En contra de lo que
defiende la presidenta de Castilla-La Mancha María
Dolores de Cospedal, España necesita políticos
profesionales. Y suscribiendo casi al 100% la tesis de
César Molinas sobre los desmanes de muchos de nuestros
servidores públicos en su espléndido artículo Una teoría
de la clase política española en El País, el pasado 10
de septiembre, considero que esos políticos
profesionales deben tener, por supuesto, dedicación
exclusiva y un sueldo digno; eso sí, sin privilegios
distintos a los que tienen el resto de los trabajadores.
La maniobra de Cospedal, que también es secretaria
general del Partido Popular, es extremadamente burda. Se
propone retirar el salario a los diputados del
parlamento regional —lo que perjudica fundamentalmente a
la oposición, dado que la mayoría del PP tiene sueldo
público, por ejemplo, en la Junta —, pero no incluye al
Ejecutivo, es decir, a sí misma y los miembros de su
gabinete. A renglón seguido, el portavoz del grupo
popular en las Cortes regionales, Francisco Cañizares,
defiende a su jefa alegando que “quien ha vivido de la
política toda la vida no es capaz de saber las
necesidades de la gente”. ¿No es ese, acaso, el perfil
de Cospedal y, sobre todo, el de Mariano Rajoy? Así son
de tramposos y contradictorios los discursos populistas.
Los frecuentes casos de corrupción política, la crisis,
la receta de la austeridad y la mala praxis en la
función pública alimentan este discurso de la
antipolítica cuando, en puridad, deberían tener la
consecuencia contraria. Lo que aquí se necesita con
urgencia son políticos profesionales que hagan su
trabajo y, a ser posible, que lo hagan bien. Políticos
que pongan coto a las exigencias de los mercados y que
trabajen para quien realmente les paga, que es el
contribuyente.
El sistema español nos ofrece permanentemente ejemplos
de una forma de entender la política muy alejada de ese
objetivo esencial. Y así, en nuestras democracias
mediáticas, en la carrera del político no se valoran
tanto sus logros como la cantidad de titulares que es
capaz de cosechar porque eso es lo que le aportará más
votos; algo sobre lo que deberían reflexionar no solo
los políticos, sino la ciudadanía que les elige en las
urnas.
Trabajar profesionalmente desde las instituciones
públicas significa, por ejemplo, analizar las graves
deficiencias del sistema educativo español para intentar
corregirlas. Claro, eso, en un estado tan
descentralizado como el español, no es una tarea
sencilla. Requiere reunirse con los diecisiete
consejeros autonómicos, consensuar políticas y corregir
coordinadamente los fallos.
Es un problema con el que se enfrentan todos los
ministros de dos de los más importantes pilares del
Estado de bienestar: Sanidad y Educación. Con las
competencias ya transferidas a las comunidades
autónomas, algunos de los ministros de tales carteras
consideran que la única manera de resolver los problemas
del sector y, al tiempo, ocupar amplios espacios en los
medios de comunicación es dictar nuevas leyes. Su amor
por legislar es notable.
Durante esta semana hemos sabido que el sistema
educativo español no prepara a los jóvenes para el mundo
laboral, que el abandono escolar ha mejorado un poco
pero que sigue siendo el más alto de la Unión Europea,
que la baja proporción de alumnos en formación
profesional es un lastre y que la desigualdad regional
de la calidad educativa es de las peores del continente.
Pues bien, la respuesta no es exhibir el trabajo en
marcha y los proyectos de futuro para ir corrigiendo
tales deficiencias. La respuesta, ideada ya desde el
programa electoral del PP, es confeccionar una nueva
ley, una gran norma legal que quizá no resuelva casi
ninguno de esos problemas pero que dejará titulares y la
impronta de quien detenta la cartera de Educación.
Lamentablemente, José Ignacio Wert no es el primero en
caer en la tentación.
Sí es el primero en lanzar un proyecto pomposamente
titulado Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa
al tiempo que impone el más duro recorte presupuestario
que ha sufrido el sistema en los últimos 80 años. La
ecuación es materialmente imposible. Que haya menos
profesores, más alumnos por clase y menos becas ya era
una mala noticia. Que, además, se fíe a un texto legal
la mejora de ese sistema ahora tan castigado parece una
tomadura de pelo.
 Gabriela
Cañas
Periodista y escritora |
