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STEs-i denunció en su día
las cesiones de algunas Organizaciones Sindicales. Tal y como en su
momento advertimos, este “acuerdo básico” le sirvió fundamentalmente al
MEC para alardear de apoyo sindical a la LOE, una ley decepcionante que
no venía a solucionar las necesidades de la escuela pública y aumentaba
las vías de privatización de la enseñanza.
No se consiguió ni una sola
mejora para el profesorado ni para sus condiciones de trabajo y se
acalló a las plataformas en defensa de la escuela pública que por
exigencia de alguno de estos sindicatos mantuvieron un silencio
vergonzante a lo largo de toda la tramitación de la LOE.
Por otro lado sobre el acceso a la
función pública docente la ley marca una sola prueba y el decreto
plantea una prueba dividida en fases, que coinciden con las pruebas
existentes en la actualidad (un procedimiento que puede ser un claro
fraude de ley). Ante esta propuesta tan descabellada, ¿cómo es
posible la unidad de cuatro sindicatos que han mantenido en los últimos
años posiciones muy dispares en el tema de acceso?, Quizás ahora sólo
busquen tranquilizar al colectivo con una falsa unidad y actuar después
como cada uno entienda que es mejor.
Por nuestra parte seguimos proponiendo la
retirada del actual proyecto de Estatuto Básico Docente para que
sea sustituido por otro texto en el que no se introduzcan criterios de
evaluación y promoción propios del mercado y se contemplen
reivindicaciones históricas concernientes a formación, salud laboral,
jubilación o sistema de acceso. Lo calificamos de inquietante, regresivo
y jeranquizante
A un año del "Acuerdo básico" entre el MEC y varios sindicatos, STES-i lo sigue
calificando de vergonzoso |
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El desencanto con los sindicatos |
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EL EDITORIAL DE LA SEMANA
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Los sindicatos de
enseñanza han sido y son instituciones muy
importantes en los últimos treinta años para
vertebrar el sistema educativo español. Actualmente
parecen haber tocado fondo incapaces, no ya de
conectar con las inquietudes del profesorado, sino
tan siquiera con las grandes tareas pendientes a
llevar acabo en el sistema educativo, en general, y
en la escuela, en particular.
La rueda de prensa ofrecida el día 2 de octubre por
CC.OO., UGT, CSI-CSIF y ANPE fue todo un síntoma. La
plataforma reivindicativa hacía alusión a los
Acuerdos Laborales de octubre de 2005, acceso,
Estatuto, los famosos 60 euros (ya se piden como
plus de productividad, ya como complemento
generalizado), el plan Concilia, y algún punto más
de relleno que definieron un discurso sindical de
«cuello blanco» cuyos intereses empiezan a chocar
con los intereses de los ciudadanos y de las
ciudadanas y con los intereses de la escuela
pública. El calendario de movilizaciones es de
amagar y no dar, porque puede que no haya mimbres ni
credibilidad. Los sindicatos del sector de la
enseñanza están agotando su crédito.
Los sindicatos no se han manifestado con rigor, ni
con seriedad sobre los problemas del sistema
educativo. Nada han manifestado sobre los informes
de la OCDE. Nada sobre la puesta en marcha de la
LOE. Nada sobre la LOU. Ni tan siquiera sobre los
Presupuestos. Es como si el pescado estuviera
vendido, a espaldas del profesorado, y el único
objetivo es salvar los muebles como sindicato. El
instrumento sociopolítico y de acción pedagógica que
es la organización sindical no se puede convertir en
un fin, porque el único fin del sindicalismo sería
el sindicato.
El 30 de noviembre la mayoría de las comunidades
autónomas convocan elecciones sindicales en la
enseñanza pública universitaria, y no universitaria.
El fantasma de la abstención está presente y esto no
sólo debe de preocupar a los sindicatos, sino que
les debe hacer reflexionar sobre sus objetivos;
sobre su discurso; sobre la estrategia que
desarrollan y el impacto y la credibilidad que
verdaderamente tienen sobre los trabajadores y las
trabajadoras del sector.
Es inquietante pensar que los sindicatos se
encuentren al margen del gran debate sobre la
educación, más arrastrados por el statu quo y en una
actitud defensiva que, en ocasiones, impide las
reformas radicales que necesita el sistema educativo
español. |
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Enlace artículo original
Escuela 3720, 12 de octubre de 2006
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El acceso a la función pública
docente |
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EL EDITORIAL DE LA SEMANA
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ace justo un año que
se firmaba el Acuerdo Laboral entre los sindicatos
de la enseñanza pública CC.OO., UGT, ANPE y CSI-CSIF
y el MEC. Acuerdo que no se ha desarrollado, en
ninguna de sus partes.
