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Durante tres años, desde 2004 hasta 2006,
las organizaciones educativas realizamos un gran esfuerzo para alcanzar
un pacto educativo en el proceso de elaboración y debate de la Ley
Orgánica de Educación (LOE), obedeciendo a la demanda social de dar
estabilidad al marco legislativo educativo, con independencia de los
Gobiernos de turno.
En aquel momento, CEAPA ya advirtió de que
la LOE era un texto de doble filo, que permitiría gobernar a
administraciones educativas de distinto signo político. De hecho, tres
años y medio después de la entrada en vigor de la LOE (en mayo de 2006),
la experiencia demuestra que algunas CC.AA. han desarrollado una
normativa dirigida a potenciar el espíritu de dicha ley e intentar así
lograr el éxito educativo, formativo y personal de todo el alumnado,
mientras otras CC.AA. han rozado los límites de la misma para
contradecir su filosofía y desarrollar un modelo basado en la Ley
Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), actualmente derogada, que
apostaba por el éxito de sólo una parte del alumnado.
Para la elaboración y posterior aprobación
de la LOE, las organizaciones educativas hicimos numerosas concesiones,
a pesar de las cuales, el grupo parlamentario popular, en una decisión
de estrategia política, votó en contra de esta ley, aun cuando sus
contenidos, en líneas generales, bien podrían haber sido asumidos por el
principal partido de la oposición.
En estos momentos, nos encontramos ante un
nuevo escenario, tras el anuncio del ministro de Educación en su toma de
posesión de alcanzar un pacto por la educación. Ese pacto se consumaría
en tres mesas de diálogo: una con los grupos políticos en el Congreso de
los Diputados (a través de la Comisión de Educación), otra en la
Conferencia Sectorial de Educación con las comunidades autónomas, y la
tercera con los agentes sociales y organizaciones educativas.
En primer lugar, entendemos que los pactos
deben ser siempre previos al desarrollo de las leyes, y eso ya sucedió
en el proceso previo de elaboración de la LOE, como hemos señalado más
arriba. Por tanto, cualquier pacto que se realice ahora no debe ser para
elaborar una nueva ley, sino para modificar o rehacer alguno de los
desarrollos normativos, si el pacto así lo exige.
En segundo lugar, consideramos que para
dar estabilidad al sistema educativo y mejorar la educación en nuestro
país, es imprescindible alcanzar un verdadero pacto entre el Gobierno
central y el de todas las Comunidades Autónomas, fundamentado en la
lealtad institucional de los diferentes gobiernos autonómicos con el
marco legislativo estatal.
Responsabilidad y lealtad
Lo mínimo que los padres y madres de alumnos y el conjunto de la
ciudadanía podemos exigir de nuestras instituciones es que actúen con
responsabilidad y lealtad, para afrontar los retos que nuestro sistema
educativo tiene planteados, y que no utilicen las instituciones
educativas como escenario para la lucha partidista.
En tercer lugar, creemos que primero es
necesario un pacto social de la comunidad educativa, sobre el que
posteriormente deberían trabajar todas las fuerzas políticas del arco
parlamentario sin excepción, desde el absoluto respeto al mismo y
llevándolo a normativa y a actuaciones concretas; es decir, consideramos
que el pacto social debe ser previo al pacto político. Los partidos
políticos han de representar a la ciudadanía, canalizar sus necesidades
y resolver sus problemas; los partidos políticos no deben alcanzar
acuerdos y legislar de espaldas a una ciudadanía, en gran medida
representada por las organizaciones de la sociedad civil, ni pretender
que ésta solamente acepte sus decisiones, en ocasiones adoptadas en el
marco de determinadas estrategias políticas.
CEAPA no aceptará que la negociación parta
de análisis sesgados del sistema educativo. No compartimos los análisis
catastrofistas que los sectores más conservadores de la sociedad, con el
apoyo de algunos medios de comunicación, han tratado de imponer en los
últimos lustros, sobre el rendimiento académico del alumnado y la
convivencia escolar, y que sitúan siempre a la LOGSE en el epicentro de
las deficiencias del sistema educativo.
Queremos recordar que según el último
informe de la OCDE “Panorama de la Educación 2009”, el 65% de los
jóvenes entre 25 y 34 años ha completado la educación postobligatoria
(bachillerato y FP de grado medio), lo que demuestra que nuestro país ha
avanzado mucho en las últimas décadas, si tenemos en cuenta que hace
treinta años sólo el 28% había finalizado estos estudios. En pocos años
nuestro país ha evolucionado a mayor velocidad que otros y además
logrando también una mayor equidad. Eso sí, no en todas las Comunidades
Autónomas se ha evolucionado de igual forma, lo que deja claro que es la
gestión del marco estatal la parte más importante del éxito del mismo,
por lo que deberíamos fijar las críticas en primer lugar en dicha
gestión. De hecho, con el mismo marco, algunas Comunidades Autónomas
están ya en valores europeos y han recuperado casi todo el espacio que
les distanciaba de los países más avanzados. No obstante, CEAPA cree que
hay que redoblar los esfuerzos para alcanzar los objetivos que la Unión
Europea se ha fijado para el 2010 en la llamada Estrategia de Lisboa.
