|
LA decisión de la sala Tercera del
Tribunal Supremo de no reconocer el derecho a la objeción de conciencia
de los padres de alumnos contra la asignatura de Educación para la
Ciudadanía transfiere la polémica jurídica al Constitucional. Será este
órgano el que decida, finalmente, si las familias tienen o no un derecho
constitucionalmente legítimo a objetar la impartición de esa asignatura
a sus hijos. Nunca fue fácil el encaje legal del ejercicio de este
derecho individual, normalmente reservado para que el ciudadano
autotutele su conciencia frente a la imposición por el Estado de
prestaciones o comportamientos que colisionan con sus principios
morales. Sin embargo, la burda pretensión de adoctrinamiento que anima
políticamente esta asignatura rompió los esquemas teóricos de la
objeción de conciencia -circunscritos a supuestos como el servicio
militar obligatorio o la práctica del aborto- y forzó a muchas familias
a plantearse una respuesta cívica. El TS ha considerado, a reserva de
conocer la fundamentación de la resolución, que los ciudadanos no tienen
derecho a la objeción y que las normas reguladoras de la asignatura no
vulneran el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y
moral que esté de acuerdo con sus convicciones. Por tanto, no sólo ha
resuelto sobre la objeción, sino que ha respaldado el contenido de la
asignatura, pese a que, al parecer, ha introducido matizaciones para
alcanzar la más amplia mayoría posible. Pero tales matizaciones serían
puramente retóricas -sin eficacia real para zanjar el conflicto entre el
Estado y los ciudadanos- porque consistirían en advertir a los poderes
públicos de que no pueden imponer en la enseñanza criterios éticos o
morales discutidos socialmente y reconocer la posibilidad de promover
otros posibles planteamientos del derecho a la objeción de conciencia.
En definitiva, el TS solventa unos concretos recursos, lanzaría una mera
admonición al Gobierno y dejaría la puerta abierta a nuevos conflictos.
En todo caso, el problema político y social sigue vigente, aunque las
sucesivas instancias del Tribunal Constitucional y del Tribunal de
Estrasburgo ratifiquen el criterio del TS. Ese problema es de moral
cívica, no confesional, y se sustenta en la ilegitimidad intrínseca de
cualquier intento del Estado de adoctrinar moral y éticamente a los
alumnos -ya fuera con contenidos laicos o confesionales- para
configurarlos conforme a un determinado modelo de ciudadanía. La mera
legalidad de una decisión política no la hace cívicamente beneficiosa, y
el caso de la asignatura de Educación para la Ciudadanía es un ejemplo
de intervencionismo ético por el Estado en la vida de los ciudadanos,
revestido, como todas las grandes agresiones a la libertad conocidas en
la Historia, con los mejores propósitos de regeneración y de
virtuosidad.
Esta asignatura será legal, pero es una piedra de discordia en la
sociedad, frente a la que no ha funcionado, por el momento, una objeción
de conciencia menos secundada de lo esperado y, como ahora se demuestra,
sin estar integrada en una estrategia de fondo, política e intelectual,
capaz de responder en igual medida al empeño socialista de mutar, como
fuera, la escala de valores de la sociedad. Como es obvio, el Gobierno
socialista no sólo propagará la sentencia como un éxito político, que lo
es, sino que también se sentirá animado para profundizar en otros
proyectos de su agenda «social», tan lesivos o más que la asignatura de
Educación para la Ciudadanía y en los que la objeción de conciencia
también es un enojoso derecho individual que les estorba. Ahí está
pendiente la ampliación de la ley del aborto, de la que se declaró
abiertamente partidario el presidente del Gobierno en su reciente
intervención televisiva. No son los jueces los que deben decidir las
estrategias políticas del Ejecutivo y de la oposición. Esta sentencia es
un pequeño bálsamo para un Gobierno hundido por la crisis económica,
pero no cancela la legitimidad de las quejas de miles de ciudadanos
-muchos más que los que han objetado-, ni exime al Partido Popular del
deber de ser coherente con su oposición a una política socialista de
intromisión en la formación moral de los ciudadanos. |
