EpC: el triunfo de la libertad.- Alfonso Saborido.

Objetemos a Samaniego

Lunes 23 de febrero de 2009

Ha habido que esperar a que nos diéramos de bruces con una crisis para que un inesperado Leopoldo Abadía, crítico con lo críptico de los sabios economistas, resultara muy creíble cuando habla de las «bobadas grandísimas» que han hecho y que nos toca pagar. Vivimos tiempos raros. Como que, después de 30 años, nos adviertan de que no se han de confundir las convicciones de los padres con los valores compartidos, ya que la democracia puede ser un atropello conflictivo más allá de lo que haya dicho el Tribunal Supremo.

La persistente obcecación martirial, desconcertante al producirse en democracia -por lo que queremos suponer que estos objetores se habrán movido siempre con similar diligencia y vigilancia concienzuda, a la procura de su más estricta puridad-, es de interés para ver cómo funcionan en la vida real -ahora y no en época de Nerón, antes de abandonar las catacumbas- esos cruces neurálgicos entre moral, política y educación; con o sin religión por medio.

El problema de judicializar determinadas cosas es que la afición se desboca y ya no se contenta con nada, ni de la vida ni de la muerte. Se vive en permanente apocalipsis, a la espera de salvar de la decadencia moral y política -unos pocos- a este mundo pecador, por las buenas o por las malas. Bien mirado, esto es una mina: asignaturas, temas, autores... Hay mucho que limpiar: se puede seguir objetando ad infinitum, pues el de la enseñanza es un mundo muy propicio para la heterodoxia y la herejía y, por tanto, con mucho currículo que «depurar», como todavía no hace mucho decían los censores de los libros que ardían bien o, algo antes, el Decreto Antimodernista y, un poco más atrás, la Inquisición.

Como por algún lado hay que empezar, propongo probar con Samaniego. Últimamente no aparece tanto en los libros de texto, pero desde finales del XVIII en que vivió, hasta hace poco, ha sido uno de los autores más conocidos de nuestro parnaso literario. Siempre tuvo una abundante referencia, además, en los libros escolares, sobre todo, en los de los centros religiosos. En él aprendimos el valor moralizador de las fábulas y, sin saberlo, lo próximos que podían ser Esopo o La Fontaine. Lean ustedes sus cuentos y poesías -no fáciles de encontrar- y verán que este escritor era bastante voltairiano y no poco libertino, lo que ya da que desconfiar de las consignas morales que sibilinamente ha tratado de inculcar, y de las que nuestros vástagos deben estar prevenidos. Sugiero, pues, que objetemos sus Fábulas, muchas de las cuales, en este preciso momento crítico, han de ser consideradas, como mínimo, «bobadas grandísimas», pues nos inculcan exempla de conducta moralmente opuestos a lo que vemos a diario. Lean, si no, las numeradas como 2 y 3 en el Libro I, tituladas respectivamente: «La cigarra y la hormiga» y «El muchacho y la Fortuna», absolutamente contradictorias con la educación ciudadana que nos infunden las más recientes noticias de prensa y sus protagonistas modélicos. (Seguiremos).

Manuel Menor Currás
http://www.lavozdegalicia.es/opinion/2009/02/23/0003_7548140.htm

Educar para formar ciudadanos libres y responsables

Una enorme confusión se ha generado, una vez más, en nuestra sociedad. En esta ocasión, en torno a la asignatura de la LOE «Educación para la ciudadanía y los derechos humanos» (éste es el nombre completo, que debe tenerse en cuenta por cuanto decimos más adelante). Confusión injustificable y, por tanto, lamentable y no exenta probablemente de algún propósito poco honesto, que vamos a intentar desvelar.

En primer lugar debe quedar claro que la implantación de esta asignatura, como ha dicho Amnistía Internacional, «es sólo un primer paso hacia el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado Español con las Naciones Unidas y el Consejo de Europa»; compromisos firmados tanto por el anterior presidente del Gobierno, José María Aznar, como por el actual, José Luis Rodríguez Zapatero. Esta materia se imparte, desde hace años, en catorce países europeos, formando parte de las diversas recomendaciones que, desde 1995, vienen haciendo las Naciones Unidas y el Consejo de Europa sobre educación en derechos humanos, y que nuestro país había desoído totalmente hasta este momento (hecho denunciado en repetidas ocasiones por la citada ONG de derechos humanos, Amnistía Internacional).

El objetivo de esta «Educación para la ciudadanía y los derechos humanos» no es otro que el de crear, en el aula, una cultura de derechos humanos, en un clima de respeto y convivencia entre todas las ideologías y todas las personas, de forma que favorezcan los valores y los principios de dignidad, igualdad, justicia, etc., contenidos en los grandes Documentos Internacionales de Derechos Humanos, como son la Declaración Universal de 1948 y los Pactos Internacionales de 1966, así como la propia Constitución Española.

Dicho esto, es obvio la pregunta ¿quién se puede oponer a que se imparta una asignatura con estos contenidos?, así como esta otra ¿no es -esta educación- lo que más necesitan, en estos momentos, los centros escolares españoles, de los que se ha adueñado, en los últimos tiempos, un clima de violencia y acoso entre los propios alumnos y entre éstos y los profesores? Entonces, ¿de dónde proceden esas voces discordantes con esta asignatura en principio tan necesaria y obligada? Sólo pueden proceder de los poderes inmovilistas, aquellos que se niegan a perder sus privilegios en el campo de la educación, como son los sectores del catolicismo más conservador, y de aquellos que se han dejado arrastrar por esos poderes.

En efecto, hace unos meses oí decir a un arzobispo: «Impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía es impartir el mal». No merece, a mi juicio, comentario alguno, sólo el olvido. Pero más recientemente un líder político, aspirante a la presidencia del gobierno, osó decir: «Y no tanta educación para la ciudadanía, que no sirve para nada». Esta afirmación me parece, si cabe, aún más grave por la persona de la que procede. Es desaprensivo y descabellado hablar con esa ligereza y esa irresponsabilidad desde puestos de tanta responsabilidad. Estas afirmaciones demuestran un desprecio y una negativa al derecho de los ciudadanos a recibir una educación para ser libres y responsables, y poder crear, así, un ambiente de respeto y convivencia para todos, tan necesario en estos momentos.

Si unimos a estas declaraciones, la actitud de aquellas personas que hablan de ejercer la objeción de conciencia ante la «Educación para la ciudadanía y los derechos humanos», como si nos obligaran a hacer el servicio militar o abrazar una religión que no deseamos, tenemos que concluir que nuestra sociedad no goza de buena salud mental. Por otra parte, los que se oponen a esta asignatura arguyen que, a través de ella, el Estado pretende imponer una moral obligatoria para todos. Esto se cae por su propio peso, si se conoce que los gobiernos españoles de uno y otro signo no habían tenido ningún interés en que se impartiera esta materia, y que la razón última de su imposición actual procede, como hemos afirmado antes, de las recomendaciones de las N.U. y del Consejo de Europa, y que su única y conc reta finalidad es precisamente lo contrario de la imposición de una moral obligatoria para todos, como es, formar ciudadanos libres y responsables, en un clima de respeto y convivencia entre todos. Si esta asignatura no consigue este objetivo, ha fracasado.

Y para ello, para que no fracase, quizás sea obligatorio hacerse las siguientes preguntas: ¿Quién ha de impartirla? ¿Con qué preparación y en qué condiciones? Preguntas necesarias e imprescindibles, en estos momentos, y que, al parecer, no importan ni a los poderes religiosos ni a los políticos de diferentes partidos. Aquí está el meollo de la cuestión, que podría desvelar la confusión a la que aludíamos al principio y que demuestra esta cruda realidad: Por un lado, los sectores inmovilistas católicos y los políticos de la oposición, temiendo perder sus privilegios en educación, que no son pocos, achacan al actual gobierno que, mediante esta asignatura, pretende adoctrinar a los ciudadanos. Por otro lado, el actual gobierno no muestra, paradójicamente, suficiente interés por esta asignatura, debido a que poco o nada ha hecho para que se imparta en las condiciones que claramente ha puesto de manifiesto el Consejo de Europa y las Naciones Unidas, como son: «Dotar al personal docente y a las autoridades escolares (mediante cursos de capacitación previos y simultáneos a la prestación de servicios), de los conocimientos, la comprensión, las técnicas y la competencia necesarios para facilitar el aprendizaje y la práctica de los derechos humanos en las escuelas» (del «Programa Mundial para la educación en derechos humanos», 2005-2007, de las N.U.). Claro, esto a las comunidades gobernadas por el Partido Popular no les ha importado tampoco mucho, al menos hasta ahor a y por lo que yo conozco.

