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Cada vez que se produce un acontecimiento criticable
o rechazable, sobre todo si se reitera en el tiempo
y se producen daños graves a la convivencia e
incluso daños personales, incluidas muertes, surgen
voces que reclaman en la educación, en todos los
niveles, la presencia de acciones y de enseñanzas
que propicien el conocimiento de valores y de
principios que puedan servir de antídoto a esas
situaciones. Cada semana, después de la estadística
de accidentes en carretera, encontramos opiniones
que reclaman para acabar con esa plaga una adecuada
educación para la circulación. Lo mismo ocurre
cuando un acontecimiento luctuoso se produce en una
escuela o en un instituto, consecuencia del acoso o
de la violencia que unos sufren y que otros
infligen, cuando la llamada violencia de género se
cobra una nueva víctima, o cuando un grupo de
emigrantes es apaleado por unos salvajes ignorantes,
que creen que la violencia soluciona problemas. Con
estos hechos o con otros parecidos se propugna una
respuesta, por supuesto policial y judicial, pero
sobre todo educativa. En este campo se reclama una
asignatura que forme en la importancia de la
seguridad vial, que esté atenta sobre la violencia
en general y sobre la violencia de género en
particular, y que señale los antídotos, como el
respeto, la igualdad y la tolerancia. En el proyecto
de ley sobre la violencia de género, texto ambicioso
y generoso, aparece esa asignatura de la educación
cívica, aunque muy especialmente dedicada a combatir
ese tipo de violencia.
Todas estas reclamaciones son el signo de un
problema serio, pero no suponen un diagnóstico
adecuado, puesto que se limitan a aspectos concretos
sin abordarlo en su plenitud, con todos sus perfiles
y con todos sus matices. Los brotes de especial
virulencia que producen esos fenómenos preocupantes
de falta de civismo, de violencia y de muerte, son
sólo la punta de un iceberg que abarca a todas las
dimensiones que afectan a lo que llamarían una
pedagogía de la libertad. El derecho es un medio de
socialización o de seudoculturización fuerte, basado
en el consenso y en la coercibilidad, a través de
las sanciones y penas que puede imponer, pero su
utilización exclusiva, sin otras medidas más en
profundidad, es incapaz cuando falla el consenso y
sólo queda el uso de la fuerza. El consenso sólo
puede ser fruto del convencimiento, de la adhesión
razonable a los valores principales del sistema,
desde la idea de dignidad humana hasta las de
libertad, igualdad y solidaridad y sus concreciones,
como la tolerancia, el rechazo de la violencia y la
defensa de la solución pacífica de los conflictos.
En la formación recta de las conciencias, que es
condición de la comprensión sobre el valor de la
obediencia al derecho en las sociedades bien
ordenadas, la educación es un instrumento
indispensable. Sólo la convicción razonable y
libremente entendida y aceptada que procede de una
formación pensada, estable y sistemática.
Necesitamos una asignatura sobre la educación en
valores que no puede ser improvisada, ni coyuntural,
ni oportunista, sino sistemática, completa y
adecuada a la edad de los alumnos y que exige una
estabilidad y una permanencia para que pueda
producir frutos.
Con su implantación se deben despejar algunos
prejuicios. Los más mayores tendremos que descartar
cualquier comparación con el adoctrinamiento que
suponía la llamada formación del espíritu nacional,
un patético intento de intoxicación con los
"ideales" del franquismo, del falangismo y del
nacional-sindicalismo. También se debe rechazar
cualquier paralelismo o cualquier comparación con la
enseñanza de la religión. No es una asignatura para
los que no hagan religión, sino general y para todos
los estudiantes, como una pedagogía de la
convivencia y de la libertad. El peligro del
agustinismo político es que se mantenga la idea de
que los creyentes no necesitan del derecho, que
debería ser sólo para los pecadores, y la tentación
de hacerlo como alternativa a la religión.
Superadas esas dificultades, el Estado debe tomarse
en serio la asignatura y debe darle un status de
materia principal, evaluable y explicada por
profesores solventes y competentes, como un cuerpo
estable y en plena dedicación reclutado entre
licenciados universitarios, especialmente juristas,
pero también politólogos, historiadores, filósofos o
sociólogos, que dominen unos programas exigentes,
externos y profundos, a partir de los cuales se
programen las enseñanzas de ética pública y de
derecho, necesarias para una sociedad democrática.