Uno de los compromisos contraído por los firmantes
del Acuerdo hace mención a la puesta en marcha de un
nuevo Decreto de acceso a la función pública
docente.
La falta de pulso político y sindical con el que se
ha manejado ha hecho que el Decreto no estuviese a
tiempo para la última oferta de empleo pública. La
proximidad de las elecciones sindicales hace que el
momento actual no sea el mejor para cerrar un asunto
de tanto calado.
La LOE en su Disposición Adicional Duodécima,
«ingreso y promoción interna», define que «el
sistema de ingreso en la función pública docente
será el de concurso-oposición convocado por las
respectivas administraciones educativas». Éste es el
modelo de acceso a la función pública docente, y la
jurisprudencia actual señala unos límites muy
precisos a la ponderación de la experiencia. Este
marco legal y competencial hay que conciliarlo, en
lo posible, con las aspiraciones del profesorado
interino y con el respeto a los principios de
igualdad, mérito y capacidad que deben regir el
acceso a la función pública.
El tema es muy complejo. Ni existe acuerdo entre los
sindicatos de la enseñanza pública. Ni existe
acuerdo entre las comunidades autónomas que
presentan realidades muy diferentes en cuanto al
número y a la situación de su profesorado interino,
como ha puesto de manifiesto el reciente Acuerdo
firmado en Andalucía entre Consejería de Educación y
los sindicatos del sector.
La puesta en marcha de un nuevo Decreto de acceso
con vocación de perdurar en el tiempo, debe ser
objeto de un amplio consenso, producto de un debate
riguroso y sosegado entre Ministerio, sindicatos y
comunidades autónomas. Un escenario que difícilmente
se va a producir en medio de las urgencias de una
campaña de elecciones sindicales. No había que haber
esperado tanto, pero indiscutiblemente no es un
asunto para tratar en este momento. El acceso es un
tema de mucha envergadura para el futuro del sistema
educativo. |
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Enlace artículo original
Escuela 3721, 19 de
octubre de 2006 |
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El complemento de la discordia |
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EL EDITORIAL DE LA SEMANA
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indicatos y Ministerio
andan a la greña por la aplicación de un complemento
retributivo de 60 euros mensuales, cuya aplicación
está prevista en el Acuerdo Laboral firmado el 20 de
octubre de 2005 y del que sus aspectos sustantivos
no se han cumplido un año después de la firma. La
polémica gira en torno a la naturaleza del
complemento: mientras el MEC sostiene que, según el
acuerdo, el pago de los 60 euros ha de vincularse a
compromisos de mejora en el funcionamiento de los
centros o de la práctica docente, las organizaciones
sindicales interpretan que se trata de un
complemento generalizado. El presupuesto de
educación muestra de forma inequívoca la voluntad
del MEC: la cuantía prevista para «medidas de apoyo
al profesorado» sólo alcanza para financiar la
extensión de los 60 euros al 20% de la plantilla,
algo que los sindicatos difícilmente podrán avalar a
menos de dos meses de las elecciones sindicales. La
situación refleja, una vez más, la cortedad de miras
de las partes en conflicto. Un Acuerdo sectorial
firmado hace un año, que no sentó precisamente bien
en los gobiernos autonómicos, no se ha ejecutado en
ninguno de sus apartados, siendo partes importantes
de su contenido fuente de conflictos y posible
moneda de cambio para otras aventuras.
El estado del sistema educativo y el desánimo de una
parte importante del profesorado, indican que no es
el momento de andar con parches, sino de abordar los
debates de fondo. Más que dilucidar si son galgos o
podencos, urge abordar la negociación del Estatuto
Docente y remitir a ésta las grandes cuestiones: la
carrera profesional, el acceso a la función pública,
la regulación de la salud laboral, los derechos y
deberes del colectivo.
Por otra parte, parece obvio que un debate de este
calado sólo se podrá abordar tras las elecciones
sindicales entre otras cosas porque, al margen de
las urgencias que suscitan las campañas electorales,
será importante tener en cuenta el mapa de
representatividad que quede a partir del día 30 de
noviembre. Otra cosa es seguir mareando la perdiz, y
dando un espectáculo lamentable. |
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Enlace artículo original
Escuela 3721, 19 de
octubre de 2006 |
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