¡Pobres e ingenuos ciudadanos que esperan de los políticos actuales que faciliten -sin la suficiente presión social- una educación en materia de derechos humanos! Los edificios siempre se han construido comenzando por los cimientos; hoy, estos cimientos se llaman «conciencia y presión responsable de los ciudadanos».

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Julio Ferreras
Diario de León. Miércoles 23 de enero de 2008
http://www.diariodeleon.es/se_opinion/noticia.jsp?CAT=108&TEXTO=6504438

Ciudadanía y educación: mucho ruido y pocas nueces

Decía Aristóteles que las cosas evidentes no se discuten. Pero curiosamente, para algunas personas, la relación entre ciudadanía y educación no parece ser evidente. Trataremos de introducir algo de serenidad en este ruido mediático que se ha suscitado, y que en esta Región lleva visos de seguir aumentando en los próximos meses.

El animal humano es el animal más débil de la naturaleza y sólo el cuidado de los otros lo convierten en lo que es. Ya los griegos comprendieron que la adquisición de la humanidad por el recién nacido se encuentra necesariamente vinculada a su participación en una determinada comunidad política. La pregunta a la que debemos responder es la siguiente: dentro de esa comunidad ¿dónde reside la autoridad educativa?

La labor educativa ¿debería corresponder al Estado, a las familias, o a los educadores profesionales? Cada uno de estos modelos atribuye la autoridad educativa a uno solo de estos tres agentes: al Estado, a las familias o a los profesionales de la enseñanza. Ahora bien, si la educación debe servir para preservar y reproducir de manera consciente una sociedad democrática, entonces la autoridad educativa debe ser compartida por estos tres agentes sociales. Puesto que la democracia (que, como decía Churchill, es el menos malo de los sistemas políticos) consiste precisamente en la distribución social del poder y no en su concentración despótica, la distribución de la autoridad educativa es lo que la sostiene. Se trata, pues, de reproducir conscientemente una sociedad que sea a la vez lo más plural y lo más incluyente posible.

Vivimos en un mundo globalizado, en unas sociedades cuya complejidad es cada vez mayor, con plurales formas de vida, y en las que nuestras chicas y chicos se encuentran inmersos. Por tanto, tenemos que proporcionarles herramientas para que, conociendo las diversas formas de vida, puedan elegir, de forma reflexiva y autónoma, la que les parezca más virtuosa. Ahora bien, enseñarles a conocer y respetar las diversas formas de vida no significa caer en el relativismo del todo vale. En primer lugar, porque la convivencia democrática exige el respeto a una reglas comunes que todos hemos de cumplir; y, en segundo lugar, porque no todas las formas de vida son igualmente valiosas y compatibles con esas reglas compartidas. Algunas personas son incapaces de hacer esta distinción entre el pluralismo moral y el relativismo que excluye toda norma común y todo criterio de juicio, porque para ellas sólo cabe la moral absoluta (que es la suya, por supuesto) o el caos.

Como sabe cualquier profesora o profesor de Filosofía, la educación ética no consiste en adoctrinar, a la manera de las religiones, sino en formar personas conscientes, libres y autónomas, capaces de pensar, decidir y actuar por sí mismas. Ahora bien, nuestra juventud ha de saber que la posibilidad de elección de una vida buena debe limitarse a aquellas opciones que sean compatibles con las virtudes cívicas y con el mantenimiento de la convivencia democrática.

Últimamente, algunas familias y asociaciones católicas de padres y madres afirman que la educación de su prole es responsabilidad sólo suya. Estos padres y madres hablan de sus criaturas como si fueron meros objetos de su propiedad, de los que pueden disponer y a los que pueden manejar a su antojo. Olvidan que las criaturas también tienen derechos, y entre ellos el derecho a ser bien educadas (art. 27.2 de la Constitución), a ser formadas como personas autónomas, y ese derecho ha de ser amparado por el Estado y garantizado por la escuela. La buena educación no incluye sólo la libertad de los padres y madres para elegir la educación que quieren para sus hijos, sino también su obligación de compartir esa educación con los otros agentes sociales: las demás familias, la escuela, el Estado, los medios de comunicación, etc. Si tanto la jerarquía de la iglesia católica como ciertos sectores afines (la Concapa y los llamados profesionales por la ética) aceptan que hay un mínimo común ético que todos debemos compartir (eso es al menos lo que dicen), en una sociedad democrática ese mínimo común denominador debe ser acordado, garantizado y establecido por el Estado (y para eso están precisamente los parlamentos y las leyes).

El Estado liberal moderno se constituyó gracias a su separación de la iglesia, convirtiéndose en protector de los derechos individuales, la justicia social y el pluralismo moral. Su función no es colaborar con el mal, como han afirmado ciertos obispos. El Estado, como dice Victoria Camps, debe ocuparse de la justicia. En filosofía moral, se distingue muy bien entre la justicia, que es lo común a todos, lo que desde la política hay que promover y enseñar, y el bien, que es lo que corresponde elegir libremente a cada cual, y que puede ser diferente para unos y para otros. Y la convivencia democrática exige que ambos órdenes se distingan y se complementen, sin pretender confundirse el uno con el otro.

Una educación democrática debe fomentar en nuestros niños y niñas la capacidad de conocer, comprender y valorar concepciones plurales de vida, en el marco de una sociedad justa y solidaria. Es preciso enseñarles, y esto algunos padres católicos parecen no entenderlo, que la pluralidad es el fundamento político de la convivencia democrática. Este aprendizaje se adquiere enfrentándose a muchos dilemas en el debate colectivo, la confrontación dialéctica y la deliberación ética, a la que no hay que tener miedo y a la que hay que dedicarle tiempo. Este es y ha sido el sentido de la asignatura de Ética en la educación secundaria, y esta es también la pretensión de la Educación para la Ciudadanía. Y todo lo demás es mucho ruido y pocas nueces.

Alicia Poza Sebastián forma parte del Secretariado del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la Región de Murcia (STERM).http://www.laverdad.es/murcia/prensa/20071029/opinion/ciudadania-educacion-mucho-ruido-20071029.html

Educación, ¿para qué?

Posiblemente educación sea una palabra de esas que se cargan de nuevos sentidos cada diez o quince años según la variación que experimenten las distintas escalas de valores, desde las que una sociedad establece formas de conducta marcadas por la aceptación o la repulsa de la actividad individual o colectiva. Esa labilidad semántica de la definición hace que las discusiones sean interminables y siempre acaloradas, porque todas las fuerzas sociales se sienten autorizadas a imponer sus propias creencias de grupo y definir la educación, no tanto a conveniencia (que también, y es esa una tendencia eterna del poder) como según criterios de ideología o extrapolaciones tanto de experiencias personales y familiares como de la propia escuela de la que siempre se guarda un recuerdo aureolado por el tiempo que todo lo embellece.

Las definiciones pues, varían según el que las realiza, individuo o grupo, pero todas llevan una carga de certezas e intuiciones cegadoras, que confrontadas, hacen imposible un acuerdo de mínimos en esa ya larga y estéril discusión de principios. En esta situación, los vaivenes de las actividades consideradas educativas son tan variados, tan sensatos o insensatos, tan imaginativos o chatos como los grupos o individuos que las proponen o las rechazan. Cuando el siempre discreto y profundo Sánchez Ferlosio propone una distinción más y muy atinada, asegurando que la educación siempre es pública, solamente está llamando la atención sobre el programa de actividades o asignaturas consideradas fundamentales en el proceso educativo. Pero la educación no es propiamente pública. Se trata de una actividad recóndita, de movimientos interiores imperceptibles, en la que los puntos de referencia vitales van perfilándose y definiéndose y los valores que van a condicionar conductas y maneras de acción privada o pública, van cimentándose y fortaleciéndose. En ese movimiento secreto, personalísimo parece que intervienen tres factores de cuya eficacia y armonía puede que dependa la buena educación. En torno a la Educación repitamos, pues, algunas obviedades, que la repetición es una buena técnica de la enseñanza y los Mediterráneos conviene descubrirlos muchas veces.

