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14 de
marzo de 2004
Durante años y en especial en la última
legislatura, hemos sufrido en una mayor o menor
intensidad el desmantelamiento de las estructuras
públicas, el seguidismo – y cómo en éstos últimos cuatro
años -el servilismo internacional, la toma de decisiones
a espaldas de la sociedad y el oscurantismo, cuando no
la mentira o la corrupción como formas de hacer
política. Todo esto nos ha llevado al siguiente
escenario:
- Regresión de los derechos y
prácticas democráticas,
ejemplificada en numerosas decisiones tomadas en
contra de la opinión pública, recortando la libertad
de expresión y negando la participación ciudadana.
- Generalización de la mentira o
el silencio a la hora de
dar explicaciones sobre hechos fundamentales de la
vida política y social del Estado Español:
catástrofe del Prestige, armas de destrucción masiva
en Irak, accidente del Yak con tropas españolas,...
- Instalación de un discurso
agresivo, chulesco,
tremendista, del conmigo o contra mí, identificando
a cualquier crítico al gobierno como contrario al
progreso, a la democracia o, lo que es peor,
criminalizándolo.
- Abandono de la vía diplomática
para la resolución de los conflictos
internacionales, como es el caso de nuestras
relaciones con Marruecos o la Guerra de Irak, unido
a la sumisión más completa a los intereses y
posiciones del gobierno conservador de Estados
Unidos, presidido por G. Bush.
- Intolerable influencia de los
poderes fácticos,
especialmente de los más reaccionarios (jerarquía de
la iglesia católica, empresas armamentísticas y
energéticas, círculos próximos a la CEOE,...) en las
decisiones del gobierno.
- Abandono del diálogo
para la resolución de conflictos con las comunidades
autónomas, sustituyéndolo por políticas de
enfrentamiento y de descalificación sistemática ante
cualquier opción distinta a la suya.
- Utilización partidista de los
medios de comunicación públicos,
(Urdaci, condenado por falsear información, seguirá
dirigiendo los informativos de TVE durante la
campaña electoral) que, unida a un control casi
total de los medios privados, supone una merma de la
libertad de expresión y una devaluación del sistema
democrático.
- Privatización de los servicios
públicos, (enseñanza,
sanidad, pensiones, RENFE, Correos, Iberia,
Telefónica,...) propiciando enriquecimientos
inmorales a costa de ellos.
- Disminución del gasto social
que nos sitúa a la cola de la Unión Europea: 20’1%
del PIB frente a la media, del 27’3 %, de la UE.
- Deterioro de la Enseñanza y de
la Sanidad Públicas,
concentrando en ellas a los sectores con más
necesidades y potenciando redes paralelas privadas
para atender a aquellos sectores que pueden
pagárselo.
- Dejación de servicios básicos
de responsabilidad del Estado (atención a personas
mayores, disminuidas físicas, menores en situación
de riesgo, inmigrantes, personas sin techo,...) que
pasan a ser atendidos por ONGs o Fundaciones
subvencionadas, muchas de ellas cercanas al PP, que
ponen en práctica el carácter asistencial-caritativo
frente a lo que deberían ser políticas de justicia
social
- Un escandaloso número de
mujeres muertas como consecuencia de la violencia de
género, considerando en la
práctica, a estas mujeres víctimas de segunda, sin
políticas activas que frenen esta masacre cotidiana,
con una justicia y medios de protección a las
mujeres lentos e insuficientes, que indican un peso
todavía determinante de las ideas retrógradas, en el
aparato del estado, respecto al papel de las mujeres
en la sociedad.
- La mayor tasa de empleo
precario (31’2 % del
total) de la Unión Europea (13’1 % de empleo
temporal de media).
- Aumento de la pobreza,
con más de 30.000 personas sin techo y grandes
bolsas de exclusión y marginación.
- Negación de derechos sociales
y laborales a las personas extranjeras
que ya trabajan aquí, que con las continuas reformas
regresivas de las leyes de extranjería, las
convierten en mano de obra barata para empresarios
sin escrúpulos y potencian los discursos xenófobos.
- Aumento de la siniestralidad
laboral, claramente
provocada por las condiciones de precariedad laboral
y falta de formación y prevención en temas de salud
laboral.
- Generalización de políticas
que flexibilizan las relaciones laborales
que conducen al abaratamiento de los despidos,
nuevas formas de contratación laboral con
disminución de derechos,...
- Favorecimiento de los sectores
más poderosos mediante la
disminución del IRPF máximo, el progresivo recorte
tributario en los impuestos directos (IRPF,
Transmisiones patrimoniales..), que han pasado de
ser el 55’92 % del total, en el 96, al 47’37 % en el
2002, el aumento de los impuestos indirectos
(combustibles, impuestos municipales, etc.),
bonificaciones a las (grandes) empresas, gastos
públicos dirigidos, no a mejorar los servicios, sino
a contribuir en su privatización y a engordar los
beneficios de ciertas empresas: AVE, ordenadores y
nuevas tecnologías en centros públicos, planes de
pensiones del personal empleado público, grandes
infraestructuras del PHN,...
- Políticas de vivienda
caracterizadas por la especulación sobre el suelo
que redunda en un encarecimiento de ésta haciéndola
inaccesible a un número cada vez mayor de personas,
especialmente a jóvenes e inmigrantes.
- Anulación del derecho a la
negociación colectiva en los ámbitos de la función
pública e incumplimiento
de los acuerdos, lo que provocó una huelga general
del sector público y un constante deterioro de las
condiciones de trabajo en el sector público: trabajo
temporal, contratos a tiempo parcial,...
- Centralización de la
negociación colectiva y,
como consecuencia, un mayor alejamiento de los
trabajadores y trabajadoras de los centros de
decisión en materia laboral y una mayor
burocratización de las organizaciones sindicales
mayoritarias.
Con este panorama y ante las próximas
elecciones generales, desde la Confederación de
STEs-Intersindical, instamos a los distintos partidos y
organizaciones políticas a que establezcan, como líneas
de actuación prioritarias:
- La recuperación de las libertades
democráticas, la transparencia informativa, la
participación ciudadana, el talante negociador en
los conflictos, tanto internos como externos, y la
independencia respecto de la Iglesia y los poderes
económicos.
- La defensa del gasto social y la
progresividad fiscal, donde más paguen quienes más
tienen y donde todas las personas tengan asegurados
los mínimos vitales.
- El reconocimiento de todas las
víctimas, y en especial a aquellas mujeres que
sufren el llamado terrorismo doméstico, en todos los
ámbitos y la defensa de políticas activas (en
educación, servicios sociales, justicia,
prevención,...) para acabar con las motivaciones de
fondo que las generan.
- La inmediata puesta en marcha de
una política de vivienda que acabe con la actual
situación de espiral especulativa y que posibilite,
de verdad, su adquisición o alquiler por parte de
quienes más lo necesitan
- La defensa y ampliación de los
servicios públicos de calidad y universales, que
presten especial atención a los sectores más
desfavorecidos, gestionados pública y
democráticamente, con empleados y empleadas
reconocidos en sus derechos laborales.
- La consecución de trabajo digno y
con derechos para todos y todas . La desaparición
del empleo precario, la subida del salario mínimo
interprofesional y el reparto del trabajo, con la
jornada de 35 horas semanales.
Secretariado Confederal de
STEs-Intersindical |
