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25 de abril de 2003

 
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17 directores de escuelas de Tarragona dimiten en protesta contra Enseñanza
L. CAMBRA / M. PADILLA - Tarragona / Barcelona
Todos los directores de los centros públicos de primaria de la ciudad de Tarragona, excepto uno y por causas personales, dimitieron ayer en bloque de sus cargos como protesta contra la política de Enseñanza, a la que acusan de favorecer a los centros privados. El detonante ha sido la decisión del departamento de conceder dos nuevas líneas de P3 en dos escuelas concertadas, "cuando en los centros públicos hay plazas de sobra para redistribuir a los niños", afirmó ayer Jaume Mosté, presidente de la junta de directores de Primaria. Mosté explicó que la decisión de la delegación de Enseñanza en Tarragona ha sido "la gota que ha colmado el vaso" del descontento de los docentes por la política "de favorecer a los centros concertados, lo cual impide la buena distribución del alumnado, incluyendo a los de origen inmigrante, que siempre acaban en los centros públicos". El conflicto se inició cuando Enseñanza comunicó su decisión de ampliar cuatro líneas de P-3, dos en escuelas concertadas y dos en escuelas públicas. Una de los centros concertados beneficiado es el de El Carme, situado muy cerca del CEIP Serrallo, que dispone de plazas de P3 todavía por cubrir.

La comunidad educativa teme que esta situación aboque al CEIP Serrallo a ser la escuela receptora de los alumnos que lleguen una vez comenzado el curso, mayoritariamente inmigrantes. El Serrallo ya dispone de un amplio alumnado de procedencia extranjera, y los directores dimisionarios sostienen que existe el riesgo de que la escuela se convierta en un gueto. Claudio Pérez, director de este centro, solicitó que la comisión de matrículas fuera la encargada de distribuir de forma homogénea a los alumnos entre los centros.

Declaración de principios

En una reunión celebrada el pasado día 10 se llegó a un principio de acuerdo, que quedó definitivamente roto en la mañana siguiente. Este hecho llevó a Claudio Pérez a presentar la dimisión, que no le fue aceptada. Los 18 directores del resto de escuelas de Tarragona se solidarizaron con su homólogo y todos, excepto uno que se encontraba fuera de la ciudad realizando colonias, presentaron en el registro su dimisión, acompañada de una declaración de principios. En ella denuncian su desacuerdo con "la ampliación de plazas escolares cuando existen suficientes para cubrir la demanda en escuelas cercanas"; reclaman una política educativa "decidida, que compense las desigualdades que representan las diferentes procedencias culturales y sociales de los alumnos" y demandan una actuación rigurosa de la comisión de matriculación para garantizar la mayor cohesión social en las escuelas.

Por su parte, el delegado de Enseñanza en Tarragona, Xavier Bagés, avanzó ayer que no acepta la dimisión de los directores, "que son los mejores profesionales de la ciudad de Tarragona". Bagés anunció que hoy o el próximo lunes se pondrá en contacto con ellos y les explicará los motivos de la adjudicación de las nuevas líneas de P3 en los dos centros concertados. "El 40% de las familias catalanas no escoge la escuela pública para sus hijos, y eso es así", concluyó Bagés.

Un portavoz del Departamento de Enseñanza se limitó a comentar ayer que "se han abierto las nuevas líneas concertadas para cubrir las necesidades de la población", y subrayó el derecho de las familias a escoger el centro donde quieren que estudien sus hijos. "La labor de la Administración es hacer posible esto", explicó. Los docentes, en cambio, consideran que el derecho de los padres no debe comportar que los centros privados que reciben fondos públicos, "amparándose en su confesionalidad, no acojan a alumnos procedentes de otras culturas, religiones o con necesidades educativas especiales", explican en su declaración de principios. Los profesores llaman además a la ciudadanía a participar en una concentración de protesta frente a la delegación de Enseñanza el próximo lunes a la una de la tarde.