Sin descartar que pueda existir en la enseñanza
secundaria una enseñanza inicial adecuada a la edad
y que sirva como introducción a la que de manera
principal se debe impartir en el segundo curso de
bachillerato.
Sólo si existe voluntad de implantar esos
"rudimentos de ética y derecho", como se llamaba la
asignatura a principios del siglo XX, esta operación
producirá resultados y servirá para orientar
adecuadamente a los alumnos sobre las reglas de la
convivencia y sobre el funcionamiento de una
sociedad democrática y de su derecho. Si el Gobierno
se decide a realizar esa reforma, se habrá producido
un cambio revolucionario en la enseñanza
preuniversitaria y se producirán, sin duda,
resultados positivos para la convivencia, con un
modelo de ciudadanía que respetaría al otro como tal
otro e igual en dignidad y en derechos.
Ahora sólo reciben esa formación en la Universidad
los estudiantes de Derecho, de Ciencias Políticas y
en algún caso de Humanidades; con la reforma sería
una enseñanza generalizada y universal, e impartida
por profesores especialmente preparados. Sería hacer
el trabajo a medias si se implantase la asignatura y
se atribuyese su docencia a profesores ya
existentes, como los de Filosofía e Historia. Éstos
deberían tener acceso al nuevo profesorado, como los
juristas y los politólogos, pero a todos se les debe
exigir una formación especializada y propia para
impartir la asignatura, que se podría llamar "Ética
pública y Derecho". No se trata de hacer desde estas
líneas el programa de dichas enseñanzas: para eso
existen en la Universidad española centros
especializados y deseosos de colaborar en la mejor
preparación de esa asignatura.
Se puede, sin embargo, adelantar que una primera
parte debe cubrir los principales aspectos de la
ética pública desde su raíz moral última, que es la
ideade dignidad humana. Su desarrollo son los
valores superiores de libertad, de igualdad, de
solidaridad o de seguridad. El paso de la ética
pública al derecho, con la mediación del poder
político, llevará al estudio de las relaciones entre
ética, poder y derecho en el mundo moderno. Los
principios jurídicos, los derechos fundamentales y
los procedimientos, las reglas de juego que marcan
los comportamientos posibles, completan el programa,
que puede cerrarse con un análisis de los conceptos
jurídicos fundamentales.
Esta propuesta de programa u otra que permita la
visibilidad del complejo instrumento que es el
derecho en las sociedades democráticas, tan asociado
con la ética y con el poder, pueden ser el punto de
partida de un cambio revolucionario en la enseñanza
en España.
De esas enseñanzas los estudiantes de bachillerato
comprenderán lo importante que es el respeto, además
de a los demás, al medio ambiente, a la fauna y a la
flora. Comprenderán que todas las ideas son libres y
que nadie debe interferirlas ni violentarlas. La
Constitución permite que incluso las ideas que vayan
contra los ideales más profundos de nuestra
convivencia puedan ser defendidas si no producen un
claro y presente peligro de propugnar la violencia
para su consecución. Sabrán los estudiantes que
deben desterrar cualquier tentación de violencia,
que se debe obedecer a las leyes y respetar a las
autoridades legítimamente derivadas del sufragio
universal, sin perjuicio del derecho de todos a
criticar o protestar y a recurrir ante los
tribunales los actos políticos y administrativos que
lo merezcan. Deben saber, sobre todo, que la
libertad, como decía Montesquieu, consiste en hacer
lo que las leyes permiten, porque si se pudiera
hacer lo que prohíben todos tendrían ese poder y ya
no habría libertad.
Defender el derecho en la sociedad democrática como
el mejor cauce, junto con la educación, para una
convivencia ordenada, no debe suponer crear
ciudadanos sumisos. Se debe impulsar la libertad
crítica, la independencia y la autonomía de todos
para rechazar a gobernantes corruptos, autoritarios
o falaces, y para desterrar la manipulación y la
mentira de la vida pública. Es una asignatura, en
fin, capaz de formar a ciudadanos libres e iguales
en derechos. Sólo con ser capaz de poner en marcha
esta iniciativa el Gobierno habría justificado la
legislatura. Tanto mejor si, además, hace más cosas
y cubre otros objetivos. |
