Han
desembocado en una nueva recesión económica
que amenaza con transformarse en una
depresión prolongada capaz de generar un
nuevo vendaval destructivo de empleos,
tejido productivo y empresarial, bienes
públicos y derechos laborales y sociales. La
deuda pública ha seguido aumentando a un
fuerte ritmo y los mercados bloquean las
posibilidades de obtener a costes asumibles
la financiación que requieren las
Administraciones públicas. Y lo mismo sucede
con los bancos, cuyos activos se han
deteriorado hasta el punto de requerir la
intervención de los mecanismos de rescate
europeos. Como consecuencia, la economía
española en su conjunto se ha situado en una
situación de emergencia que, en la práctica,
raya con la insolvencia. Ahora, depende de
la voluntad interesada y de los préstamos
que de forma condicionada ofrecen unas
instituciones europeas copadas por políticos
y tecnócratas ultraliberales que pretenden
resolver los problemas extendiendo y
endureciendo los ajustes presupuestarios.
Esta falta de acceso a la financiación, que
se presenta normalmente como justificación,
por inevitables, de las medidas actuales, es
en realidad una rotunda evidencia del
fracaso de las políticas de recortes.
Las medidas adoptadas nada tienen que ver
con una austeridad solidaria que abogue por
prescindir de lo superfluo y propicie un
reparto de empleos y rentas con el objetivo
de garantizar condiciones de vida dignas a
toda la ciudadanía y maximizar el bienestar
colectivo. No se trata, entiéndase bien, de
una austeridad deseable que persiga un mayor
respeto por los recursos naturales, el medio
ambiente o las futuras generaciones y que
trate de minimizar el consumo de materiales
y energía que no pueden producirse y que, en
algunos casos, están próximos a la
desaparición. Se trata de una política de
recortes convertida en una herramienta de
presión política y económica puesta al
servicio de unos objetivos antisociales:
cargar los costes de la crisis sobre la
mayoría de la población, conseguir una
mejora rápida de la situación del sistema
bancario internacional y la rentabilidad de
las grandes empresas y extirpar mediante el
miedo y la desesperanza toda posibilidad de
crítica y resistencia ciudadana. Su objetivo
no es otro que redistribuir poder, rentas,
patrimonios y actividades del sector público
a favor de una minoría que identifica la
actual situación de crisis como una
oportunidad para echar el cierre al Estado
de bienestar, transformar en nuevas fuentes
de negocio los derechos de la ciudadanía a
la educación, la salud y la protección
social, aumentar las tasas de rentabilidad
del capital invertido y debilitar durante
décadas la capacidad contractual y el poder
de negociación de las clases trabajadoras.
Las medidas de austeridad aprobadas por el
Consejo de Ministros de 13 de julio de 2012
pasarán a la historia de la brutalidad con
la que representantes políticos elegidos
democráticamente tratan a la mayoría de sus
conciudadanos. Y pasarán a la historia de la
infamia de los gobiernos que rompen con el
programa electoral que los aupó al poder y
defraudan, sin inmutarse, la confianza de
los electores. Historia que, por cierto,
está cargada de episodios similares en el
pasado más reciente de este país y de otros
países del sur de la eurozona, que muestran
la fragilidad de unas democracias que no
respetan los compromisos adquiridos por los
gobiernos con sus votantes y con el conjunto
de la ciudadanía. Por eso, la denuncia de
estas políticas está tan estrechamente unida
a la defensa de una democracia real asentada
con firmeza en la libre expresión y
manifestación de las críticas, el respeto
permanente de los valores y prácticas
democráticos y la capacidad de decisión
efectiva de la mayoría.
El reciente y, por ahora, último hachazo del
Gobierno de Rajoy afecta a las rentas,
capacidad adquisitiva y condiciones de vida
de la mayoría de la población. En nuestra
opinión, estas medidas:
1. Son injustas. Hacen recaer los
costes de la crisis sobre la mayoría de la
población y golpean especialmente a sectores
de las clases trabajadoras de baja renta,
escasa cualificación y mínima capacidad de
hacerse oír y hacer valer sus intereses.
