El día 14 de
enero de este año, acudí a Santander para
impartir un curso de voluntariado en
cooperación internacional y me encontré con
la sorpresa de que, entre la docena de
participantes, había nada menos que cuatro o
cinco doctores. Me impactó profundamente
que, en el coloquio final que mantuvimos,
varios expresaran su decepción ante el hecho
de que con 30 años estaban apurando una beca
de formación postdoctoral y que, debido a la
crisis, no creían que pudieran conseguir
ningún empleo en su campo de
especialización. Con cierta amargura, uno de
los asistentes compartió con nosotros la
extraña sensación que experimentaba por el
hecho de que, habiendo sido el único de su
“quinta” que había salido del pueblo para
estudiar en la Universidad, ahora observaba
cómo sus amigos habían podido casarse,
constituir una familia, encontrar una casa y
trabajar, mientras él se enfrentaba a un
horizonte incierto. Cuando sus conocidos le
preguntaban por su futuro a corto plazo no
podía contestar nada en concreto y, lo que
es peor, se veía con 40 años sin saber que
sería de su vida. El resto de los jóvenes
asistentes al taller afirmaba estar en la
misma situación, después de haber dedicado
muchos años al estudio de su carrera, a
aprender idiomas o a realizar viajes al
extranjero para mejorar su formación
académica. Inmediatamente pensé en la
situación de tantos profesores
universitarios jóvenes con los que me
relaciono.
El pasado
sábado 21 de abril el Gobierno aprobó un
Real Decreto-Ley de “Medidas urgentes de
racionalización del gasto público en el
ámbito educativo” que amenaza con arrasar a
la institución universitaria. En concreto,
de aplicarse en su integridad el conjunto de
las disposiciones, podría acabar con más de
un tercio de las plantillas docentes y,
precisamente, haciendo recaer ese sacrificio
sobre la generación más prometedora. Con la
amenaza de recortar aún más los fondos
dedicados a la educación superior, el
decreto pende cual espada de Damocles sobre
el conjunto de la comunidad universitaria.
Las diversas normas aprobadas a lo largo del
presente mes de julio (p.e. la Ley 4/2012
del 4 de julio de la Comunidad de Madrid o
el Real Decreto-Ley 20/2012 del 13 de julio)
han confirmado la gravedad del escenario en
el que nos encontramos. De hecho, son
numerosísimas las universidades de nuestro
país que han procedido ya a eliminar
docentes.
Empecemos por
reconocer expresamente que, en tiempos tan
difíciles como los actuales, todos –también
las universidades- estamos moralmente
obligados a asumir restricciones
financieras. Vaya también por delante la
aceptación de que resulta necesario
racionalizar el gasto universitario en
aquellos lugares, centros y titulaciones en
los que no existe un número razonable de
alumnos y que se encuentran, por
consiguiente, sobredimensionados. Incluso me
parece razonable elevar las tasas
sensiblemente, siempre que un sistema
efectivo de becas haga factible la igualdad
de oportunidades de acceso a la enseñanza
superior al margen de la capacidad económica
de las familias
Pero, más allá
de estos supuestos, existe una amenaza real
de descapitalización de la universidad que
puede tener consecuencias de enorme calado y
que no se justifica en modo alguno. De
hecho, se está produciendo una escisión
esquizofrénica entre el discurso oficial de
los responsables ministeriales —empeñados en
hablar de “excelencia”, “investigación”,
“calidad”, “internacionalización”,
“enseñanza personalizada”, “Espacio Europeo
de Educación Superior” o la consideración de
la formación superior como la “herramienta
estratégica para el desarrollo del país”— y
la praxis presupuestaria restrictiva de los
últimos años que revierte una tendencia
hacia el fortalecimiento de la enseñanza
superior que ha sido reconocida por la OCDE
y que había conducido a resultados muy
positivos tanto en términos de logros
académicos como en el terreno del incremento
de la investigación, algo que recordaron
acertadamente los rectores hace pocas
semanas.
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Los
docentes con dedicación parcial
imparten un 75% de las clases y
cobran menos de la mitad |
De aplicarse
el decreto literalmente, la carga lectiva de
muchos docentes con dedicación exclusiva
podría incrementarse un 33% —el equivalente
a elevar de 40 a 53 horas la jornada de
trabajo— lo que unido a la eliminación o
fusión de grupos o la minusvaloración de
otras actividades docentes permitiría
recortar drásticamente las plantillas. Lo
que conviene poner de relieve es que la
medida resulta ineficiente desde el punto de
vista económico y profundamente injusta
desde el social. El motivo es fácil de
entender. Una parte importante de las
plantillas universitarias corresponde a los
profesores asociados, ayudantes e interinos,
cuyas plazas se renuevan cada año o cada
tres. Este hecho los sitúa en una posición
extremadamente vulnerable. Basta con no
renovarles para que dejen de formar parte de
los cuerpos docentes y, además, no se hace
necesario indemnizarles. Para colmo de
males, la política de ahorro que se lleva
aplicando desde hace muchos años, conduce a
que sus jornadas no sean completas y que,
así mismo, sus derechos laborales en caso de
despido sean mínimos Estas plazas están
ocupadas, muy mayoritariamente, por jóvenes
que desean hacer una carrera académica, pero
que no han podido acceder a una plaza fija
por la falta de fondos. Lo significativo de
este amplio número de “descartables” es que
son, precisamente, los que se han preparado
durante más tiempo para llegar a poder ser
profesores y los que siguen con mayor rigor
los criterios de exigencia académica
establecidos por la ANECA, dado que son
requisito imprescindible para obtener la
ansiada acreditación.