La problemática que señalan los directores de estos centros no es nueva. Un estudio de la Universidad Rovira i Virgili publicado el pasado enero advertía del peligro de creación de guetos en algunas áreas de la provincia de Tarragona. Este análisis indicaba que existen escuelas de Primaria en las que la proporción de inmigrantes alcanza el 40% del alumnado, mientras que en las escuelas privadas concertadas no llega al 0,25%.

Plante de la escuela pública en Tarragona
El sector denuncia la concentración de inmigrantes y la falta de medios
  • La subvención para una nueva línea de P3 en una escuela concertada situada junto a una pública con plazas vacantes ha desatado la indignación de los maestros
  • El delegado de Ensenyament se ampara en el derecho de los padres de escoger escuela
SARA SANS - 04:16 horas - 25/04/2003
Los directores de todas las escuelas públicas de Tarragona presentaron ayer su dimisión ante la delegación de Ensenyament. La apertura de una nueva línea de P3 en una escuela concertada, situada junto a una pública que tiene plazas vacantes, ha sido la gota que ha colmado el vaso. Los 18 directores dimisionarios consideran que Ensenyament está “malgastando” recursos públicos potenciando las escuelas concertadas mientras las públicas se ven obligadas a absorber a la mayor parte de los niños inmigrantes que llegan a la ciudad.

El delegado de Ensenyament en Tarragona, Xavier Bagés, anunció ayer que no aceptará las dimisiones porque los directores “son los mejores profesionales que tenemos y tienen que seguir al frente de las escuelas como han hecho hasta ahora”. Bagés iniciará hoy una ronda de conversaciones con ellos, pero la polémica está servida.

El profesorado y los sindicatos han convocado una concentración de protesta para el próximo lunes por lo que consideran “un paso más para el desmantelamiento de la enseñanza pública en Tarragona”.

Mientras la Junta de Personal Docente de Tarragona mantiene que la demanda de escolarización podía cubrirse con la oferta de plazas en la escuela pública, Bagés arguye que se ampara en el derecho constitucional de los padres de escoger la escuela de sus hijos: “Si hubiera más demanda en las públicas, habríamos ampliado líneas en estos centros, pero no podemos obligar a los padres que ponen en las primeras opciones escuelas concertadas religiosas a que lleven a sus hijos a un centro público”.

Ensenyament ha autorizado la puesta en marcha para el próximo curso de dos nuevas líneas de P3 en centros concertados y dos más en centros públicos, aunque uno de ellos es una reactivación, puesto que se había cerrado el año pasado. La junta de personal docente mantiene que la decisión de Ensenyament de abrir líneas en escuelas concertadas mientras las públicas tienen plazas vacantes supone una grave marginación “porque tendremos que completar nuestra oferta educativa básicamente con alumnado de incorporación tardía”, es decir, los niños inmigrantes que se incorporan a lo largo del curso.

Según el sindicato Ustec-Stes, el 85 por ciento de los niños inmigrantes escolarizados en Tarragona están matriculados en centros públicos. Los directores apoyan el derecho de los ciudadanos para elegir el centro educativo, de acuerdo con la legalidad.

Sin embargo, discrepan de que esta opción acabe provocando que centros sostenidos con fondos públicos, amparándose en su confesionalidad, “no acojan alumnos procedentes de otras culturas, religiones o con necesidades educativas especiales”, explicó ayer el director del CEIP Mare de Déu dels Àngels, Josep Cornadó, en nombre de todos los directores. “Si tenemos todos los mismos derechos, también deberíamos tener las mismas obligaciones”, mantiene Xavier Granell, director del céntrico CEIP Saavedra, refiriéndose a la distribución desigual de los niños que requieren una atención educativa especial.

La integración de los niños inmigrantes es un problema que aflora cada año durante el proceso de matriculación. En Tarragona, de los 169 niños que este año se han matriculado en parvulario, 107 eran inmigrantes, lo que supone un 63 por ciento del total de alumnos. Sin embargo, y según los datos del Consell Escolar Municipal, de los 25 niños matriculados en los centros concertados, 10 eran inmigrantes, lo que supone un 40 por ciento del total.