Éxito escolar
Creemos que el Pacto por la Educación que
quiere alcanzar el Ministerio debe contemplar tres parámetros, para
lograr su consecución: 1º) la lucha por el éxito escolar de todo el
alumnado; 2º) el papel de la escuela pública como eje vertebrador del
sistema educativo; 3º) la función del Gobierno central como garante de
la articulación de un sistema educativo común y, que a la vez, respete
las peculiaridades de cada Comunidad Autónoma.
Recientemente, durante la celebración del
VI Encuentro Estatal de CEAPA en Murcia, tuvimos la oportunidad de
entregar al ministro Ángel Gabilondo un documento con la posición de
CEAPA ante el pacto educativo, que contiene propuestas concretas para
luchar por el éxito escolar de todo el alumnado.
Consideramos que hay que impulsar un
ambicioso plan con la participación de Gobierno, CCAA y organizaciones
educativas. En lugar de despistar a la sociedad con debates como la
equiparación del profesorado con las fuerzas del orden público, nosotros
queremos que se hable sobre cómo promover medidas concretas para que
todos los alumnos logren el éxito escolar, como por ejemplo impulsar el
aprendizaje de las competencias básicas y dejar de sobrecargar el
currículum educativo; desarrollar políticas de conciliación de la vida
laboral y familiar para facilitar la comunicación familia-escuela;
reducir las ratios de alumnado por aula; lograr una mayor escolarización
de 0 a 3 años, en una etapa única de 0 a 6 años, en la escuela pública y
con un carácter plenamente educativo como mejor receta contra el fracaso
escolar; extender a todos los centros educativos los programas de
refuerzo educativo; incorporar nuevos perfiles profesionales a la
escuela; reforzar la formación psicopedagógica del profesorado;
facilitar la transición del alumnado de Primaria a Secundaria; reforzar
las tutorías; atender a la diversidad del alumnado; reformar los tiempos
escolares y el calendario lectivo para que se ajusten a las necesidades
reales del alumnado en su proceso educativo; entre otros temas. Algunos
de estos asuntos ya se están trabajando, otros llevan muchos años
aparcados. En todo caso, esto implica concebir la educación como una
inversión prioritaria, y no como un gasto que se debe producir con la
crisis, y que ésta alcance el 7% del PIB.
Implicación de las familias
No debemos olvidar dentro de este
apartado, que mejorar la formación de todo el alumnado requiere una
mayor implicación de las familias en el ámbito escolar. Por ello, es
necesario avanzar hacia la gestión democrática de los centros educativos
y del sistema educativo en su conjunto. La participación debe pasar de
ser un discurso retórico a ser una realidad incuestionable, donde las
APAS y las organizaciones que las agrupan sean un verdadero e
insustituible eslabón de la estructura educativa y una pieza fundamental
de la comunidad educativa. Por ello, demandaremos un Real Decreto de
Participación que impulse y regule la obligación que tienen las
administraciones educativas, derivada del artículo 27 de la Constitución
Española, de fomentar los cauces de participación de los padres y madres
del alumnado y, en especial, su derecho de asociación reconocido en
nuestro texto constitucional. El Real Decreto debe formar parte del
pacto educativo y reconocer los derechos del movimiento asociativo de
las APAS. Tendremos que volver a recordar cómo todos los estudios
internacionales de prestigio relacionan la participación e implicación
de las familias con el éxito escolar.
El segundo tema a abordar en el Pacto es
el papel de la escuela pública como eje vertebrador del sistema
educativo y la subsidiariedad de la escuela privada-concertada. Las
políticas que las administraciones educativas desarrollen deben tener
como objetivo prioritario la escuela pública. En este sentido,
demandamos un incremento de la inversión en la escuela pública, pues
esta red es la única que atiende a la responsabilidad social de
escolarización de todo tipo de alumnado.
Muchas organizaciones educativas llevamos
denunciando desde hace ya demasiados años que la mayoría de los centros
privados-concertados incumple su obligación legal y social de
escolarizar a todo tipo de alumnado. Al exigir a las familias diversos
pagos, “donaciones” a supuestas fundaciones, uniformes, o alegar tener
cubierta la ratio, entre otras barreras y argucias, estos colegios,
generalmente de ideario católico, se quitan de en medio al alumnado con
bajo rendimiento académico, con necesidades educativas especiales o a
los hijos e hijas de trabajadores inmigrantes. Con esta selección ilegal
del alumnado, permitida por el Gobierno central y por las Comunidades
Autónomas durante ya demasiados años, se acelera la tendencia hacia la
dualización, hacia una escuela pública dirigida hacia las clases más
desfavorecidas y una escuela concertada para las clases altas y
medias-altas.
