La sorpresa del anuncio de una reforma constitucional por consenso del Gobierno con el principal partido de la oposición ha desembocado rápidamente en una creciente irritación. Primero, por la condescendiente obediencia española los dictados, no siempre plenamente comprensibles, del directorio franco alemán; segundo, por la chocante facilidad con que PP y PSOE han conseguido ponerse de acuerdo en una cuestión que a muchos ciudadanos les parece esotérica, después de tanta incapacidad para concertar otros asuntos de auténtico calado; y tercero, porque la constitucionalización del déficit cero es la exacerbación de una determinada posición ideológica, que de momento ha provocado la gran recesión, sin que nada garantice que las soluciones de ahora nos conduzcan a un desarrollo más armónico, estable y tranquilo.

Esta irritación, que enlaza con el malestar social que se percibe desde hace tiempo, fruto de la pésima situación socioeconómica y de la escasa altura del proceso político, ha desembocado en el surgimiento de una opinión contraria a la propuesta avalada por Zapatero y Rajoy y en la exigencia de un referéndum popular sobre la reforma en cuestión. Un sector del PSOE, con José Borrell y Antonio Gutiérrez a la cabeza, han planteado una oposición frontal a la medida, y en las redes sociales se está registrando una masiva exigencia de la consulta popular. La reforma en ciernes afecta al Título VII de la Constitución, «Economía y Hacienda», y puede ser realizada por el procedimiento ordinario previsto en el art. 167 de la propia Carta Magna: será necesaria una mayoría cualificada de tres quintos de ambas cámaras, o bien mayoría absoluta del Senado y de dos tercios del Congreso.

Es evidente que, una vez adoptada públicamente la decisión de la reforma, una vuelta atrás representaría un grave contratiempo en nuestra relación con Europa y con los mercados ya que estaríamos lanzando una señal que va en contra de las exigencias que se nos formulan. Visto así, la docilidad parece la receta adecuada. Sin embargo, a veces han que afrontar determinados riesgos para hacer valer las propias convicciones. Las sociedades francesas y holandesas, ciudadanías nada bisoñas, votaron en contra de la Constitución Europea, con las consecuencias que a la vista están: no se ha hundido el mundo y las instituciones europeas tienen cada vez más en cuenta a la opinión pública.

Así las cosas, no es irreal afirmar que la negativa del establishment al referéndum, aunque legítima y seguramente razonable, será un paso más en el peligroso camino de distanciamiento entre la sociedad y la superestructura política.

Por el contrario, la promesa de un reférendum aliviaría tensiones y permitiría un debate cabal sobre nuestro papel en la Eurozona y sobre otras varias cuestiones que requieren asimismo de amplios consensos; entre ellos, varias reformas modernizadoras de la misma Constitución.