La Confederación Intersindical se opone a la propuesta del Gobierno de reforma de la jubilación para elevarla desde los 65 a los 67 años

STECyL-i, miembro de la Confederación intersindical, rechaza con rotundidad las dos medidas que el gobierno acaba de proponer, el aumento de la edad de jubilación y la disminución de las inversiones del Estado

La presentación de estas dos medidas a la vez que se conoce que, según la Encuesta de Población Activa, hay en España 4.300.000 personas paradas las hace todavía más injustificables en la necesaria lucha contra el paro que debe ser el objetivo principal del gobierno, dado que ambas contribuirán a aumentar el paro entre los jóvenes

Para STEs-i estas medidas ni son necesarias ni tiene justificación alguna en estos momentos, menos aún cuando la Seguridad Social sitúa en un 0,8% del PIB el superávit en 2009, y se prevé que se mantenga cuando menos hasta 2025. El fondo de pensiones debería aumentarse para asegurar las pensiones más allá de dicha fecha con fondos procedentes de las cuotas empresariales a la S. Social, que se deben aumentar a través de la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida.

Además, STEs-i considera que esta medida afectará, especialmente, a los sectores peor situados en el mercado laboral. También se opone al aumento del periodo de cómputo desde los 15 hasta los 20 años.

La medida de recortar los gastos del Estado en 50.000 millones de euros en tres años, a los pocos días de aprobarse los presupuestos del Estado, demuestra la falta de una decidida política de lucha contra la crisis, pues en estos momentos en los que las empresas cierran y la construcción está paralizada, el Estado está obligado a invertir en obras públicas queden trabajo y mejoren las infraestructuras del país.

Por otro lado, desde la Confederación Intersindical se exige al Gobierno que cumpla sus compromisos y regule la jubilación anticipada y parcial para las empleadas y los empleados públicos, tal y como recoge el Estatuto Básico del Empleado Público, y prorrogue la jubilación voluntaria del profesorado prevista en la Ley de Educación.

STEs-i considera que estas medidas no resuelven la situación de crisis económica, sino que atacan directamente los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores y dificultan la entrada en el mercado laboral de personas que se encuentran en paro o buscando empleo.

Finalmente STEs-i considera que estas medidas que toma el gobierno, a las que habrá que sumar la mal llamada reforma laboral, van contra los derechos de los trabajadores, por lo que entendemos que el movimiento sindical en su conjunto debe movilizarse contra estas medidas y en defensa del derecho al trabajo y a unas jubilaciones dignas.

 STECyL-i y la Confederación de STEs-intersindical, ante las nefastas noticias que se han dado a conocer, sobre las condiciones de vida de las personas trabajadoras, con los datos de la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre del 2009 y la divulgada intención del Gobierno de retrasar la edad de jubilación, no comparten las respuestas que se quieren dar a la crisis económica y presupuestaria.

	La tasa de paro no aumenta por el tipo de contrato sino por determinados sectores y el desequilibrio de la estructura productiva imperante en el último decenio. Así se demuestra con los datos de las Comunidades Autónomas donde más ha crecido el paro: Balear, Valenciana, Madrileña, Murciana ...
	La reforma laboral propuesta facilitaría aún más el despido que ya es casi gratuito para el empleo temporal, extendiendo esa facilidad para la rescisión de contratos al empleo indefinido, que en el último trimestre de 2009 no ha sufrido cambios a peor.
	Las empresas no pueden seguir adelante por falta de liquidez y falta de demanda, no en función de tener empleo estable o temporal en sus plantillas. La reforma laboral no es la solución a la crisis.
	Tampoco se soluciona la crisis disminuyendo los gastos del Estado, pues es quien debe tirar de la economía, en una época en que las empresas están retrayendo sus inversiones, haciéndolo además en proyectos de infraestructuras y servicios socialmente útiles.
	Tal y como se puede ver, no falta mano de obra, para querer alargar la vida laboral más allá de los 65 años. Ese retraso de la jubilación forzará a trabajar en puestos de cierta demanda física a personas cuyas limitaciones, propias de la edad, puede acarrear un aumento los riesgos laborales.
	El posible retraso en la edad de jubilación impedirá, además, el acceso a la producción de las personas jóvenes, ya castigadas duramente por la falta de trabajo.
	Son las empresas que jubilan anticipadamente a sus empleados y empleadas, para externalizar su producción, las que provocan mayores desequilibrios en las cuentas de las pensiones.

Una nueva estructura productiva sostenible, que produzca lo socialmente necesario, que garantice universalmente los derechos (educación, sanidad, atención a dependientes, medio ambiente, autonomía energética, cultura, agricultura y tecnología sostenibles…) y el reparto del trabajo y de la riqueza serán los que garanticen una salida de la crisis con futuro.

Asegurar solamente los derechos de altas rentabilidades para los inversores y altos sueldo para los tecnócratas que dirigen la economía real (bancos y grandes empresas) a costa de los derechos de quienes peor lo están pasando, será caer en la crisis cíclica permanente y cada vez más intensa.

1 de febrero de 2010