En primer lugar está la atmósfera familiar de los valores vigentes. Entiéndese, claro, «atmósfera» como ambiente en el que los de valores sociales y familiares constituyen el aire en que el niño respira y que necesariamente irá configurando su alma entendida como inteligencia/sensibilidad y tendencias. De la densidad de esa atmósfera dependerá la certeza y seguridad ética del muchacho, si este aprende a respirar en ella. Se dice, valores y no útiles. Cuando se confunden, lo que se puede producir en la educación del muchacho es desastroso. Quiero decir que cuando en la familia se entiende como «valor esencial» de la vida, el útil «dinero y consumo» por ejemplo, los desastres que se producen en la conciencia del educando son generalmente irreversibles. Y no es infrecuente que el necio confunda valor y precio como diría Machado. Y es bíblica la pesimista observación de que el número de los necios es infinito.

En segundo lugar está la instrucción, que se consigue tanto en la escuela como en el hogar (no olvidemos que muchos de los conocimientos adquiridos en la casa son una especie de propedéutica que facilita la adquisición y consolidación de los que se imparten en la escuela). Este es el factor más público del proceso. El conocimiento tanto intelectual como estético es un elemento importante en la escultura de la personalidad; el que crea y afianza el sentido crítico; sin él, sin el sentido crítico, los «conocimientos» se convierten en herramientas, o bien dejan el espacio a «conocimientos e ideas-fuerza» social o política o grupalmente dirigidas a otros fines. No es vana la observación de que las simplezas de tipo nacionalista y su zafio reduccionismo, su estrechez de horizontes y la elementalidad de sus «ideas» prendan fácilmente en los jóvenes menos dotados o marcados por el fracaso escolar, convirtiéndolos en carne de cañón (y de horca) que facilita su manejo como fuerza bruta, por políticos éticamente poco escrupulosos, en un trágico teatrillo de bubulú.

Es aquí donde surgen las discrepancias que, sobre educación, tienen los grupos políticos; discrepancias que versan generalmente sobre contenidos de asignaturas, modelo de profesores, organización de los centros o idearios que los caractericen. Cada grupo tiene, en este terreno los modelos de alumno y profesor que creen que convienen a sus apetencias de poder o su voluntad de permanencia en el mismo. Las diferencias son siempre sobre Instrucción y no sobre Educación. En tercer lugar, hay un elemento que en el orden lógico es el primero y que podría resumirse en la palabra adiestramiento: creación de conductas y hábitos. Este aspecto público del proceso es donde se manifiesta la eficacia de los otros dos y la presión social ejercida sobre el educando y su ambiente familiar y escolar. Los comportamientos definen al educando y permiten evaluar el secreto proceso de aceptación o rechazo de valores y contenidos intelectuales o estéticos, así como aquellos modelos que se le proponen en la familia en la escuela o en la calle y los medios de comunicación.

¿El poder se alarma por la conducta de los muchachos? Inmediatamente busca en la educación la causa y cree ingenuamente que con una asignatura, un poquito de instrucción, todo podrá resolverse. ¿De qué sirve una asignatura como Educación para la Ciudadanía por muy bien que estuviera diseñada, cuando los medios de comunicación de masas del poder político machacan en un sentido contrario? El título mismo de la asignatura lleva una contradicción grave. No nos educamos «para» ningún otro fin que para la libertad y la dignidad personales. La educación es un valor en sí misma si empuja al individuo a su mejor yo. La educación es meta y camino y si se le señalan fines ajenos a su propia esencia se marra de forma escandalosa. Y aún peor, cuando se pone al servicio de cualquier poder porque entonces la educación sí que es pública pero como una mujer que se ve empujada a la prostitución. Cuando el poder interviene para alcanzar otros fines en la educación y la define (para la ciudadanía, para la cultura vasca o catalana, para las virtudes cívicas o para votar «con responsabilidad» al poder que está o aspira a estar instalado) entonces la educación se ve desamparada y la escuela se vuelve prostíbulo en el que el poder es el chulo que explota lo más sagrado del individuo. Y esto es válido tanto para las escuelas católicas, como estatales, como para las madrasas islámicas, para la educación pública, privada y mediopensionista.

¿Es que negamos que pueda haber una asignatura como urbanidad? De ninguna manera. Determinadas formas de conducta social que mejoran la convivencia y ponen freno a la natural fiereza del niño pueden y deben ser impartidas en la escuela, adiestrando al niño para el roce diario del ciudadano. Lo que ha provocado la reacción de tantos, quizá sea esa preposición «para» que parece señalar a la educación fines distintos susceptibles de ser ideológicamente manipulados por el poder. Lo gracioso es que la gran manipuladora de la educación en ese terreno, la Iglesia, que sabe también las tendencias de nuestra izquierda histórica, se lleva las manos a la cabeza reclamando libertad de elección. ¡Ella!

Llamar la atención sobre derechos y deberes del ciudadano, sobre conductas que mejoran la relación personal con el medio, proponer los límites aceptables que tiene la propia libertad cuando aparece la libertad ajena, respetar al hombre que nos encontramos en el barrio, en la vecindad, en la casa o en la escuela, etcétera, todos esos fines son sencillamente destrezas que el alumno puede y debe desarrollar para hacer un medio más vivible, donde desarrollarse más plenamente; pero todo eso está implícito en el resto del currículo. ¿Qué falla en él para se piense que ese tipo asignaturas sea necesario? Esa es la cuestión que nadie quiere proponerse de manera radical.

VENANCIO IGLESIAS MARTÍN
Diario de León. Lunes 3 de septiembre de 2007

¡Qué cruz, señor!

Hace ya muchos años, José María Cabodevilla, desaparecido amigo, sacerdote ejemplar y excelente escritor, publicó un libro dedicado a los señores obispos. (Nadie me podrá explicar con razones solventes por qué no hay señoras obispas, aunque algunos y algunas dirán que ni falta que hacen la explicación y las obispas). El libro se titula `Carta abierta  a un señor obispo´ y termina con estas palabras: "En medio de tus agobiantes y trascendentales tareas, encontrarás la paz del alma y podrás dormir sin sobresaltos, podrás dormir de un tirón, si tienes ese sentido de la objetividad, si eres modesto, si aceptas tu puesto en el inmenso y maravilloso retablo: elefantes, hierofantes, minutantes y otros reptantes, parroquidermos, sotanosaurios, curácnidos, diaconodrilos, vicariópteros, canongiarios, pulpitodontes, mitrápodos, lamelibáculos, y obispopótamos".

Sabio consejo que no suelen seguir los destinatarios del mismo. Porque a los señores obispos les gusta ponerse solemnes y dramatizar. Ser apocalípticos. Veamos. Resulta que ahora están empeñados en que los católicos ejerciten la objeción de conciencia ante la asignatura Educación para la ciudadanía. Una asignatura que ya tienen, como obligatoria, 14 países europeos y que es fruto de una sabia y oportuna sugerencia de la Unión. El argumento fundamental que utilizan es que el Estado no puede inmiscuirse en la educación de los alumnos, ya que los padres y madres tienen la responsabilidad única de la educación. El Estado no, pero la Iglesia sí. La contradicción en la que entran no puede ser más clamorosa. Si nadie debe decirles a los hijos cómo han de comportarse, los obispos tampoco. Pero claro, ellos son el bien y el Estado es el mal.

O mejor dicho, el gobierno socialista es el mal. Y ¿cómo puede salir el bien del mal? Tienen su gracia los señores obispos. Y no me refiero a la gracia divina, precisamente. Dicen que la ministra "amenaza" a los objetores (qué mala, qué cruel, dicen) cuando lo que hace es exigir el cumplimiento de la ley: los alumnos no obtendrán la titulación sin completar el currículum. Lógico. Sensato. Justo. Porque se trata de una asignatura imprescindible impuesta a través de una ley sancionada por los representantes del pueblo. Puede que una ley no sea justa pero hombre, no precisamente ésta que pretende ayudarnos a vivir en democracia.

Curiosamente la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza acepta (no sé si de buen grado) la asignatura, aunque tiene que añadir la coletitlla de que la impartirá conforme a su ideario. Y es que el `ideario´ es consustancial a los centros religiosos. Monseñor Antonio Cañizares ha dicho al respecto que "la LOE es un mal" y que colaborar con la LOE es colaborar con el mal. Y se queda tan ancho.

