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AGENCIAS

26-04-2005

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Reforma-LOE
El Consejo Escolar votará sobre la supresión o no de la Educación para la Ciudadanía
  • STES reclama un claro apoyo al sistema público, una Ley de Financiación y una inversión del 7 por ciento del PIB
Comisión Permanente

La  del Consejo Escolar del Estado convocada para hoy deberá debatir cerca de mil enmiendas al anteproyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE) presentadas por todos los sectores representados en este órgano de consulta.

Entre las propuestas a votar por la Permanente del Consejo, integrada por la presidenta, el vicepresidente y 20 consejeros, es decir -la cuarta parte del total- destacan las referidas sobre si la nueva asignatura "Educación para la Ciudadanía" debe desaparecer del borrador de Ley Orgánica de Educación (LOE), como piden el sindicato STES o los padres católicos de CONCAPA, entre otras organizaciones.

El Consejo, cuya informe sobre el anteproyecto legislativo es preceptivo pero no vinculante, se manifestó ya en el Pleno del pasado mes de febrero, contra la propuesta del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) de que haya una materia específica de ese tipo, que se estudiaría en un curso de Primaria y dos de Secundaria.

"El tratamiento de los valores en el sistema educativo deberá llevarse a cabo de forma transversal en todos los niveles y etapas, formando parte del proyecto educativo del centro y de la acción tutorial", según aprobó en febrero pasado el pleno del máximo órgano consultivo de la enseñanza no universitaria con el apoyo de la mayoría de sus miembros.

Millar de enmiendas

La Comisión Permanente votará cuáles del millar de enmiendas de las organizaciones representadas en ella pasan a la ponencia, cuyo dictamen debatirá el pleno del Consejo dentro de un mes.Otras, como el Sindicato de Estudiantes (SE) y la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), plantearán sus propuestas directamente en la reunión plenaria.

En general, el sentido de las enmiendas está estrechamente relacionado con el modelo educativo que defienden quienes las promueven. Así, Comisiones Obreras, FETE-UGT, STES o Ceapa apuestan por la escuela pública y lacia, mientras FERE-CECA, FSIE, USO, CECE o Concapa defienden el derecho a elegir el centro que más se adecúe al tipo de educación que los padres quieran para sus hijos y la enseñanza religiosa dentro del horario escolar con la alternativa correspondiente.

No obstante, también existen planteamientos coincidentes en lo relativo a la dignificación del profesorado, la mejora de las condiciones laborales y retributiva de los docentes y la financiación del sistema educativo.

En la enseñanza confesional, las enmiendas se dividen entre las contrarias a una asignatura alternativa, como defienden STES y los padres laicos de CEAPA, y las que piden que sí la haya para quienes no estudien religión, como la patronal de religiosos FERE-CECA y CONCAPA, pues el anteproyecto no precisa este asunto.

En cuanto a la asignatura de Religión, STES, FETE-UGT y la confederación laica de padres Ceapa son los más beligerantes y apuestan por dejarla sin alternativa e incluso por sacarla de la escuela. Comisiones Obreras (CC.OO.) también pide que quienes no cursen esta materia no se vean obligados a seguir otra, pero este sindicato estaría dispuesto a «ceder», de modo que la cuestión quedara como en la Logse (oferta obligatoria para los centros, libre elección para los alumnos y alternativa para los escolares que no opten por ella) para evitar enfrentamientos.

FETE-UGT considera que el borrador legislativo del MEC es "totalmente insuficiente" en el aspecto del profesorado y tendría que haberse "comprometido" a introducir en la Ley "la elaboración del Estatuto de la Función Docente".Es contraria a una alternativa obligatoria a religión, reclama la disminución progresiva de la proporción de alumnos por aula y considera urgente reducir los interinos al máximo del 8 por ciento."No se avanza -asegura- nada en lo referido a la participación del profesorado de los centros concertados, ni en la mejora de sus condiciones laborales y salariales".

