El Ministerio de Educación ha remitido a las comunidades autónomas un documento en el que explica las medidas articuladas para la implantación y el desarrollo del Máster de Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas. Se trata de 11 medidas acordadas en las reuniones del Consejo de Universidades y de la Conferencia General de Política Universitaria celebradas en junio. Las medidas acordadas están sujetas a los principios de flexibilidad y adecuación a la actual situación de crisis económica y elevado número de personas en desempleo.

En la educación española la experiencia nos indica que empezamos hablando de flexibilizar y terminamos en el café para todos y con la manga ancha, situaciones muy perjudiciales para la escuela pública y este riesgo se corre con la implantación del Máster. El tránsito de modelos nunca es fácil, pero en ningún sitio está escrito que para hacerlo haya que rebajar necesariamente los objetivos, y los contenidos o los recursos del nuevo modelo. La implantación del Máster en Secundaria supone en sí una idea original, un intento más o menos serio y riguroso de afrontar la formación inicial del profesorado que debe desarrollar su labor docente en la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), el Bachillerato y la Formación Profesional.

Son muchas las incógnitas que se abren a la hora de un cambio de modelo en la formación inicial del profesorado del calado del Máster, pero el Ministerio de Educación debe saber gobernar el proceso sin hacer concesiones que rebajen la calidad ni las exigencias de futuro que se le supone a un proyecto de este calibre; en caso contrario nos da lo mismo un Máster que un CAP.

En algo más de un año, el Ministerio tendría que haber cerrado todos los detalles correspondientes a la organización y estructura del Máster. Y tendría que haberse dotado de una normativa estatal para guiar en el proceso tanto a las universidades como a las consejerías de Educación. El Máster de Secundaria tiene que ser ante todo un asunto de Estado y una tarea de las comunidades autónomas.

La implantación del Máster no se puede hacer a costa de rebajar el requisito de presencialidad (al 65% de los créditos totales); el nivel de lengua extranjera; o de aparcar el Prácticum en la especialidad, relacionado con las prácticas directas en centros de enseñanza, que para el periódico ESCUELA es la piedra angular donde se asienta el nuevo modelo de formación inicial del profesorado de Secundaria. Por otra parte, con el atasco en el proceso de verificación de los planes de formación elaborados por las universidades, se corre el riesgo de pasar la mano por exigencias del tiempo político. Las universidades y las facultades se afanan en montar unos planes que en pocas semanas han de estar cerrados y sellados. Las preguntas surgen por sí mismas: ¿arrancar desde la provisionalidad con los agravios comparativos que puede acarrear según en qué universidad se estudie? ¿No sabemos ya por experiencia que en la educación española la provisionalidad termina siendo el sostén de muchos proyectos que se quedan a medio camino o sencillamente descafeinados? ¿A qué se refiere el Ministerio cuando habla de flexibilidad?

Hay temas muy importantes que no se han tratado en profundidad como son los relacionados con el Prácticum, la selección de centros de Secundaria y de los tutores en este nivel o la coordinación de las enseñanzas medias con la universidad; facultades a las que se adscribe el Máster; a qué departamento se adjudican los créditos correspondientes. Vinculado con el carácter de obligatoriedad del Máster, está su organización. No pueden concebirse estos estudios sin tener en cuenta su destino final: el profesorado de Secundaria.

Es preciso insistir al Ministerio de Educación que explique bien en qué consiste el marco del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, se aclaren adecuadamente todos los aspectos relativos al profesorado y al alumnado universitario y se apueste firmemente por una implantación seria y rigurosa del Máster profesional para el Profesorado de Secundaria que además sea reconocible en toda España, y no suponga agravios comparativos entre universidades y comunidades autónomas. Y que además se articule una política de becas e incentivos económicos y fiscales cuyas cuantías deben corresponderse al coste real de la vida, y cuyo objetivo debe ser garantizar la igualdad de las rentas más bajas con las rentas más altas. Insistir en que estas rentas altas deben costearse el 100% de los estudios universitarios. Las prisas nos pierden.