Resulta que lo que pretende la asignatura es enseñar a vivir en democracia, a convivir con los demás. ¿No están de acuerdo con este planteamiento los señores obispos? Comparar esta asignatura con la Formación del Espíritu Nacional es una solemne torpeza. Porque aquella era una asignatura nacida en y para la dictadura y ésta es una asignatura de y para la democracia. Claro que con aquella asignatura sí estaban de acuerdo los señores obispos y a nadie pidieron que ejerciera su derecho a la objeción de conciencia. ¿Estaban de acuerdo con los planteamientos de aquella asignatura, estaban de acuerdo con su implantación en el currículum? ¡Qué calladitos estaban! ¡Y con qué fervor la aplaudían!

Según esa tesis, los obispos deberían pedir que se ejerciese el derecho a la objeción en la asignatura de Filosofía. O en la de Historia. ¿Cómo van a oír hablar los niños de Marx o de Hegel? ¿Cómo van a escuchar la doctrina de Lutero? Sólo los padres y las madres tienen el derecho de elegir la educación que quieren dar a sus hijos. Qué celo el de los señores obispos. No sé si estarán tan decididos a defender el mismo derecho de los padres o madres comunistas, ateos, agnósticos o librepensadores. Claro que eso ya es harina de otro costal. Esas ovejas están fuera del redil. Están descarriadas.

Dicen que la asignatura Educación para la ciudadanía es indoctrinación. Creo que aquí se puede aplicar el conocido refrán: "cree el ladrón que todos son de su condición". Lo que ellos propugnan en las clases de religión en las escuelas no es indoctrinación, es formación, es educación. Estoy totalmente de acuerdo en que hay que distinguir entre educación e indoctrinación. Pero la diferencia no depende del contenido de la información que se transmite sino de la libertad que se deja a quien la recibe.

¡Cómo son! Claro que cuando se considera que unos son buenos y otros malos, que unos tienen la verdad y otros el error, que unos están ahí para orientar y otros para ser orientados,. que unos son los pastores y los demás son las ovejas... se puede colegir claramente quién tiene razón y quién no, quién tiene que hablar y quién debe callar, quién ha de mandar y quién ha de obedecer.

Si los obispos hubieran cursado y aprobado una asignatura como la que se propone entenderían ahora que hay que respetar el pensamiento de todos, que no todos los que piensan algo distinto a nosotros están equivocados y que hay muchas opciones respetables a la hora de definir qué es matrimonio y homosexualidad y nacionalismo y...

El deber de la escuela es enseñar a pensar y también el de enseñar a convivir. Y eso no depende de qué partido se halla en el gobierno. Claro que debe explicarse a los niños qué es la familia (no necesariamente la familia cristiana, sino la familia), claro que debe explicárseles lo que es la sexualidad (la que dice la ciencia. no el Vaticano), lo que es la homosexualidad... Resulta que cuando alguien explica estas cosas a los niños indoctrina, pero cuando la Iglesia explica que... entonces educa y salva.

Como profesor, tengo el deber de explicar mi materia y el deber de formar en unos valores que cimentan la convivencia democrática. No a inculcarles mis ideas, pero sí a proponerles unos valores que se pueden consensuar en una sociedad democrática. Si un alumno falta al respeto a otro, ¿debo callarme porque sólo los padres pueden intervenir en la educación de los hijos? ¿Si un alumno golpea a otro, debo dejarle que siga haciéndolo porque sólo los padres y las madres tienen el sacrosanto derecho de educar a  us hijos e hijas? No me hagan reír, por favor.

¿Por qué tenemos que escuchar la opinión de los obispos sobre todo lo que sucede en el país? ¿Qué nos importa a muchos lo que piensan? ¿Por qué no se limitan a predicar en sus iglesias o a enseñar en sus catequesis? ¿Por qué no se oye la opinión de las demás religiones? El que haya una mayoría de católicos no justifica el desprecio de la minorías. ¿Por qué los señores obispos no se ocupan de esas minorías cuando son mayoría y por qué utilizan el derecho de las minorías cuando ellos lo son? ¡Qué cruz, Señor!

Miguel A. Santos Guerra.
Diario La Opinión de Málaga. Sábado 30 de junio

CIUDADANÍA Y EDUCACIÓN.-

EL pasado mes de abril se aprobó en el Parlamento la Ley Orgánica de Educación (LOE), que introduce una serie de novedades en las asignaturas obligatorias para el alumnado. La primera de estas materias, llamada Educación para Ciudadanía y los Derechos Humanos, se impartirá en uno de los dos últimos cursos de Primaria y en uno de los tres primeros de ESO. La segunda, llamada Educación Ético-cívica, se impartirá en el último curso de ESO. Además, se prevé la sustitución de la actual materia de Filosofía de primero de Bachillerato por otra llamada Filosofía y Ciudadanía.

Esta es una de las novedades de la LOE. Pero es una de las que está siendo noticia gracias a la furibunda campaña emprendida por sectores de la derecha política y eclesiástica contra la implantación de la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. Esta campaña carece de rigor y de fundamentos, y sólo pretende seguir confundiendo a una opinión pública aturdida ante los derroteros por los que discurre el debate político y educativo en el ámbito estatal.

Ya cuando se llevó a cabo el debate en torno a la nueva ley educativa, esos mismos sectores consiguieron hacer creer a buena parte de la población que la LOE, lejos de ser la ley timorata y favorecedora de la privatización de la enseñanza que en realidad es, era un compendio de radicalismo que iba a impedir la libertad en la educación.

SUATEA denunció en aquel momento que esta nueva norma permitía los conciertos educativos en tramos no obligatorios, entre otras medidas inusitadas en nuestro ordenamiento educativo. La consecuencia de su entrada en vigor es que se ha concertado por completo en todo el país la Educación Infantil y en varias comunidades autónomas se están generalizando los conciertos en Bachillerato. Si la LOE no lo permitiera, este transvase de fondos públicos hacia negocios privados no se estaría produciendo. En Asturies hemos visto cómo se están concertando de decenas de unidades privadas en Educación Infantil.

Pero parece que a la derecha educativa no le basta con haber conseguido buena parte de sus objetivos, entre ellos, que se mantengan en vigor los acuerdos preconstitucionales con el un Estado extranjero, el del Vaticano, los cuales implican el mantenimiento de la asignatura de Religión, con lo que se destinan a estos fines 175 horas de clase tanto para quienes la cursan como para quienes no.

Por ello no sorprende que ahora y en esa misma línea se lancen consignas descabelladas en relación con el currículo de Educación para la Ciudadanía o con la posibilidad de que las familias ejerzan la objeción ante la misma, lo que sería, a todas luces, una ilegalidad flagrante, imposible además de llevar a cabo. Incluso hemos visto a adolescentes declarando que no iban a asistir a clase de esa materia.

Está claro que el Ministerio de Educación y las consejerías correspondientes deben actuar con firmeza ante actitudes como ésas.

Aunque buena parte del profesorado no vio clara en su momento la necesidad de incorporar esta asignatura al currículo, entre otras cosas, por la continuidad de nuestra apuesta por el modelo transversal, y porque consideramos que en todas las materias se deben trabajar valores universales basados en la libertad y la tolerancia, hay que señalar que el programa que finalmente se impartirá no contiene ningún elemento nocivo o que atente contra la libertad y creencias de nadie, ya que está basado en los principios democráticos y de convivencia, de respeto mutuo y promoción de los derechos fundamentales que hoy son reconocidos en todos los países de nuestro entorno, y que están plasmados en la Constitución española y en la Declaración Universal de Derechos Humanos

Igualmente, parece claro de que esta materia debe ser asignada al profesorado de especialidades como Filosofía y/o Ciencias Sociales, entre otras; es un insulto al sentido común plantear que los docentes responsables de estas áreas van a emprender una labor de adoctrinamiento, como si no supieran ejercer su labor o formaran parte de alguna confabulación. No cabe decir lo mismo de la catequización en las aulas que, impuesta a ultranza por la jerarquía eclesiástica, impide que ese tiempo que en realidad pertenece a la esfera privada se dedique a otras áreas básicas del currículo.