Cada día nuevas personas son excluidas de un
mercado laboral cada vez más inhóspito,
sufren mayores dificultades para tener
acceso a unos bienes públicos que acentúan
su carácter asistencial y se ven marginados
de un bienestar del que disfrutaron durante
algunos años con cierta precariedad y que
ahora sienten que se les escurre entre las
manos.
En sentido contrario, la llamada austeridad
no afecta a las grandes fortunas y apenas
roza a los bancos y grandes empresas que son
tratados con mimo para sanear sus balances
con dinero público y favorecer la reducción
de unos costes laborales que perjudican su
rentabilidad. Con descaro, se recorta la
renta de la mayoría de la sociedad que deja
en situación de exclusión a los sectores
sociales más vulnerables mientras las
grandes fortunas y rentas no se tocan y se
olvidan sus delitos fiscales.
Pretenden justificar el tijeretazo basándose
en una errónea e interesada culpabilización
del sector público, de los trabajadores que
allí desempeñan su labor y de unos parados a
los que se confunde con acomodados rentistas
a los que hay que incentivar en la búsqueda
de empleos que no van a existir recortando
prestaciones y subsidios.
Y al tiempo, intentan omitir las
responsabilidades de unos mercados que han
revelado su ineficiencia en sus funciones
básicas de valorar y discriminar riesgos y
proyectos de inversión o asignar de forma
eficiente recursos. Ahí sigue estando la
misma clase política que incumplió sus
obligaciones de control y sanción de
ilegalidades y desafueros y se enredó en
innumerables casos de corrupción. Ahí siguen
estando unos directivos de los sectores
bancario e inmobiliario tan rapaces en su
afán de lucro como incapaces de valorar los
riesgos que asumían de forma completamente
irresponsable y de utilizar con un mínimo
juicio los recursos financieros y
productivos que gestionaban.
2. Son ineficaces y contraproducentes.
Ni van a restaurar la confianza en la
economía española, ni van a contener la
fuerza desestabilizadora de los denominados
mercados, ni van a permitir alcanzar el
objetivo (imposible, pero también
injustificado) de reducir el déficit público
hasta el 6,3% del PIB este año y al 3% en
2014. Desde hace dos años, los socios
“rescatados” y los obligados por las
instituciones europeas y los mercados a
incrementar los recortes, disminuir la
oferta de bienes públicos y protección
social y reducir gastos e inversiones del
sector público son ejemplos vivos de la
inutilidad de una esta austeridad que no
sirve para crear empleos, equilibrar las
cuentas públicas, avanzar en la
consolidación fiscal al ritmo fijado o
reactivar la economía.
Los impactos de los recortes sobre la
demanda interna, reduciéndola drásticamente,
sobre la actividad económica, deprimiéndola,
y sobre los empleos, eliminándolos, provocan
una caída de la recaudación tributaria que
neutraliza los efectos sobre el déficit
público del ajuste de los gastos y del
incremento de la presión fiscal sobre las
rentas del trabajo y el consumo. Se ha
entrado así en una espiral deflacionista en
la que el rigor presupuestario provoca
atonía económica y convive con un déficit
público estructural que impulsa la
ampliación de la deuda pública y sirve para
la justificación de nuevas rondas de
recortes. El resultado de tanto desatino no
puede ser otro que la destrucción de
empleos, capacidades productivas y
crecimiento potencial.
Estas políticas están especialmente
contraindicadas en un aspecto de vital
importancia para el futuro de las economías
del sur de la eurozona. Al concentrar la
atención de gobiernos nacionales,
instituciones europeas, inversores
internacionales y opinión pública en los
problemas de financiación del sector
público, equilibrio presupuestario y
saneamiento de los balances de los bancos,
contribuyen a que se pierdan de vista otros
problemas de similar relevancia, si no más,
relacionados con la debilidad estructural de
la oferta productiva de los países del sur
de la eurozona y la gran heterogeneidad
productiva y financiera entre los Estados
gestada en las décadas previas al estallido
de la crisis global. Y no hay mercados ni
agentes económicos privados que puedan
solventar tales problemas.