STES reclama un claro apoyo al sistema público, una Ley de Financiación y una inversión del 7 por ciento del PIB, así como comisiones de escolarización que impidan la "discriminación" de admisión de alumnos por los centros concertados.
También una "drástica reducción" del número de alumnos por clase, que se completen las plantillas actuales de los centros con nuevos profesionales, que todo el profesorado pertenezca al mismo cuerpo docente, una oferta suficiente de plazas gratuitas infantiles y la desaparición de la religión del horario lectivo.

Patronales

Las patronales Educación y Gestión y FERE-CECA insisten, en que los módulos de la enseñanza concertada son "insuficientes" y que el anteproyecto no precisa cómo cubrir el coste real por alumno si no pueden recibir recursos distintos de los públicos.

La exposición de motivos recoge que las redes pública y concertada son complementarias, pero no lo reconoce, lamentan, el articulado, e insisten en que los concertados son centros privados con derecho a un proyecto educativo propio.

También son contrarias a la "Educación para la Ciudadanía" como un "riesgo" de que el Estado o el Gobierno se constituya en "formador moralista".

Sobre repeticiones, FERE-CECA pide precisar cuáles serían las asignaturas suspensas; plantea que con tres no se pase de curso (cuatro según la LOE); y que lo decida el claustro si son dos (la LOE dice tres).

CONCAPA pide que se garanticen expresamente los derechos y libertades constitucionales en educación, especialmente en la elección de centro y la gratuidad de educación infantil de manera inmediata.

La Federación de Religiosos de la Enseñanza- Confederación de Centros Católicos (FERE-CECA) y la patronal Educación y Gestión insisten en sus enmiendas en que el concepto de planificación de puestos escolares se vincule a la demanda social y que así se plasme en el texto normativo. Además, la escuela concertada considera «irrenunciable» que se elimine la consideración de que el carácter propio del centro o ideario constituya un elemento de discriminación a la hora de admitir a los alumnos.

Finalmente y como cuestión también «ineludible», reclama que la reserva de plazas para minorías (especialmente inmigrantes) tenga caducidad y no se mantenga durante todo el curso aun a riesgo de que no se cubran y perjudiquen a alumnos que reúnen los requisitos para acceder a ellas en el periodo ordinario de escolarización. Los planteamientos de FERE-CECA, que son compartidos por CECE, FSIE, ESO y Concapa, resaltan la «insuficiencia» del componente económico de los conciertos e insisten en que la ley debe precisar el modo de cubrir el coste real de un puesto escolar en la concertada. Estas organizaciones entienden que solo así podrá hacerse realidad la complementariedad de las dos redes, pública y concertada.

Padres

CEAPA, que quiere la religión fuera de periodo lectivo, se centra en una participación mayor y más activa de familias y alumnos en el centro, pide la representación paritaria en el consejo escolar y que la asociación de padres recupere su presencia en éste.
Plantea "unidades educativas" formadas por varios centros docentes y, sobre enseñanza en valores, piensa que debe formar parte del proyecto educativo.


Calendario

El Pleno del Consejo Escolar para debatir y votar las enmiendas que lleguen a este trámite se celebrará el 26 de mayo próximo, lo que confirma el retraso que sufre la ley. En el mejor de los casos, el Gobierno la enviará al Congreso en junio, dos meses después de lo previsto. Las vacaciones parlamentarias interrumpirán el proceso, que se reanudará en septiembre y que deberá concluir antes de diciembre si el Ejecutivo quiere evitar mayores demoras.

La LOE debe estar aprobada antes de la primavera de 2006, ya que si transcurren más de dos años desde el aplazamiento de la LOCE (mayo de 2004), automáticamente sería esta la que se aplicaría. Pero su desarrollo será más complicado, ya que a los decretos básicos hay que sumar los de cada Comunidad Autónoma. Es decir, que hasta el curso 2006-2007, la reforma no entrará en vigor.

Antes de enviar el proyecto a las Cortes, el Gobierno debe recibir los informes del Consejo de Estado, del Ministerio de Administraciones Públicas y del Consejo Escolar del Estado. Además, el 9 de mayo, la Conferencia Sectorial de Educación analizará la propuesta de reforma con la ministra.

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