El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, viene desde hace meses impulsando un intenso proceso negociador con las diferentes fuerzas políticas y representantes de las comunidades autónomas para alcanzar un gran pacto de Estado en esa materia.

La sociedad demanda a nuestros dirigentes que sean capaces de lograr un acuerdo para que la política educativa no quede en manos del Gobierno de turno, sino que en un asunto tan sensible como este, y que tanta influencia tiene en el progreso y nivel de nuestro país, contemos con un amplio consenso de los partidos, que a la postre constituyen el reflejo de las diferentes ideas que existen en España.

Transferidas las competencias en educación y en sanidad a las autonomías, conforme establecía nuestra Constitución, está claro que en algo hemos fallado cuando se producen algunas anomalías e importantes diferencias en los servicios que se prestan según en la región en que nos hallemos. No es normal que alguien se pueda encontrar con problemas para recibir una educación mayoritariamente en castellano en algún territorio del Estado, o que, en algún momento, un paciente se haya encontrado con dificultades para ser atendido en una comunidad distinta a aquella de la que es originario.

Está claro que España debe aprender de los errores cometidos y no volver a repetirlos. Los españoles necesitamos un modelo educativo uniforme para todo el Estado, desde el respeto a todas las lenguas oficiales, pero en el que se garantice el que nuestros hijos puedan estudiar en castellano en cualquier lugar. No es comprensible que cuando una familia, por su trabajo, tiene que desplazase a vivir por algún tiempo a alguna autonomía se encuentre con trabas para poder seguir estudiando la mayor parte de sus asignaturas en el idioma que nos une a todos en nuestro país.

La educación y la sanidad son materias suficientemente sensibles para que el Gobierno Central sea el encargado de coordinarlas en el conjunto del Estado, y tenga la última palabra en cualquier conflicto que se pueda suscitar. Y lo mismo debe suceder con la justicia, una competencia que está pendiente de transferirse aún a algunas comunidades autónomas.