3. Destruyen actividades económicas
viables y deterioran el tejido económico y
empresarial. El intento de compensar
mediante el aumento de las exportaciones el
destrozo causado por el desplome de la
demanda interna no ha llevado ni puede
llevar a ningún buen puerto. Se pretende que
la reducción de los costes patronales,
especialmente los costes laborales
(salarios, seguridad social a cargo de la
empresa, indemnizaciones por despido y otros
gastos), repercuta en el descenso del nivel
general de precios e implique una mayor
competitividad vía precios que impulse la
demanda externa. Pero tal devaluación
interna ha tenido hasta ahora y seguirá
teniendo efectos contradictorios que
permiten tener dudas más que razonables
sobre sus impactos positivos en la actividad
económica o el empleo. En primer lugar,
porque el tamaño relativo del valor de las
ventas exteriores respecto al peso de la
demanda interna es pequeño y haría falta un
aumento descomunal de las mismas para
compensar retrocesos menores de una demanda
interna, que va a estar limitada por las
necesidades de desendeudamiento y la
reducción de la renta efectiva de la que
dispondrá la mayoría de la población. En
segundo lugar, porque la competencia vía
precios con los productos procedentes de los
países con bajos salarios sólo puede
realizarse con una reducción de los costes
laborales de tal calibre que sería
socialmente inaceptable, políticamente
inasumible y económicamente desastrosa. Y en
tercer lugar, porque la generalización de
políticas tan restrictivas en todos los
países de la UE, impedirán de hecho el
crecimiento de las exportaciones de las
economías del sur de la eurozona.
Los resultados de las políticas de
devaluación interna impuestas a las
economías periféricas sólo ofrecen una duda:
qué alcance tendrá la destrucción de empleos
y la desaparición de pequeñas y medianas
empresas que van a causar, en cuánto se
reducirá el crecimiento potencial de las
economías afectadas, hasta dónde caerá el
nivel de vida de la mayoría de la población
y durante cuánto tiempo se mantendrán
medidas de carácter tan antisocial,
antieconómico, antieuropeo y tan inútiles
como las que se han impuesto.
Frente a los objetivos y prioridades que
defiende la economía convencional (salvar el
sistema bancario, propiciar nuevos campos de
negocio para los grandes grupos
empresariales y aumentar la tasa de
rentabilidad del capital invertido), la
economía crítica reafirma la subordinación
de la política económica a la consecución
del bienestar de las personas y la defensa
irrenunciable de los derechos laborales,
sociales y ciudadanos.
La consolidación de una ciudadanía crítica
con las medidas de austeridad y devaluación
interna que se imponen como única solución
racional y de una población consciente del
conjunto de problemas e intereses en juego
es clave para abrir un nuevo enfoque de
resolución de la crisis económica que
respete de modo efectivo los derechos a
empleos decentes, salarios dignos,
protección social suficiente y libre acceso
a bienes públicos de calidad.
El colectivo de economistas que formamos
parte de econoNuestra queremos desmarcarnos
públicamente de las autoridades económicas
que nos malgobiernan y de los supuestos
argumentos económicos que se utilizan para
respaldar y justificar estas extremistas
medidas de recorte. La defensa que hace
econoNuestra de la lógica y el conocimiento
económico se inscribe en la inexcusable
tarea de promover, junto al conjunto de
movimientos y organizaciones sociales,
culturales, sindicales y políticas de
izquierdas y progresistas, una ciudadanía
movilizada en la exigencia de
responsabilidades, en la denuncia de
mentiras que se revisten con términos
económicos y en la defensa de los derechos y
condiciones de vida y trabajo de las
personas..