Ante todo esto, cabe recordar, una vez más, lo erróneo de la estrategia del Gobierno y de algunas organizaciones sindicales que decidieron que las reivindicaciones y necesidades de la escuela pública pasaran a un segundo término, ante la supuesta necesidad de un pacto educativo que -como SUATEA señaló desde un principio- era imposible, a no ser que fuera un pacto en defensa de la escuela pública. Ahora, habiéndose incorporado a la LOE numerosas e importantes demandas de la derecha educativa, contemplamos, una vez más, cómo esos sectores torpedean e intentan desbaratar el normal desarrollo de una ley a la que tanto han contribuido y que tanto les beneficia

http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20070617/opinionarticulos/ciudadania-educacion_20070617.html

 BEATRIZ QUIRÓS MADARIAGA
MIEMBRO DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO Y DEL SECRETARIADO DE ASTURIAS SW SUATEA
El Comercio. 17/06/07

Educación para la Ciudadanía

La asignatura Educación para la Ciudadanía pretende evitar que los actuales efectos negativos de una secular ausencia de cultura democrática en España se sigan perpetuando. La crispación como estrategia en la lucha por el poder es un tipo de violencia heredada de un siglo y medio de guerras civiles y hunde sus raíces en ocho siglos de guerras de religión contra musulmanes y judíos patrios, turcos y protestantes europeos, con todo el fanatismo, intolerancia y afán exterminador que acarrearon y que han marcado el inconsciente colectivo de un gran sector del país. Nuestro régimen anterior fue una larga dictadura represora, nacida de una guerra de exterminio de los demócratas, que educó a dos generaciones en un "espíritu nacional" sectario y dogmático, basado en los más rancios tópicos antiliberales y antidemocráticos y plagado de mentiras históricas. Tan mala educación era, a su vez, fruto de esa vieja mentalidad intolerante y de una supina ignorancia de la verdadera historia española, convertida en una perenne lucha entre el bien (las derechas) y el mal (las izquierdas).
Con esos antecedentes no extraña el bajísimo nivel de cultura política tras 30 años de democracia formal y el desconocimiento de su origen histórico. Abundan los ejemplos diarios: los índices de participación electoral; los no sabe, no contesta de las encuestas; la inopia de periodistas jóvenes en materias juridicopolíticas; los ni idea ante preguntas de historia en los concursos televisivos; el lenguaje insultante y soez de los blogs de la derecha; los pateos y broncas de ciertos parlamentarios bien conocidos. Los valores constitucionales de respeto a la libertad, al consenso y al pluralismo no son vividos por muchas personas. Según una encuesta oficial, el 40% no cree que la democracia sea el menos malo de los sistemas políticos. Es verdad que estos valores se aprenden mejor si los practican los políticos profesionales y los promueven los medios de comunicación. Pero la conducta de ambos no ha sido nada ejemplar (sobre todo por la derecha eterna) y el periodismo ha fallado por lo general en su misión educadora, movido ante todo por lo conflictivo, morboso y frívolo, que es lo que produce mayor venta entre un público superficial e ignaro.

La nueva asignatura no puede sustituir por ahora esa educación básica cuyos maestros han de ser los políticos y los periodistas, pero pone las bases de un futuro comportamiento cívico, democrático, patriótico de verdad, informado, responsable y participativo. Promueve el respeto y la ampliación de todos los derechos humanos y de toda minoría social; presenta el diálogo como única solución de los conflictos, la igualdad de géneros, la solidaridad sin fronteras, la paz en la justicia; combate la xenofobia y el racismo; describe objetivamente y ensalza la pluralidad política sin autoritarismos, así como la nacional, cultural y lingüística de los españoles; la laicidad del Estado y el valor de la religión, las reglas éticas entre partidos, el análisis científico de las ideologías y los deberes ecológicos; todo ello sin sectarismo ni dogmas doctrinales impuestos a los alumnos. Por eso es pura calumnia interesada alegar, como alega la jerarquía eclesiástica, que se trata de un totalitarismo moral contrario a la fe cristiana, al que incita a rebelarse por objeción de conciencia. Quien no dudó en bendecir el nacionalcatolicismo del catón franquista obligatorio protesta ahora por que se forme a la juventud en la tolerancia respetuosa. Si tal catón volviera, nada objetarían los partidarios de la antigua intolerancia. El propio presidente de la Conferencia Episcopal acaba de reconocer: "toda intervención directa de la Iglesia (en el campo del ordenamiento político y social) constituiría una injerencia indebida". Su ataque a la nueva asignatura es un ejemplo de predicar y no dar trigo, pues se justifica, entre otras sinrazones, por un supuesto atentado a la moral católica en el caso de la homosexualidad. Ahora bien, la condena de la homofobia es puro respeto cívico a la no discriminación. Respetar no es recomendar ni promover. Lo verdaderamente cristiano es esa ética de la pluralidad convivente en la igualdad, no la de condenar inquisitorialmente todo aquello que no coincide con ciertas opiniones, harto discutibles y sin fundamento, sobre la naturaleza humana.

La crispación política promovida por cierto partido cuenta conscientemente con el pobre nivel de cultura democrática y con la ignorancia de muchos ciudadanos. Sin esas carencias ancestrales su estrategia fracasaría, como fracasa en zonas del país (Cataluña entre ellas) con mayor educación cívica. Nuestra democracia peligra y el fantasma del caudillaje mesiánico sobre un pueblo agresivo pero servil, irracional e inculto, vuelve a rondarnos como si volviéramos atrás varios siglos o tan sólo 30 años. Mientras cobra sus frutos futuros la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía, al haber formado a los más jóvenes en los ideales por los que siempre lucharon los demócratas de esta desventurada patria, hagamos todos lo posible por educar a nuestros conciudadanos con la palabra y, sobre todo, con el ejemplo.

http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Educacion/Ciudadania/elpepuespcat/20070502elpcat_8/Tes  

J. A. González Casanova.- Catedrático de Derecho Constitucional de la UB.
El País 02/05/07

La educación para la ciudadanía

Se ha puesto de moda. Se habla en los medios profesionales. Existe una nueva materia para enseñar a los alumnos de secundaría. Se pretende que todos ellos tengan clases específicas para que aprendan a ser buenos ciudadanos, que sepan se tolerantes con los demás, que sean civilizados, que nos sean egoístas, que sean solidarios, que se integren con todos, que no forman pandillas de delincuentes o predelincuentes, que sean ordenados, que tengan disciplina, que obedezcan a sus padres, que sean respetuosos con los profesores, que acaten la autoridad, que sepan respetar las normas de tráficos, que sepan tratar a los del sexo opuesto, que los niños no maltraten a las niñas, que las niñas no maltraten a los niños, que no se maltraten mutuamente.

La educación para la ciudadanía puede lograr que los adolescentes sean más disciplinados o, al contrario, puede propugnar que tengan relaciones sexuales a cualquier edad, sin consecuencias para ellos y para sus padres, que lo hagan con quien o como quieran, pero que no se note demasiado. Quizás se pretende que la educación para la ciudadanía logre que los jóvenes sean más civilizados, de la misma forma que la Ley de violencia doméstica ha logrado descender el número de maltratadotes.

Como siempre, el problema va a estar en quien y como se va a impartir esa asignatura. Quien será el profesional encargado de la educación para la ciudadanía. La cuestión está en saber quien será el que consiga que los alumnos se porten como ciudadanos ejemplares y escuchen a sus profesores o profesoras enseñarles los conceptos fundamentales de la ciudadanía. En tiempos de mi abuela, a principios del siglo pasado, había clases de «urbanidad», de buen comportamiento. A mediados de siglo ya no existían esas materias impartidas formalmente.

Quizás la educación para la ciudadanía sea también la «urbanidad» de ahora. A lo mejor esta materia es similar a la de «Espíritu nacional» del Movimiento. Sea lo que sea, el interrogante que se plantea es si existen profesionales preparados para impartir clases de educación para la ciudadanía. Es saber si será necesario crear un cuerpo específico de docentes para esta asignatura. Será necesario saber si un profesor poco ciudadano, que también los hay, va a dar clases de ciudadanía. Habrá que saber si todos los profesionales se van a quitar de en medio para que al elaborar el plan docente no les caiga a ellos es materia.

Por último, se puede plantear la cuestión de si la educación para la ciudadanía es una asignatura, o es todo el ciclo de estudios. La educación para la ciudadanía tendrá que ser vivida a lo largo de todas las clases de todos los cursos, de todos los recreos, de todos los rincones, de todas las relaciones entre alumnos, de todos los juegos, de todas las horas de estudios. Tendrá que empezar por restaurar la autoridad moral de profesor. Tendrá que empezar por las familias para que respalden la educación impartida por los profesores y por los centros. En fin, que una sola asignatura no va a ser suficiente para solucionar la inmensidad de problemas creados por nuestras leyes educativas.

http://www.diariodeleon.es/se_opinion/noticia.jsp?CAT=108&TEXTO=5373148  

EL VENTANAL : ARTURO MANEIRO
Diario de León 15/12/06

Educación y ciudadanía

Que la educación ha de contemplar, como una de sus metas, la formación de ciudadanos es una afirmación obvia. El proceso educativo ha de contribuir no sólo a desarrollar las capacidades lingüísticas o matemáticas de los niños o de los jóvenes, sino también a que el educando adquiera el comportamiento propio de un buen ciudadano, que en eso consiste la ciudadanía. En todas las materias del currículo se transmiten, además de contenidos y procedimientos, actitudes, orientadas éstas a despertar y consolidar una sensibilidad ciudadana y una conciencia cívica.

