución para todos los ciudadanos católicos y no católicos, no un privilegio".

El Estado por tanto, agregó, tiene la obligación de poner los medios para que este derecho pueda ser realmente ejercido, y "de ahí se deriva lo que hasta ahora ha hecho el Estado español y que ahora se cambia sorpresivamente", dijo en relación con el nuevo estatuto para los profesores de Religión.

Al igual que sucede en otros países, añadió, el Estado español contribuye económicamente para que haya profesores de Religión como le piden los padres, al igual que lo hace para otras religiones, y eso es perfectamente constitucional.

Martínez Camino dijo que "es obligación del Estado que haya un profesorado competente para la enseñanza religiosa", y agregó que quien puede determinar la idoneidad de esos profesores no es la Administración Pública, aunque ésta fije las condiciones de títulos y formación académica, sino que eso corresponde a la confesión respectiva.

Esta situación, que también existe en otros países, es lo que ahora se quiere cambiar, agregó el portavoz de los obispos, quien recordó que los mismos profesores de Religión están en contra de la disposición del proyecto de ley en la que se modifica el actual estatuto y, señaló, que "consideran conculcados sus derechos laborales y profesionales".

Sobre el nuevo Estatuto de Autonomía catalán, Camino indicó que la CEE está en desacuerdo con que la enseñanza de la Religión desaparezca de las escuelas públicas de Cataluña, porque esta decisión conculca derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los Acuerdos Iglesia católica-Estado.

La Conferencia Episcopal respalda la manifestación contra la reforma educativa
  • «Nos parece que es legítima y que hay motivos para ella», afirma su portavoz
  • Los obispos y el Ministerio de Educación se volverán a reunir la próxima semana

JESÚS BASTANTE/MADRID

La Conferencia Episcopal apoyará la manifestación que diversas asociaciones educativas, capitaneadas por la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa), han convocado para el próximo mes de noviembre en Madrid como protesta por la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOE), cuyo proyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros a finales de julio y que actualmente se encuentra en trámite parlamentario.

La mayoría de los 24 obispos que desde ayer se encuentran reunidos en la Comisión Permanente son favorables a la adhesión del Episcopado a esta marcha, como ya sucediera el pasado 18 de junio con motivo de la manifestación en contra de los matrimonios homosexuales. En el seno de la Conferencia Episcopal se ha evidenciado una «enorme inquietud» por los efectos que la reforma educativa del Gobierno de Rodríguez Zapatero podría tener en el derecho de los padres a elegir una educación católica para sus hijos, en la situación de la asignatura de Religión y en el estatus laboral de los profesores de esta asignatura.

El obispo de Málaga y presidente de la Comisión de Enseñanza, Antonio Dorado, precisó que todavía está por decidir la participación de los obispos en la marcha, aunque fue claro al valorarla: «Aunque no la promueva la Conferencia Episcopal ni los obispos, nos parece que la manifestación es legítima y que hay motivos para ello». Hasta la fecha, si bien varias decenas de obispos se han posicionado claramente contra la LOE, únicamente el cardenal de Sevilla, Carlos Amigo, ha apuntado su intención de acudir a la marcha.

El presidente de la Comisión de Enseñanza también hizo referencia al estado actual de las relaciones con el Gobierno: «No están claras y hay muchas dificultades para lograr acuerdos» en materia educativa. Pese a todo, Dorado mostró «cierta esperanza» en lograr que los contactos finalmente fructifiquen en algún mínimo consenso, «pero depende de las dos partes; por la nuestra siempre, ciertamente, existe el deseo de acuerdo y diálogo, no sabemos por parte del Gobierno».

Aunque el obispo de Málaga recalcó que «por ahora no hay fecha» para un nuevo encuentro entre los responsables de la Conferencia Episcopal y el Ejecutivo, fuentes del Ministerio de Educación han confirmado a este periódico que esta reunión podría tener lugar «la próxima semana, posiblemente el miércoles». En todo caso, las negociaciones se están llevando en el más absoluto de los secretos, puesto que el objetivo principal de la misma no es tanto llegar a acuerdos como comprobar la «voluntad real» de ambos estamentos por establecer un diálogo en el que exista margen para las cesiones mutuas.

Desventajas

Lo que sí parece claro es que la reunión se celebrará «al más alto nivel». Así, acudirán, por parte del Ministerio, la propia María Jesús San Segundo, y el secretario general de Educación, Alejandro Tiana. La delegación episcopal estará conformada, además de por Antonio Dorado, por el vicepresidente del Episcopado, Antonio Cañizares; y el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino. Ambas partes constatan que el punto álgido del debate tendrá lugar una vez aprobada la ley, cuando hayan de discutirse los desarrollos posteriores a la misma.

Y es que la Conferencia Episcopal entiende que la futura ley traerá «fuertes desventajas» para los alumnos católicos. De este modo, asumen fuentes de la Casa de la Iglesia, «el futuro de la asignatura de Religión será el de no ser computable, no tener alternativa y, muy probablemente, ser colocada a primera o última hora».