Desregulación de los mercados
Esta tendencia se puede observar en
distintas comunidades autónomas, pero en especial en la Comunidad de
Madrid, dirigida por políticos situados en la vanguardia del
neoliberalismo y en el ámbito de la FAES (la fundación de ideas que
dirige el ex presidente del Gobierno, José María Aznar). Ya se observa
cómo otras comunidades siguen la estela de Madrid. Cuando una tozuda
realidad, bien argumentada por sociólogos y economistas de reconocido
prestigio, demuestra que la grave crisis económica que padecemos ha sido
causada por la desregulación de los mercados y por el principio neocon
de “cuanto menos estado mejor”, estos grupos que tocan poder en algunas
administraciones autonómicas siguen abogando por una menor presencia del
Estado en el sistema educativo. Su agenda es deteriorar el sistema
público, desgastarlo, para que prendan mejor los argumentos a favor de
la gestión privada. Mientras, muchas otras administraciones progresistas
asisten con pasividad a esta tendencia del pensamiento y no actúan con
un modelo claro de escuela pública.
Mientras en España sufrimos una propensión
hacia posiciones anacrónicas ya superadas (y más tras el estallido de la
crisis económica), en España el 33% del alumnado está escolarizado en
centros privados, la mayoría concertados. Nada que ver con lo que sucede
en la mayoría de los países de la Unión Europea, donde la escuela
privada apenas cuenta con el 10% del alumnado. En Finlandia (país que
encabeza siempre las clasificaciones de la OCDE), Noruega, Suecia,
Dinamarca, Suiza, Alemania o Austria el 95% estudia en centros públicos;
estos son los países donde los jóvenes salen mejor formados y que
siempre encabezan las clasificaciones internacionales de calidad
educativa. Sus gobiernos se vuelcan en la fortaleza del sector público
educativo.
Ante esta realidad, en CEAPA demandamos
una regulación estatal clara del acceso a los conciertos, para que los
centros privados cumplan con todas y cada una de sus obligaciones o, de
lo contrario, pierdan de forma real todos sus derechos en materia de
financiación pública y el concierto del que gozan. Igualmente,
proponemos impulsar en las CC.AA. normativas de escolarización que
impidan la selección del alumnado por parte de los centros educativos.
Esta normativa debería garantizar la adecuada planificación general de
la enseñanza y una escolarización equilibrada del alumnado entre todos
los centros sostenidos con fondos públicos.
También se debería impedir el acceso a un
concierto educativo a cualquier centro privado que no haya iniciado su
actividad educativa, entendiendo por esto, la puesta en marcha de sus
actividades lectivas con el inicio del primer curso escolar en dicho
centro, condición previa indispensable para que pueda solicitar su
acceso al sistema de conciertos. Se evitarían así episodios
protagonizados en los últimos tiempos por gobiernos autonómicos que,
incluso antes de que los colegios hayan sido construidos, ya les han
prometido el concierto, o han cedido de manera gratuita suelo público
para la creación o ampliación de centros educativos privados. El proceso
de toma de estas decisiones suele estar exento de la transparencia
necesaria, lo cual da lugar a sospechas sobre corrupción o, cuanto
menos, “amiguismo”, lo que no beneficia en nada a la Administración
Pública y a su credibilidad, tan importante para la salud del sistema
democrático.
Supervisión
En todo caso, para que no suceda lo de
todos los años y sigan perpetuándose ilegalidades por parte de muchos
centros concertados, queremos que el cumplimiento de esta normativa sea
supervisada por la inspección educativa. No obstante, pediremos la
suspensión cautelar de la concesión de nuevos conciertos hasta que no se
realice un estudio pormenorizado de todas las zonas de escolarización y
se garanticen plazas suficientes para la escolarización plena del
alumnado en la escuela pública en todas y cada una de ellas.
El tercer asunto a contemplar en el Pacto
es la función del Gobierno central como garante de la articulación de un
sistema educativo común y, que a la vez, respete las peculiaridades de
cada Comunidad Autónoma y de la cohesión social, para garantizar la
igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, independientemente de
la comunidad autónoma donde residan, mediante una educación de calidad y
equidad. Esto implica la sujeción de las Comunidades Autónomas al marco
legislativo estatal, para impedir la existencia de situaciones muy
dispares y garantizar un sistema educativo con igualdad de derechos y
oportunidades en todo el territorio estatal, así como el mantenimiento y
el desarrollo real y efectivo de las competencias estatales.
Por ello el papel del Ministerio de
Educación en el proceso de diálogo debe ser principal y no secundario,
debiendo dar respuesta a la posición de la comunidad educativa y
trasladarla a los grupos políticos y a las Comunidades Autónomas, para
que estos la plasmen en sus acuerdos y en los desarrollos normativos
necesarios.
Para concluir, consideramos lógico pensar que no será posible llegar a
un acuerdo sobre todos los puntos que planteamos, pero hay cuestiones
básicas que deberán quedar reflejadas en el pacto, y sobre las que CEAPA
está dispuesta a dialogar y alcanzar un consenso, sin que ello deba
entenderse como la posibilidad de que nuestra organización pueda
plantearse la renuncia a sus señas de identidad. Ninguna organización
estará dispuesta a ello, pero un acuerdo es posible, si es que hay
verdadera voluntad por todas las partes. |