En principio, no habría nada que objetar a la creación de una asignatura llamada Educación para la ciudadanía. En la práctica, el asunto se presenta como una cuestión más complicada de lo que pudiera parecer a simple vista. Educación para la ciudadanía es poco más que un título, una denominación formal, cuyo contenido es susceptible de enfoques diversos. ¿Quién define lo que es un buen ciudadano? ¿El Estado? ¿El partido que goce en cada momento de mayoría? ¿Qué tendría que pensar el buen ciudadano sobre el aborto, o sobre el matrimonio, o sobre el valor y el papel social de la religión? Se trata de algunos interrogantes que nos hacen sospechar que la definición de un programa para la materia no resultaría una empresa sencilla.

Hay quien sostiene que la educación es tarea del Estado. Rousseau no lo dudaba y, para escribir tranquilamente sus reflexiones pedagógicas, entregó a sus cinco hijos a los Enfants trouvés. Ya el Estado velaría por ellos. Pero no todos piensan así. Ni siquiera la Constitución española parece que lo haga, pues proclama, por ejemplo, que «los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones» (27, 3). Es decir, añadimos nosotros, que el derecho y el deber de educar a sus hijos corresponde, primaria e inalienablemente, a los padres. Y sólo subsidiariamente al Estado.

Vincular, como se ha hecho, la defensa de la Educación para la ciudadanía con un alegato a favor de una peculiar visión de la laicismo no contribuye, precisamente, a disipar sospechas. Todos queremos educar buenos ciudadanos. Pero muchos nos negaríamos a que un Estado que se erigiese en fuente última del bien y del mal adoctrinase las conciencias de nuestros jóvenes.

http://www.lavozdegalicia.es/se_opinion/noticia.jsp?CAT=130&TEXTO=5372239  

TRIBUNA:  GUILLERMO JUAN MORADO
La Voz de Galicia.- 15/12/2006

Mis niños Perdidos

La llegada del otoño abre el curso escolar. Dicen que también se abre el curso político. Supongo que hasta el curso de los ríos iniciará una nueva etapa. Mis pequeños de tres y siete años sueñan con ir al cole para aprender y jugar con sus amigos. Sus padres han decidido que la escuela es lugar para educar y no para adoctrinar, así optan por la enseñanza alternativa a la religión. Es fácil de entender: cuando los catequistas entren en sus aulas, mis hijos tendrán que marcharse a vagar por el colegio de la mano de sus tutores. Sin ocupación, sin lugar, solitos, como los primeros cristianos. Habrá que preguntarse: ¿regulan los centros la enseñanza alternativa a la religión? ¿Cómo? ¿Se informa a los padres adecuadamente de esta posibilidad? ¿Incomodan los alumnos que no optan por esta asignatura? ¿Los profesores tutores de estos niños quedan a disposición del centro para otras labores más prioritarias, sustituciones, reuniones, etcétera.

http://www.elpais.es/articulo/elpporopi/20061019elpepiopi_11/Tes/ni%F1os/perdidos 

María del Carmen Martínez Matute  - Utrera, Sevilla
EL PAÍS.-- 19-10-2006

Alternativas a la religión

El Gobierno ha regulado los contenidos mínimos que deben estudiar los alumnos de primaria de toda España, entre los que se encuentra la polémica cuestión de la religión y su alternativa para quienes no quieran cursar la materia confesional. El real decreto, en fase de borrador, señala sólo que los que no estudien religión deben recibir la debida "atención educativa", aunque el Gobierno ha explicado que esto implica que los colegios podrán decidir si quieren o no impartir alguna alternativa, lo que supone una novedad. Si un centro opta por no ofrecerla, podría colocar la asignatura al principio o al final del día y los alumnos que no cursen religión podrían ausentarse esa hora.

El Ministerio de Educación lleva meses negociando este asunto con la Conferencia Episcopal. El Gobierno baraja ofrecer esas dos opciones (actividades complementarias diversas o nada) para quienes no quieran cursar religión. Que los padres tengan libertad para no elegir ninguna de las dos parece muy razonable en un Estado aconfesional, para que los derechos de unos no supongan una obligación para otros. Del texto del real decreto se puede deducir que existe la opción de no cursar como alternativa esta "atención educativa" que se entiende como voluntaria para los padres. Pero no se afirma de forma expresa, lo que permite concluir que la propuesta peca de falta de claridad en un asunto que precisamente constituye el meollo de unas de las principales reyertas educativas de las últimas décadas.

El problema de fondo es saber en manos de quién se deja la regulación de la alternativa. La pretensión de ceder la decisión a los colegios o a las comunidades autónomas es muy discutible. Aunque la política educativa de esta legislatura se caracteriza por dejar la máxima autonomía a los centros en todas las cuestiones, precisamente en este tema no resulta lo más adecuado.

Dado que esta polémica ha aparecido a partir de los acuerdos suscritos entre la Santa Sede y el Estado español, sería aconsejable que fuese el Gobierno quien adoptara una posición clara sobre la alternativa y que fuera establecida del mismo modo para toda España. Esto evitaría tanto que la alternativa se regule de un modo distinto según el partido político que gobierne en cada autonomía, como que los alumnos que no quieran cursar religión sean tratados de modo desigual si se cambian de colegio.

http://www.elpais.es/articulo/elpporopi/20061014elpepiopi_3/Tes/Alternativas/religi%F3n

El País.- María del Carmen Martínez Matute - Utrera, Sevilla

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos

• El fracaso de la transversalidad ha sido más evidente en los institutos de educación secundaria

• Los valores cívicos y las conductas democráticas no se deben aprender solamente como una teoría

Una de las preguntas que de modo reiterado se está haciendo una gran parte del profesorado de infantil, primaria y secundaria de toda España en el último año es por qué ahora se habla tanto de educación para la ciudadanía en la reforma del sistema educativo que se va implantar con la nueva ley educativa, la LOE; los profesores de todas las etapas educativas están a la expectativa de esta nueva área de conocimientos que tanto debate político y mediático ha originado en torno suyo a lo largo de los dos últimos años. ¿Es que se trata de una materia totalmente nueva? ¿De dónde deriva su importancia educativa? ¿Por qué se ha originado un debate tan enconado sobre esta nueva área o materia de conocimientos?

Para responder adecuadamente a éstas y a otras cuestiones relacionadas con la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, es conveniente repasar un poco la historia de la educación en nuestro país en los últimos años. Es preciso resituar el sentido de la educación cívica y ética en la filosofía de la educación que se introdujo en España con la LOGSE; me refiero al concepto de educación explicitado en la LOGSE y referido a los valores y a las actitudes que, según aquella ley, debían impregnar de modo transversal todo el sistema educativo.

Aquella idea de transversalidad no era ni es una manía de los Gobiernos socialistas ni una deformación profesional de un grupo de psicopedagogos, sino que deriva de la mejor tradición educativa y moral de nuestro país: la de la Institución Libre de Enseñanza (1876). Su fundador, Francisco Giner de los Ríos, Catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Madrid, tuvo siempre una idea de la educación vinculada a la ciudadanía, a los valores morales y a la regeneración cultural, política y moral de los ciudadanos españoles. Su filosofía de la educación, basada en los ideales de una ética laica, de valores como la libertad, la igualdad y la justicia sigue siendo el elemento inspirador más importante de esta novedad educativa denominada Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.

Su idea de la tolerancia positiva, de la neutralidad del Estado ante las religiones y su aprecio por todas las tradiciones morales y religiosas siguen siendo lo que ya fue en la vida y obra de los institucionistas, el mejor antídoto contra el fanatismo, la xenofobia, la intolerancia y la violencia que amenaza a las democracias modernas.

