El documento entregado del PACTO SOCIAL Y POLÍTICO POR LA EDUCACIÓN acentúa las medidas contrarias a la escuela pública ya presentes en la LOE.

Lo más grave es que pone en igualdad a los centros públicos y a los privados concertados, como si fueran una misma cosa, planteando que el servicio público de educación está formado tanto por la red pública como por la privada concertada, con la entrega de dinero de todos a los bolsillos de los empresarios de la educación (aumento de los módulos de concierto, equiparación salarial con el profesorado de la enseñanza pública). Además, el Pacto garantiza la revisión de los procesos de escolarización para dar cabida a los intereses de la patronal de la enseñanza, porque la referencia al “reparto” de alumnado con dificultades es una falacia que los hechos se han encargado de certificar durante largo tiempo.

En cuanto al alumnado, plantea dos itinerarios cerrados en cuarto de la ESO permitiendo que, sin haber aprobado 2º ESO, se pase a un PCPI. Se renuncia a la creación de plazas públicas en el tramo 0 a 3 años. Asimismo, establece una serie de pruebas externas en 4º y 6º de primaria y 2 y 4º de la ESO… Las medidas propuestas para la FP ya existen en muchos casos y en otros van encaminadas a incrementar el número de personas tituladas, pero no a solucionar sus problemas. Sin embargo, nada se concreta de la reducción del número de  alumnado por aula, ni de desdobles, ni de dotación de profesorado de apoyo…, ni compromiso de dedicar el 7% del PIB a educación, reivindicaciones permanentes de toda la comunidad educativa y del Consejo Escolar del Estado que no son atendidas en absoluto.

En cuanto al profesorado, las medidas planteadas para mejorar la calidad se reducen a la negociación de un Estatuto Docente basado en una carrera profesional meritocrática y discriminatoria, pero no hay ni una sola medida para que el trabajo diario del docente mejore. Y el refuerzo de las direcciones de los centros, permite que, como en Cataluña, los directores incluso puedan llegar a contratar personalmente. No aparece tampoco ni una sola referencia al profesorado interino, el gran ausente de todo el pacto, y no establece un acceso ventajoso para quienes llevan años en la enseñanza pública. Se hace una vaga referencia a la prórroga de la jubilación LOE, ligando su continuidad al Pacto de Toledo y alejando la decisión sobre su consolidación tal vez de forma definitiva del ámbito de negociación docente.

Y la  igualdad de mujeres y hombres se resuelve en dos líneas que simplemente hacen referencia de la convivencia, pero no hay ni una sola mención sobre la coeducación.

En resumen: se desaprovecha la oportunidad que brindaba este pacto para consolidar la red pública y mejorar las condiciones laborales del profesorado, mientras que sí que se profundiza  la privatización y la gestión empresarial de la enseñanza. Es un pacto contra la escuela pública que agrada a la patronal educativa y tal vez a una representación sindical que parece aceptar que los fondos públicos se desvíen hacia empresas privadas y que no se atiendan las reivindicaciones de las y los docentes de la Enseñanza Pública.

León, 30 de abril de 2010