Con todo, uno de los aspectos más polémicos se encuentra en la situación de los profesores de Religión. Educación ya ha planteado que sean las instituciones religiosas, y no las Administraciones educativas, las que ejerzan de empleadores de estos docentes. Esta posibilidad ha sido rechazada de plano tanto por el Episcopado como por los sindicatos de docentes, quienes han anunciado futuras movilizaciones contra lo que consideran «el incumplimiento de una promesa electoral del Partido Socialista», quien se comprometió en su día a dotar a estos profesores de una seguridad laboral y a que sus derechos estuviesen regulados por el Estatuto de los Trabajadores

 
La Conferencia Episcopal apoya la manifestación contra la reforma educativa
  • El obispo Dorado dice que hay "muchas dificultades" para dialogar con el Gobierno
JUAN G. BEDOYA - Madrid

Lo más granado del episcopado español está reunido desde ayer en Madrid para preparar la batalla eclesiástica contra la reforma educativa que el Gobierno socialista remitió antes del verano al Congreso y que éste debatirá el próximo mes. Las relaciones de la Iglesia católica con el Ejecutivo "no están claras", hay "muchas dificultades para lograr acuerdos", dijo el obispo Antonio Dorado poco antes de iniciar sus trabajos la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, a la que pertenecen dos cardenales, siete arzobispos y trece obispos. Dorado mostró su apoyo a la manifestación contra la reforma educativa que prepara para noviembre la Confederación Católica de Padres de Alumnos.

Antonio Dorado es obispo de Málaga, preside desde marzo pasado la Comisión de Enseñanza y Catequesis de la Conferencia Episcopal y no figura entre los halcones del episcopado. Pero ayer dio por sentado que la jerarquía española apoyará todas las movilizaciones contra el Gobierno anunciadas antes del verano por la Confederación Católica de Padres de Alumnos y de Familia (Concapa), a causa del proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE). El propio Dorado no descartó acudir en persona a la manifestación contra esa reforma, sin fecha todavía, como hicieron una veintena de prelados, entre ellos el cardenal Antonio María Rouco, cuando el Foro Español de la Familia tomó las calles de Madrid, el 18 de julio pasado, para protestar contra la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo.

La ofensiva episcopal contra el actual Gobierno viene de lejos, pero tomó caracteres de ruptura total cuando el Ejecutivo socialista decidió legalizar el matrimonio homosexual e introducir reformas en la LOE sin negociar antes con la Conferencia Episcopal.

El último acto del enfrentamiento se produjo cuando el Ejecutivo remitió a las Cortes el proyecto de ley educativa, el mismo día, viernes 22 de julio pasado, en que estaba convocada por la mañana (y anunciada a la prensa) una reunión de la Comisión Mixta Gobierno-Conferencia Episcopal para limar discrepancias y llegar a posibles acuerdos.

"Engañada"

La Conferencia Episcopal se consideró entonces "engañada" y desairada, y dijo quedar libre de compromisos. "Hay años en los que, aunque llueve poco, las aguas bajan muy revueltas", declaró entonces el presidente de los obispos, el moderado Ricardo Blázquez.

Dorado, también moderado, calificó de nuevo ayer de "sorprendentes" y "de cosa inesperada" las modificaciones introducidas a última hora en la reforma socialista, en concreto al estatuto de los profesores de religión católica en la escuela pública (unos 18.000), que ahora contrata y paga el Estado, pero que seleccionan los obispos cada curso. También señaló que, "por ahora", no hay ninguna reunión prevista con el Ejecutivo.

En realidad, precisó, el proyecto de ley está ya en las Cortes porque el Gobierno así lo decidió, "por consiguiente, difícilmente el Ejecutivo es ya un organismo de diálogo". No obstante, expresó su confianza en que puedan introducirse modificaciones en el trámite parlamentario, "en diálogo con los representantes de los partidos políticos".

La manifestación convocada por la Concapa para el mes de noviembre tendrá el apoyo de la Conferencia Episcopal, aunque "todavía está por decidir", precisó el máximo responsable de la política educativa episcopal. "Yo creo que aunque no la promueva la Conferencia Episcopal, esa manifestación es legítima y hay motivos para ella". Sobre si tiene previsto acudir a la misma dijo: "No lo sé, todavía no lo he decidido".

Preguntado sobre si el tema de la asignatura de religión es el más importante en las complicadas relaciones del episcopado con el Ejecutivo, el obispo de Málaga replicó: "Es un tema importante, pero el fundamental es el hecho del recorte del derecho de los padres para elegir la educación que desean para sus hijos. La clase de religión supone una dificultad muy grande para ser fieles a la Constitución y a los acuerdos Iglesia-Estado".

Además de los obispos Blázquez (Bilbao) y Dorado (Málaga), muchos otros prelados han expresado su severo disgusto por el proyecto educativo socialista. El primero en hacerlo fue el cardenal de Madrid, Antonio María Rouco Varela, que dijo en julio pasado que el texto "no corresponde a las exigencias de la Constitución", ni a los acuerdos de España con la Santa Sede ni al "bien del hombre".

Desde entonces, se han sucedido las opiniones críticas de los obispos de Calahorra y La Calzada-Logroño, Juan José Omella; de Terrassa, Josep Ángel Saiz; de Huesca, Jesús Sanz; de Ourense, Luis Quinteiro; de Urgell, Joan Enric Vives; de Jaén, Ramón del Hoyo; de los arzobispos de Toledo, Antonio Cañizares, y de Pamplona, Fernando Sebastián. También ha sido muy crítico el cardenal de Sevilla, Carlos Amigo.
 

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