Sin embargo, la educación para la cuidadanía no es solamente una cuestión que interese a las autoridades educativas españolas. En los sistemas educativos europeos, bajo distintas denominaciones y modelos, existe desde hace años un tipo de área y materia que aborda los mismos temas que nuestra nueva área de conocimientos. En unos países como Bélgica, Suecia, Italia y Alemania esta materia es transversal (cross curricular, en inglés); y en otros, como Francia e Inglaterra, es una materia específica en la secundaria; pero en todos esos países es un tema al que las autoridades educativas prestan mucho interés. Por ello, a lo largo de 2005, se ha celebrado en toda Europa, impulsado por el Consejo de Europa, el Año Europeo de la Ciudadanía, y durante ese año se han realizado en muchos países encuentros, seminarios y actividades en los que se ha tratado sobre la educación del ciudadano europeo.

Europa, como continente y, sobre todo, la Unión Europea, se enfrentan a una serie de problemas comunes como la cohesión social, la inmigración, el pluralismo religioso y moral, etcétera, ante los cuales necesita apoyarse en el sistema educativo para crear una conciencia cívica democrática que colabore en la prevención de posibles conflictos en el seno de sus sociedades. No se trata de un asunto menor, sino que se está poniendo en juego la identidad política, jurídica y ética de los sistemas democráticos europeos. Baste recordar el problema del rechazo en algunos países de la Constitución europea que está paralizando los avances sociales y políticos de toda La Unión.

La cohesión social, la participación en la vida democrática del centro escolar, la educación en el respeto a la diversidad sexual, cultural, moral y religiosa de todos los alumnos y alumnas son elementos que exigen una educación cívica, sea de modo transversal o sea de modo específico por medio de un currículo propio. Ésos son los retos teóricos y prácticos a los que se enfrenta la educación para la ciudadanía en España y en toda Europa; por eso, tienen razón quienes señalan que los valores cívicos y las conductas democráticas no se deben aprender solamente como una teoría, sino que son ante todo una práctica, un saber hacer, un saber vivir; pero también tienen buenas razones los que afirman que es muy conveniente que exista un profesorado especialista que reflexione específicamente sobre estos temas y que informe y forme adecuadamente a los niños y adolescentes en el plano teórico sobre los fundamentos de la democracia y del civismo.

Para actuar democráticamente es muy oportuno conocer los elementos teóricos, históricos y sociales que han contribuido a la construcción de la democracia en España y en el mundo; porque la conducta democrática no es espontánea e irreflexiva, no es una actitud innata en el individuo, sino que los valores y normas democráticas necesitan un aprendizaje en el ámbito familiar y escolar para que el ejercicio de la ciudadanía sea consciente y maduro.

El modelo de la transversalidad no ha dado todos los frutos que de él se esperaban, debido a diversas causas. El fracaso ha sido más evidente en los institutos de secundaria en los que la tradición de un profesorado especialista no ha sabido o no ha podido adaptarse fácilmente a las nuevas exigencias de la educación actual. La LOE ha optado por un modelo mixto de educación para la ciudadanía que recoja lo mejor de las experiencias de transversalidad que se han producido en los últimos años, pero que también profundice en los institutos de secundaria en la reflexión sobre los fundamentos de la educación ético-cívica y de la democracia y que potencie la participación de todos en la vida escolar. La educación ético-cívica no es solamente una cuestión teórica, sino que tiene una dimensión práctica muy importante. Si se consigue que el profesorado comprenda bien la propuesta del ministerio y se forme adecuadamente para impartir la nueva materia, el sistema educativo español y la calidad democrática de nuestra sociedad mejorarán considerablemente.

TRIBUNA: AULA LIBRE
Luis María Cifuentes Pérez
Catedrático de Filosofía y miembro de la Fundación CIVES y la Liga Española por la Educación y la Cultura Popular.
EL PAÍS - 18-09-2006

Educación ciudadana

Leo con placer y auténtica sorpresa, por su crudeza, claridad y acierto, el artículo de opinión del catedrático Francisco J. Laporta "La ironía de la educación ciudadana" en EL PAÍS del 16 de agosto. Es cierto todo lo que dice: los puros intereses materiales y de poder de la derecha y del clero en lo que se refiere a la educación; la generalizada tendencia a aparcar los niños desde muy pequeños en los colegios o institutos; la delegación descarada de la educación de nuestros hijos en la escuela y en los profesores; la inexistencia de la familia tradicional por el mero hecho de llevar la vida que llevamos; o los malos ejemplos que de forma permanente damos los adultos a los niños (sálvese quien pueda) conduciendo, opinando, haciendo deporte, relacionándonos con nuestras parejas, saliendo en televisión o siendo insolidarios en cualquiera de los ámbitos más importantes de la vida.

Nos están engañando con el estilo de vida que llevamos. Nos ofrecen todos los bienes materiales inimaginables pero no nos dicen el alto precio que hemos de pagar por tenerlos. Cada vez somos más competitivos, tenemos más habilidades sociales, somos más ambiciosos, estamos más preparados y buscamos más denodadamente el éxito social sin escatimar en medios. Pero entremedias nos perdemos la maravillosa infancia (o menos maravillosa adolescencia) de nuestros hijos; nos separamos en lo mejor de nuestra vida; admitimos sin rechistar abusos laborales o depreciación de nuestros derechos de ciudadanos porque nuestras prioridades nos lo impiden o porque no tenemos tiempo para defendernos; y escapamos de mil maneras, siempre que podemos, de una realidad llena de cosas y vacía de contenidos.

José Luís Fernández Iglesias - Madrid
EL PAÍS - Opinión - 20-08-2006

La ironía de la educación ciudadana

TRIBUNA

Francisco J. Laporta

Acabo de dar un curso a profesores de enseñanza primaria sobre esa nueva materia denominada educación para la ciudadanía. En el desbarajuste de gritos y concentraciones que han acompañado a la discusión de la nueva ley de educación, a nadie se le ha ocurrido decir a los responsables de su enseñanza en qué iba a consistir aquello. Las peleas políticas y las manifestaciones callejeras, como cualquiera pudo sospechar desde el principio, no versaban en realidad sobre cómo se educaba a los chicos, sino sobre cómo se repartía el dinero y el poder. Dejar estas concupiscencias a un lado nos permitirá por ello entrar en el fondo de la cuestión un poco más despejados.

Contra lo que se viene afirmando, la educación para la ciudadanía no es un invento circunstancial de un partido que tiene el oculto designio de indoctrinar a nuestros hijos, sino una materia que se ha impuesto en casi todos los países europeos. El proceso en Inglaterra ha sido un modelo: acuerdo entre partidos, comité de especialistas presidido por Bernard Crick y un informe soberbio que fue presentado al speaker de los Comunes en septiembre de 1998. Empieza así: "Advertimos unánimemente a la Secretaría de Estado de que la enseñanza de la ciudadanía y la democracia, construida en un sentido amplio que definiremos, es algo tan importante para las escuelas y la vida de la nación que tiene que haber una exigencia legislativa a los colegios para que aseguren que forma parte de la capacitación de todos los alumnos". Al mismo tiempo, la Unión Europea desarrolló el proyecto Educación para la ciudadanía democrática, que acabó por expresarse en el llamado Informe Euridice. En él se dice: "En los últimos años, el fomento de la cohesión social y de una mayor participación activa de los ciudadanos en la vida política y social se ha convertido en un tema clave en todos los países europeos. Se ve a la educación para la ciudadanía como un medio de hacer frente a los desafíos del siglo XXI". Sólo la ignorancia o la mala fe, por tanto, pueden sustentar las insidias que destila nuestra castiza derecha educativa. Pero lo más dañino de esa actitud es que crea una atmósfera polucionada en la que se hace difícil introducir críticas serias y preocupaciones genuinas.

El proceso que hemos seguido en España para incorporar la materia al currículo educativo ha sido justamente el contrario del inglés: desacuerdo vociferante entre partidos, arbitrismo e improvisación por parte de colegas aislados y ausencia casi absoluta de documentación. Para tratar de paliar un poco la falta de probidad de los unos y la falta de fundamento de los otros convendrá ponerse a hablar de la cuestión. Hay ya alguna gente trabajando entre nosotros. Quisiera unir mi voz a ellos para transmitir una perplejidad que me ha suscitado mi experiencia.

