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El Ministerio de Educación ha
presentado un nuevo borrador de texto articulado de
Estatuto Docente, que sustituye al de junio de 2006 que
había sido rechazado por las organizaciones sindicales.
En realidad, el nuevo borrador es una actualización del
texto anterior para ponerlo en concordancia con el
Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Resulta
llamativo que el nuevo texto se haya entregado a los
responsables de las comunidades autónomas y que sin
embargo no se les haya hecho entrega formal del mismo a
los sindicatos en la Mesa Sectorial de Pública.
Dos cuestiones merecen la pena destacar del borrador.
Por un lado que incorpora en la disposición transitoria
segunda la jubilación voluntaria incentivada del
profesorado, sin hacer constar fecha de término para
este derecho. Se trata de un artificio jurídico. Hubiera
sido más ajustado regularlo en una disposición
adicional, que forma parte del texto articulado de la
ley. Pero en este caso se puede estar vulnerando la Ley
de Clases Pasivas. Así pues, el MEC ha optado por forzar
la técnica jurídica, generando una situación difícil de
entender para quienes no sean expertos en derecho. Así
las cosas, el problema radica en qué decirle al
profesorado. ¿Hasta qué fecha podemos asegurar que van a
poder acogerse a la jubilación voluntaria anticipada?
Por otro lado, el texto no recoge el resto de los
compromisos que los sindicatos publicitaron tras la
última reunión de la Mesa Sectorial. Nada se dice del
complemento generalizado de 60 euros, ni del acceso del
B al A, ni de la sustitución de la evaluación por la
acreditación para progresar en la carrera, ¿ahora en qué
quedamos?
En definitiva, seguimos a vueltas con el Estatuto
Docente y el tiempo para que pueda entrar a trámite
parlamentario con posibilidad de ver la luz en esta
legislatura, se estrecha cada vez más. Y el profesorado
perplejo. Y la pelota en el tejado de las consejerías de
Educación. Y los sindicatos «ninguneados». ¿Se pueden
complicar aún más las cosas? Sí.
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