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os pasados 14, 17 y 18 de febrero han sido publicados el Decreto, la Orden y la Resolución  que regulan la admisión del alumnado en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León.

La Federación de STES de Castilla y León ha realizado numerosas aportaciones a los borradores de la citada normativa, tanto ante la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa, como en el Consejo Escolar de Castilla y León.

Señalaremos que la mayor parte de nuestras propuestas no han sido tenidas en cuenta en la publicación definitiva de esta normativa.

Como consideración general, apuntamos que el Decreto de admisión concede una importancia prioritaria al principio –que pretenden convertir en derecho- de libertad de elección de centro, relegando derechos sociales ineludibles de la educación, como son la equidad, la integración y la cohesión social. En este sentido, creemos que el objetivo prioritario de la programación de la oferta educativa ha de ser el de alcanzar una educación comprometida con la integración social y la educación de calidad para todos y todas, evitando la selección del alumnado y la creación de guetos escolares.

En la misma línea, consideramos que en la planificación educativa se debe atender a una adecuada y equilibrada distribución del alumnado con necesidades educativas específicas entre todos los centros escolares sostenidos con fondos públicos. La normativa presenta, en este sentido, cierta ambigüedad. Mientras que en la Orden se dice que el Director General de Planificación y Ordenación Educativa establecerá reserva de plazas a lo largo de todo el curso escolar para el alumnado con necesidades educativas específicas, como reiteradamente había solicitado la Federación de STES, en la Resolución se restringe esta reserva a una sola plaza por unidad escolar y solamente para aquellos centros que la Administración determine.

Señalamos como aspecto positivo la inclusión explícita, en el Decreto, de que la Consejería de Educación aportará recursos y apoyos precisos a todos los centros sostenidos con fondos públicos para la atención al alumnado con necesidades educativas específicas. Sabemos que muchas veces alumnado con estas necesidades son desviados a la red pública porque la red privada concertada carece de esos recursos.

El Decreto establece que en la admisión no podrán establecerse criterios discriminatorios por razones ideológicas, religiosas, morales, sociales, de raza o nacimiento. Sin embargo, excluye la no discriminación por razón de sexo, aspecto que la Federación de STES solicitó que fuera incluido explícitamente.

Se ha desoído nuestra petición de que el Consejo Escolar del centro participe en el proceso de baremación. Son los directores de los centros públicos y los titulares de los centros concertados quienes resuelven las solicitudes de admisión. Esto atenta, una vez más, contra la participación de la comunidad educativa y la gestión democrática de los centros.

No se asegura, como la Federación de STEs proponía, que las distintas comisiones de escolarización de cada provincia permanezcan activas durante todo el curso escolar.

En cuanto al baremo para la admisión del alumnado consideramos como positivo que se haya reducido del criterio de renta de la unidad familiar, como la Federación de STES había demandado, aumentando la puntuación del criterio de proximidad al centro. Por otra parte, en la Orden aparece un último apartado valorado con 0,75 puntos: “Otra circunstancia relevante apreciada justificadamente por el órgano competente del centro”. Nuestra propuesta era la supresión de este apartado del baremo porque puede suponer la inclusión de criterios excluyentes o discriminatorios.

El Secretariado de la Federación de STEs de CyL. Marzo 2005