De acuerdo con algunos de los más autorizados especialistas, la educación para la ciudadanía sólo será útil si cumple estas dos condiciones: en primer lugar, no ha de transformarse en una asignatura más con meros contenidos informativos que los chicos tengan que aprender pasivamente para ser evaluados en ella, pues ello sólo incrementaría el currículo sin alterar necesariamente sus hábitos y actitudes. En segundo lugar, debe concentrarse adecuadamente en un cuerpo de conceptos y valores que, por así decirlo, sean el cimiento en el que se sustenta. La noción de ciudadanía es una constelación muy compleja de valores, derechos, virtudes, instituciones y procedimientos que descansan en unos pilares básicos. Estos principios son los que hay que vivir cotidianamente en el colegio para que el proceso educativo logre hacer mejores ciudadanos. Ello quiere decir que hemos de crear en los chicos hábitos y actitudes que hagan vivos, por así decirlo, esos valores que sirven de fundamento a la ciudadanía. Sólo después aparecerá como algo natural el buen ciudadano. Cómo se crean esos hábitos y cuáles sean esos valores subyacentes a la condición de ciudadano son incógnitas no menores sobre las que mucho me temo que no nos hemos parado a pensar. Hemos hecho lo de siempre: se las hemos endosado a maestros y profesores. Un lastre más que hemos soltado sobre ellos siguiendo la práctica al uso de eludir nuestras responsabilidades.

En efecto, a profesores y a centros de educación les estamos pidiendo ya con una insistencia que hace presagiar lo peor que se ocupen de nuestros hijos antes, extendiendo la etapa infantil has-ta los límites mismos de la lactancia, y que se ocupen de ellos siempre, también en los periodos vacacionales, en los que necesitamos que se mantengan abiertos los centros para depositar, aparcar o almacenar allí a los niños del barrio. Lo de que vengan a comer a casa es, por supuesto, inimaginable. Al paso que vamos, la familia esa de que tanto habla de oídas nuestro clero reaccionario va a convivir con sus hijos los festivos y veinte días de vacaciones. El resto será el mero dormir bajo el mismo techo. Durante la vigilia les atenderá el maestro, al que ahora, además, encargamos la tarea nueva de la educación ciudadana. ¿Cómo se las compondrá para ello? Pues difícilmente. Las condiciones en que desarrolla heroicamente su labor no invitan precisamente al optimismo. De ahí mi preocupación.

Al contrario que aquellos que se han figurado que los niños serán buenos ciudadanos si se saben la Constitución, las listas de derechos humanos y el procedimiento electoral, yo organicé mi curso sobre la base de eso que he llamado pilares previos. Estoy convencido de que tienen razón quienes dicen que los ciudadanos mejores son aquellos que han desarrollado el hábito de actuar de acuerdo con virtudes básicas. Consecuente con ello, convoqué a algunos colegas especialmente dotados para explicar en qué consisten, entre otras, las siguientes cosas: actuar en libertad, respetar las reglas, razonar y negociar, ser responsable, reconocer la autoridad, practicar la tolerancia y valorar el medio ambiente.

Entiendo que el buen ciudadano es aquel que sabe hacer uso de su libertad, se conduce de acuerdo con las reglas vigentes, ha excluido la solución violenta de los conflictos, es capaz de argumentar y pactar los desacuerdos, asume las consecuencias de sus acciones, valora y acepta la autoridad aunque esté siempre vigilante de sus decisiones, puede ponerse en el lugar de quien no tiene sus mismas convicciones y cuida el medio tanto como se preocupa por la relación con los demás. Esas cosas -repito- son condición necesaria para pensar siquiera en ser un buen ciudadano.

Cuál no sería mi sorpresa cuando los profesores de primaria me dijeron que muchas de esas cosas las ensayaban todos los días con los niños, pero que había una mala noticia: servía para muy poco. ¿Por qué? La respuesta puede intuirse: les enseñan a respetar las reglas la misma mañana que su padre o su madre se han saltado algunas de ellas debido a las prisas y van a llevarlos al centro hablando por el móvil mientras conducen. Tratan de inculcarles el respeto por la autoridad al mismo tiempo que los profesores son desautorizados con el más mínimo pretexto, sin ser infrecuente que los mismos padres los increpen y denigren públicamente. Les exigen perentoriamente que renuncien a la violencia mientras respiran una agresividad latente en medios de comunicación y experiencias cotidianas. Les hacen practicar la argumentación y la negociación de desacuerdos para que aparezca en los telediarios de máxima audiencia una tropa de diputados vocingleros descalificándose entre sí e impidiendo hablar a los demás mientras surge como una suerte de héroe la figura deplorable de Martínez Pujalte. Les enseñan algunas buenas maneras y reglas de mínimo decoro para que su espejo vivo sean los futbolistas, unos sujetos semianalfabetos que, dejando a un lado su probada habilidad con el balón, tienen el hábito de escupir compulsivamente y tocarse en público los genitales. Pretenden inculcarles tolerancia mientras en su casa misma se ultraja al extranjero o al inmigrante. Les transmiten la idea de respeto y dignidad de la persona mientras abundan los espacios de televisión en que la gente se degrada a sí misma y degrada a los demás. Les recuerdan la igualdad de género mientras su madre friega y su padre mira la televisión. Y les advierten de que cuiden el medio y usen las papeleras, para que a la salida venga siempre alguien a por ellos con un bocadillo cuyo envoltorio irá directamente al suelo.

Todo esto me contaban los profesores como parte de sus experiencias cotidianas. Y su desconsolada conclusión era que la nueva materia de educación ciudadana debería en efecto ser obligatoria y evaluable, pero sobre todo para las familias, los personajes públicos, los medios de comunicación, el Congreso de los Diputados y el plató de televisión. La ironía es que la escuela se puede contemplar así como un oasis educativo en un desierto de falta de educación, un posible refugio de ilustración en medio de una ventolera de incultura, una isla hipotética donde se podrían desarrollar buenas prácticas ciudadanas en un mar de apatía política, falta de respeto a la autoridad y crispación cotidiana. Y son precisamente los maestros y profesores los encargados de defender todos los días ese pequeño bastión de ilustración y civismo en el que depositamos cada vez más responsabilidades. A ver si un día de estos a alguno se le ocurre convocar una manifestación en favor de ellos. Verán en ella pocos sindicalistas, menos políticos y ningún obispo, pero será una verdadera manifestación por la mejora de la educación. Esa que encargamos a los demás y estropeamos después nosotros.

Francisco J. Laporta
Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.

La polémica de la transmisión de valores

La "causa profunda" del malestar mostrado por la Conferencia Episcopal y por las patronales católicas ante la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos radica en que, "por primera vez en la historia de España, el Estado asume la transmisión de valores, una tarea que hasta ahora correspondía casi en exclusiva a la Iglesia Católica", asegura Victorino Mayoral, presidente de la Fundación CIVES. Ésta es una de las entidades consultadas por el Ministerio de Educación y que la pasada semana organizó en Madrid el primer Congreso Europeo para la Ciudadanía.

Para Mayoral, el origen del conflicto que probablemente se avecina estriba en que "ellos ven que se les ha acabado el monopolio" de la transmisión de valores desde un punto de vista "confesional católico". Por eso, Mayoral entiende que la nueva asignatura es una auténtica revolución educativa, "la mejor aportación de la LOE", que determinará los principios comunes de convivencia y dará como resultado "mejores ciudadanos en el futuro. Mejores españoles".

Lo contrario opina el cardenal primado de Toledo, Antonio Cañizares, quien recientemente advertía de que "el problema está en la concepción educativa que hay detrás de la LOE". El prelado insta a los padres a que "no permitan que sus hijos sean educados por otros".

Isabel Bazo, presidenta de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), cree en esta línea que la moral "es algo que no se debe evaluar en el colegio". "¿Cómo se examina en septiembre un niño suspendido en junio por no compartir los valores morales del profesor de Educación para la Ciudadanía?", se pregunta. Mayoral sale al paso de esta reflexión recordando que "resulta cínico que cuestionen precisamente esto quienes se han pasado la vida evaluando la moral del catecismo".

Ante semejante disparidad de criterio, Alejandro Tiana, secretario general de Educación, sabe que una de las claves está en "formar muy bien a los profesores y detallar los contenidos" para que, en la práctica, no se traicione "el espíritu" de la asignatura, que es la convivencia pacífica en el respeto a los demás.

Eugenio Nasarre, ponente del PP en la Comisión de Educación, vaticinó una confrontación a cara de perro durante el debate parlamentario. "El Estado no puede extralimitarse ni imponer su modelo de moral social. Habrá un gran malestar y una nueva división en la escuela", aseguró este responsable.

J. P. - Madrid
EL PAÍS - Sociedad - 14-07-2006