Es decir,
buena parte de los mejores estudiantes del
país —en capacidad y esfuerzo—, después de
diez o más años dedicados intensamente a la
formación (licenciatura, doctorado, idiomas,
estancias en centros foráneos, experiencia
docente y elaboración de publicaciones) no
pueden obtener la mínima estabilidad laboral
en la situación actual. Ningún colectivo de
trabajadores de nuestro país tiene que
acumular tantos méritos para acceder a un
puesto de trabajo, durante un periodo de
prueba tan dilatado y padeciendo una
situación tan precaria. Tengamos en cuenta
que son el recambio natural de los
profesores veteranos y corremos el riesgo de
perderles definitivamente, creando un hueco
generacional que no podremos cubrir.
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Se
está produciendo una escisión
esquizofrénica entre el discurso
oficial de los responsables
ministeriales y la praxis
presupuestaria restrictiva de los
últimos años |
Pero si desde
el punto de vista académico esta situación
que afecta a personas que superan los 30
años es lamentable, la consideración de la
variable económica resulta simplemente
indignante. A la mayoría de estos docentes
las universidades les contratan con
dedicación parcial por lo que impartiendo un
75% de las clases de quienes tenemos la
dedicación exclusiva, pueden llegar a cobrar
—según las categorías— mucho menos de la
mitad. Eso sí, a pesar de no poder acceder a
la dedicación exclusiva que muchos de ellos
desearían, se ven afectados por las normas
de incompatibilidad. En este contexto, la
aplicación del Decreto-Ley hará recaer el
ajuste sobre quienes son más jóvenes, están
haciendo un mayor esfuerzo formativo e
investigador, cobran menos y dan
relativamente más clases. Por ese motivo, no
hay proporción entre el ahorro económico,
muy moderado, que se deriva de su despido y
la pérdida de capital humano que
representará para las universidades a medio
y largo plazo.
Muchos de
estos jóvenes profesores iniciaron su
carrera profesional merced a la ampliación
de becas pre-doctorales y post-doctorales
que llevaron a cabo los gobiernos recientes,
convencidos de que la preparación científica
y profesional era una de las carencias
históricas de nuestro país. Durante muchos
años España ha invertido recursos públicos
en la preparación de sus estudiantes más
destacados para, finalmente, desperdiciar el
esfuerzo. Muchos de ellos abandonarán la
actividad investigadora y docente de modo
irreversible, mientras otros, los más
motivados o desesperados, saldrán de nuestro
país y enriquecerán con su inquietud y
conocimientos a otros Estados capaces de
ofrecerles oportunidades. No olvidemos que
la valoración que hacen de nuestros
graduados en Europa y Estados Unidos es muy
alta en muchas ramas del conocimiento:
matemáticas, biología, ingenierías,
informática, profesiones sanitarias,
arquitectura, etc.
Curiosamente,
el panorama educativo de nuestro país se
encuentra muy polarizado. Mientras
presentamos uno de los índices más altos de
fracaso escolar de la OCDE, tenemos también
unos resultados notables en materia de
educación superior. Mantener o mejorar este
último logro y superar el desafío que
representa el fracaso escolar reclaman más y
mejores profesionales de la educación, no
menos y más desbordados.
En cierta
ocasión la entonces primera ministra de la
India —Indira Gandhi— viendo el tratamiento
que daban en la televisión los reporteros
occidentales a su país dijo: “nos vemos con
los ojos de quienes nos desprecian”. Quienes
somos profesionales de la educación en
nuestro país en estos difíciles tiempos
podemos cambiar algo la expresión y afirmar
“estamos gobernados por quienes desconfían
de nosotros”. Ya lo decía Mafalda: “lo
urgente no deja tiempo para lo importante”.
En este caso, la urgencia de los recortes,
amenaza con hipotecar lo más importante: la
consolidación de una enseñanza superior de
mayor calidad que pueda capacitar a nuestro
país para enfrentarse a los retos globales
que nos esperan. Lo siento, yo también estoy
indignado.