Los responsables de los centros públicos entregaron a Bagés un carta en la que exigen “una actuación rigurosa y con más competencias de la Comisión de Matriculación para garantizar la máxima cohesión social en todas las escuelas”. Sin embargo, Bagés insistió en que “nunca en ninguna comisión de matriculación ninguna escuela concertada ha puesto impedimentos para acoger inmigrantes” y se refirió al plan de inmigración que pondrá en marcha la Generalitat en los centros públicos durante el próximo año.

Los diversos decretos, planes y experiencias de acogida

Hace dos años la consellera de Ensenyament Carme Laura Gil explicó en el Parlament que el nuevo decreto de matriculación había empezado a corregir el desequilibrio de alumnos inmigrantes entre centros públicos y concertados. El decreto establecía una reserva de cuatro plazas por aula para hijos de inmigrantes recién llegados, tal como le recomendaba el Consell Escolar de Catalunya, si bien no aceptaba la creación de una oficina única de información. Los datos de la preinscripción daban una cifra de 3.631 niños extranjeros de P-3 en centros públicos y 1.034 en los concertados (un 22% del total). Parecía un avance, aunque desde la oposición se contestó que no se tenían en cuentan los alumnos extranjeros que llegaban a mitad de curso.

Posteriormente se redujo la reserva a dos plazas, pero se crearon zonas de atención preferente en las que las comisiones de matriculación pueden intervenir en el reparto para favorecer el equilibrio. Pero desde entonces no se tienen referencias sobre la evolución seguida. La semana pasada la consellera presentó un plan de acogida que establece medidas de apoyo al profesorado (coordinador de centro, flexibilidad en la ESO, espacios de acogida) y al alumnado recién llegado (cursos para hispanos, becas, escolarización compartida). En el documento se reconoce el peligro de “brotes xenófobos” y “la formación de guetos”.

El gran referente para la integración es el llamado “modelo de Vic”. Un reciente estudio (“Magribins a les aules”, de Jaume Carbonell, Núria Simó i Antoni Tort) refleja las virtudes y los límites de esta experiencia basada en la fusión de cuatro escuelas públicas en dos y el compromiso de todos los centros, públicos y concertados, de acuerdo con el Ayuntamiento, de participar en un proceso de distribución del alumnado. Pero ni la Generalitat ni otros ayuntamientos se han atrevido a ensayos similares.

Ustec-Stes cree injustificadas más plazas concertadas de P3 en la zona del Serrallo


de TARRAGONA

 

El sindicato de la enseñanza Ustec-Stes expuso ayer en un comunicado que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat no puede justificar la concesión de más plazas para alumnos de P3 en las escuelas concertadas de la zona del Serrallo cuando hay vacantes en los centros públicos. Según su versión, la zona oferta 125 plazas entre las cuatro escuelas existentes y la preinscripción fue de 112 alumnos. Por ello, «no tiene sentido ampliar en 25 plazas más el concierto de un colegio privado» en referencia al Colálegi El Carme, como ayer informaba el Diari. El sindicato denuncia que Ensenyament deja vacías las escuelas públicas del Serrallo para que tengan que asumir los alumnos de incorporación tardía, principalmente inmigrantes, mientras la privada «sigue haciendo la selección de alumnado». Por otra parte, el director del CEIP El Serrallo, Claudio Pérez, apuntó ayer la posibilidad de no renunciar finalmente a su cargo -había dimitido el 11 de abril por el conflicto de las plazas concertada

s de P3- y apostar por el diálogo. Pérez se reunió con el delegado de Ensenyament, Xavier Bagès, y hoy lo hará con los demás directores de la Junta de Directors de Centres Públics para evaluar la situación. Estos anunciaron su intención de dimitir en bloque.

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